Jueces y fiscales acusan al Gobierno de tergiversar sus críticas a la reforma de Bolaños
El Ejecutivo tildó de «bulo» las valoraciones de cinco asociaciones profesionales sobre los cambios legislativos previstos
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, conversa con la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, el pasado viernes. | Alberto Ortega (Europa Press)
Jueces y fiscales se plantan. La mayoría de las asociaciones profesionales han defendido este miércoles su «legítimo» derecho a valorar las reformas judiciales que pretende implantar, después de que el Gobierno calificara de «bulos» sus críticas. Cinco organizaciones (todas excepto las progresistas) acusan al Ejecutivo de tergiversar sus críticas. Llevan semanas solicitado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que reconsidere los cambios legislativos en el acceso a la carrera y la modificación del estatuto fiscal. Además de elevar la cuestión a las autoridades europeas, han convocado un paro de diez minutos el próximo 11 de junio para testar el apoyo que tendría una hipotética huelga contra «las injerencias políticas».
«Es perfectamente legítimo que el Gobierno acometa las reformas legislativas que tenga a bien. Igual de legítimo es que las asociaciones que representan a jueces y fiscales valoren dichas reformas en la medida que afecten a nuestras condiciones profesionales y a la independencia y autonomía del ejercicio de nuestra función», subrayan en una nota de prensa las asociaciones firmantes. Para estas, expresar su opinión alertando «de los riesgos implícitos» en la reforma «no supone difundir información falsa, como se afirma».
El Gobierno tildó de bulos las críticas de jueces y fiscales a la reforma del acceso a la carrera el pasado lunes. Fuentes del departamento que lidera Bolaños aseguró que las reticencias de las asociaciones son normales porque estas defienden un interés corporativo, mientras que el Ejecutivo persigue uno general. «Nunca hemos señalado a persona concreta, a diferencia del señalamiento diario al que venimos asistiendo por parte de los políticos, también miembros del Ejecutivo, en función de sus intereses en cada caso», insisten.
«Jueces afines al Gobierno»
«Consideramos que recurrir a la etiqueta de los bulos es una forma burda de deslegitimar la discrepancia en democracia», insisten las asociaciones. Han solicitado al Gobierno a través de un comunicado que «se nos mantenga al margen de calificaciones o etiquetas como bulo, fango o similares, y se nos permita seguir realizando nuestra función recibiendo el trato respetuoso que dispensamos».
A continuación rebaten en diez puntos varias de las cuestiones que han motivado el choque. El texto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE sostiene que la nueva norma pretende incluir en el sistema a «jueces afines al Gobierno». Desde el Ejecutivo se explica que esta medida viene dictada por las obligaciones europeas de acabar con la precariedad de los jueces sustitutos. «Lo que se exige es acabar con el abuso de temporalidad, algo que está muy lejos de la situación actual», reconocen las organizaciones profesionales.
«El necesario reconocimiento de los derechos profesionales de jueces y fiscales sustitutos no exige su integración en las carreras judicial y fiscal, y menos por una puerta creada al efecto y sin garantías. Retamos al Gobierno a que publique esos requerimientos de Europa para que convierta en jueces y fiscales de carrera a los sustitutos», insisten las asociaciones firmantes. En su lugar, el Ejecutivo pretende sumarles al sistema «reduciendo notablemente» la exigencia de conocimientos, lo que en su opinión «vulnera los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad».
El Consejo de Ministros aprobó a mediados de mayo el proyecto de ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal. El Gobierno iniciaba así la tramitación parlamentaria de la mayor reforma del sistema en 40 años. El texto transforma los mecanismos de acceso, formación y desarrollo profesional. Bolaños defendió que ese cambio de modelo persigue la igualdad de oportunidades. Para las asociaciones, en cambio, afecta «gravemente» a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
Paro el 11 de junio
A pesar de aplaudir la consolidación del sistema de becas dirigidas a aspirantes sin recursos, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) emitieron un duro comunicado donde criticaban el proyecto. En su opinión, facilita la inclusión de cientos de jueces y fiscales sustitutos «por la puerta de atrás».
A pesar de que por el momento se ha descartado ir a la huelga, como pedían numerosos profesionales (incluso se ha creado un movimiento espontáneo con ese fin), se ha convocado un paro de diez minutos el próximo 11 de junio a mediodía a las puertas de todas las sedes judiciales de España. Servirá para «visibilizar el descontento por tales proyectos y el apoyo a los objetivos referidos».