El Supremo amenaza con multar al Gobierno si no se hace cargo de los menores de Canarias
El tribunal otorga 30 días al Ejecutivo para dotar de personal y material a las oficinas que tramitan las solicitudes de asilo
Llegada de inmigrantes a la isla de El Hierro, en Canarias, el pasado enero. | Mercedes Menéndez (Zuma Press)
Ultimátum del Tribunal Supremo al Gobierno. El Alto tribunal ha amenazado con imponerle multas económicas si no se hace cargo ya de los mil menores inmigrantes no acompañados radicados en Canarias. Los magistrados sostienen que el Ejecutivo, desde que pidió medidas cautelares en marzo, no ha realizado ninguna gestión para agilizar la situación de estos jóvenes, interesados en solicitar asilo. En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE exigen que se tomen decisiones en un plazo de 30 días. Entre ellas, dotar de más personal y material a las oficinas encargadas de tramitar las solicitudes de asilo.
El Gobierno ha incumplido ya dos requerimientos que le obligaban a hacerse cargo de los menores inmigrantes. Canarias denunció en marzo en el Supremo que la Administración central no se estaba haciendo cargo de los jóvenes que esperan en las islas a que se tramitaran sus peticiones de asilo. El Alto tribunal impuso medidas cautelares al Gobierno para que se hiciera cargo de ellos, aunque sin éxito. En una vista celebrada el pasado 29 de marzo, un representante del Ejecutivo defendió que se habían puesto medidas en marcha, pero reconoció que desde entonces no se había tramitado ni una petición de asilo de estos menores.
El Gobierno incumple
El Supremo constata ahora que se ha realizado un «claro incumplimiento» de la medida cautelar acordada el pasado 25 de marzo. Desde entonces no se ha evaluado a ningún menor ni elaborado una relación completa y precisa de los mismos. Esto supone que los jóvenes desconozcan los derechos que la legislación internacional reconoce a los solicitantes de asilo, muy especialmente a los que se encuentran en situación de «vulnerabilidad y necesidad».
«La Administración estatal ni se ha implicado eficazmente en garantizar el acceso de estos menores a las condiciones de acogida que resultan de su competencia, ni ha adoptado medidas eficaces para corregir la masificación en la tramitación de solicitudes», reprocha el Supremo al Gobierno. Los magistrados le instan a que en un plazo «improrrogable» de 30 días dote de medios personales y materiales a las oficinas encargadas de tramitar las solicitudes asilo «sin que pueda transcurrir más de seis días entre la manifestación de la voluntad de solicitar la protección internacional y la formalización de la solicitud».
Los magistrados resuelven que, en un plazo de 15 días, «se articule en la forma que resulte más eficaz» la colaboración con Canarias mediante la puesta a disposición de los medios y recursos materiales, personales y económicos necesarios para garantizar el acceso de estos menores al sistema material de acogida que deriva de su estatuto de solicitantes de protección internacional, con precisión del calendario de reuniones.
El auto conmina al Gobierno a identificar a los responsables del cumplimiento de las medidas acordadas en cada uno de los ministerios afectados, presumiendo que la responsabilidad última corresponde a sus titulares. Los magistrados también solicitan al Ejecutivo que, cada 15 días, detalle al Supremo los trámites que lleva a cabo «hasta su completo cumplimiento con advertencia de que se adoptarán las medidas coercitivas previstas en la ley en caso de no ser atendido este requerimiento». Las multas oscilan entre los 50.000 y los 500.000 euros, pero también pueden dar lugar a responsabilidades penales.
Reproches al Ejecutivo
Para evitar dudas, el auto relaciona el conjunto de derechos que deben ser garantizado a los menores y que son competencia exclusiva del Estado. Tales derechos, que no son solo los de contenido material o asistencial atendidos en este momento por Canarias, continúan sin ser efectivamente reconocidos a estos menores por parte de la Administración del Estado o no lo están siendo en su extensión debida, a pesar de tratarse de personas en evidente situación de vulnerabilidad y necesidad.
El auto, con la magistrada Ángeles Huet como ponente, es duro con la Administración central y sus alegaciones de la vista celebrada hace unos días. El Gobierno, reprochan los jueces, solo ha contactado con Canarias para buscar colaboración «en los días inmediatamente anteriores» a dicha vista. Afean que el Ejecutivo incluso solicitara una documentación sobre los menores que «ya debería obrar en su poder».