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Tribunales

La Justicia de Extremadura abre la puerta a suspender el aforamiento de Gallardo

Biedma pide a las partes que se pronuncien sobre el recurso que presentó Liberum ante el TSJEx

La Justicia de Extremadura abre la puerta a suspender el aforamiento de Gallardo

El líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, durante su toma de posesión como diputado regional. | Andrés Rodríguez (Europa Press)

El aforamiento de Miguel Ángel Gallardo está en el aire. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha rechazado la suspensión cautelarísima que solicitó Liberum, que tilda la jugada como un fraude de ley. En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los magistrados consideran que no se dan «los requisitos necesarios para acordar» la medida por la vía de urgencia, pero abren la puerta a hacerlo de forma cautelar. Para ello tendrán que escuchar a las partes. La asociación ha pedido que declaren en calidad de testigos la diputada regional que dejó su puesto al líder de los socialistas extremeños y los cuatro miembros de la candidatura que rechazaron tomar el acta.

Gallardo lo consiguió de manera exprés y solo un día antes de que la juez Beatriz Biedma abriera juicio oral contra él y otras diez personas por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz considera que las diligencias de investigación han evidenciado la existencia de «claros indicios de criminalidad» en la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, ente que el líder de los socialistas extremeños presidía hasta el pasado viernes.

La maniobra de Gallardo fue criticada por la oposición, aunque el beneficiario lo atribuyó a un cambio de estrategia para hacer frente en la Cámara a la presidenta autonómica, María Guardiola. La estrategia abre una batalla judicial. El conflicto es estrictamente competencial, ya que ahora debe dirimirse si el líder de los socialistas extremeños debe ser juzgado en el TSJEx o en la Audiencia Provincial de Badajoz junto al resto de procesados.

Denuncias contra Gallardo

Varias acusaciones populares han iniciado una batalla judicial para impedir que el caso de Gallardo se eleve al TSJEx. Consideran que los jueces pueden ser más benévolos en el órgano regional. Vox y Manos Limpias han recurrido el aforamiento ante la Junta Electoral, mientras que Liberum llevó el caso al TSJEx, donde solicitó la suspensión inmediata de la prebenda. Los magistrados han desechado la medida porque «la urgencia alegada (…) no genera daños de imposible o difícil reparación».

«Nos encontramos ante una solicitud de medidas cautelarísimas que pueden adoptarse inaudita parte (…) pero no debe olvidarse que en el presente caso concurre la circunstancia de que se está recurriendo el otorgamiento de la credencial del diputado de la Asamblea de Extremadura a favor de Miguel Ángel Gallardo», esgrimen los magistrados para no acceder a la suspensión inmediata. Liberum planteó sin éxito que el TSJEx impidiera que el líder de los socialistas extremeños tomara posesión del acta el pasado jueves.

Los penalistas consultados explican que lograr una medida cautelarísima es «muy complicado», pero no descartan que se acepte la cautelar. En ese caso, Gallardo sería suspendido de sus prebendas como aforado hasta que los magistrados del TSJEx entren en el fondo de la cuestión. No obstante, seguiría como diputado porque «el acta es personal e intransferible». El líder socialista tendría que defenderse entonces ante la Audiencia de Badajoz por la contratación del hermano del presidente del Gobierno como coordinador de conservatorios.

Liberum ha reclamado al TSJEx que cite como testigos a los compañeros de partido que dejaron el camino expedito a Gallardo. Para lograr entrar en la Asamblea de Extremadura fue necesario que cuatro candidatos rechazaran tomar el acta y que dimitiera una diputada, María de la Cruz Rodríguez Vegazo. La asociación considera que esta mujer «debe mucho» al líder de los socialistas extremeños. De hecho, para paliar el perjuicio se avanzó su nombramiento como delegada del Gobierno, un movimiento que frenó Ferraz.

Cinco renuncias

Rodríguez Vegazo fue jefa de Gabinete de Gallardo durante su primera etapa como presidente de la Diputación de Badajoz. Además, como avanzó este diario, cuando era alcalde de Villanueva de la Serena se convirtió en funcionaria municipal. El presidente del tribunal, Manuel Candalija, es otro de los imputados por el puesto que obtuvo David Sánchez en el ente supramunicipal. Liberum también ha reclamado al TSJEx que pida a la Junta Electoral el expediente completo del aforamiento del líder socialista.

La asociación remitió el miércoles la respuesta del TSJEx a Biedma, que en una providencia pide a las partes personadas y a la Fiscalía que se pronuncien sobre los recursos presentados. Entre ellos el de Liberum, que considera que su acción es la única que puede dejar sin aforamiento a Gallardo. El líder de los socialistas extremeños anunció su intención de convertirse en parlamentario días antes de que la juez le procesara, aunque en enero señaló en que no lo haría. El movimiento le permite alargar los tiempos para responder ante la Justicia.

El ya diputado regional iba en el número 23 de la lista provincial en las autonómicas celebradas en mayo de 2023, un año antes de que se iniciara la causa. El PSOE solo obtuvo 16 escaños en los comicios. Dos parlamentarios electos dimitieron, por lo que para que Gallardo tomara el acta hacía falta que una diputada dimitiera y que otras cuatro personas rechazaran recogerlo. «Todo un concierto de cinco personas a la vez, algo poco lógico que perjudica nuestro derecho a la tutela judicial efectiva», lamentan desde Liberum.

Unos días antes de tomar el acta, el líder del PSOE de Extremadura propuso al PP cambiar el Estatuto de autonomía para eliminar los aforamientos de los 65 diputados y de los miembros del Consejo de Gobierno. Una reforma legislativa para la que se necesitan dos tercios de la Cámara. Guardiola le pidió que renuncie a su aforamiento para poder hablar de cualquier «modificación normativa». A pesar de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), dependiente del Consejo de Europa, solo seis autonomías han eliminado esta prebenda o están en vías de hacerlo.

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