El juez Pedraz prorroga hasta diciembre la instrucción del 'caso hidrocarburos'
Se analiza un presunto fraude de 231 millones de euros perpetrado entre 2021 y 2024
Entrada a la Audiencia Nacional en la calle García Gutiérrez, en Madrid. | Eduardo Parra - Europa Press
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido prorrogar la instrucción del conocido como caso hidrocarburos al menos hasta el 21 de diciembre de este año, tras constatar que aún queda «numerosa» documentación por analizar sobre el supuesto fraude masivo de IVA en el sector de los carburantes. Entre los investigados figura el empresario Víctor de Aldama.
En una providencia recogida por Europa Press, Pedraz señala que la unidad policial encargada del caso todavía no ha concluido el análisis del material incautado en los registros efectuados en octubre y diciembre de 2023. Además, el magistrado apunta que siguen pendientes respuestas a órdenes europeas de investigación cursadas a Portugal, y que la Agencia Tributaria trabaja ya en cuantificar con precisión el perjuicio a las arcas públicas.
La causa, que se inició en abril de 2021, gira en torno a una presunta red organizada que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, habría defraudado al menos 231,7 millones de euros mediante un entramado de empresas interpuestas para ocultar a los verdaderos responsables.
El esquema del fraude
Según los atestados, la operativa se basaba en controlar una empresa operadora mayorista de hidrocarburos. Esta adquiría combustible en depósitos fiscales, abonando los impuestos especiales, pero eludiendo el pago del IVA, que solo debía liquidar tras vender el producto a gasolineras. Sin embargo, el fraude consistía en no ingresar ese IVA repercutido, pese a haberlo cobrado.
Las organizaciones, indica la UCO, han perfeccionado su modus operandi en los últimos años ante la presión judicial y policial. Para evitar inhabilitaciones y proteger sus licencias, habrían comenzado a utilizar nuevas mercantiles interpuestas, con el objetivo de ocultar a los verdaderos dirigentes del entramado y garantizar la continuidad de las operadoras.
El caso se centra en la empresa Villafuel como presunto núcleo de la operativa, y su investigación continúa abierta a la espera de peritajes fiscales, nuevos informes policiales y cooperación internacional. La magnitud del fraude y su impacto en la recaudación han llevado a la Audiencia Nacional a mantener el procedimiento bajo estricta vigilancia.