La juez de Badajoz denuncia «fraude de ley» en el aforamiento exprés de Gallardo
Destaca que el aforamiento «no es un privilegio, sino una garantía» y que es «inadmisible en democracia»
El diputado de la Asamblea de Extremadura y secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. | Andrés Rodríguez / Europa Press / ContactoPhoto
La juez Beatriz Biedma que ha procesado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remitido un escrito este lunes a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) calificando el aforamiento del también imputado Miguel Ángel Gallardo de «fraude de ley». Señala que «no es admisible en un Estado democrático» y solicita que el resto de imputados no acompañen a Gallardo al Tribunal Superior, quedándose la causa en su juzgado. Recuerda la juez que para aforar a Gallardo tuvieron que dimitir en bloque otros cinco socialistas, que lo hicieron el mismo día y ante el mismo notario como ha avanzado THE OBJECTIVE.
Biedma desarrolla en un documento de 102 páginas que el aforamiento de Gallardo es una «maniobra» que, como «considera esta instructora», sería «contraria a lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que los jueces y juezas, así como los Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal”.
Apunta la juez que «Como ya se ha destacado anteriormente, las prerrogativas inherentes al cargo público, como el aforamiento, fueron concebidas para proteger las funciones de ese cargo público, no a la persona que lo ostenta, no siendo admisible que en un Estado Democrático se utilicen las instituciones públicas y los privilegios que de ellas derivan para fines propiamente personales».
Cita, además, jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta figura del aforamiento, «que jamás ha de ser entendido como privilegio, si no como garantía de determinadas funciones –de aquellas especialmente relevantes- y de la propia sociedad y que sirve al bien común, conforme a los principios y mandatos constitucionales».
Biedma, a través del escrito, eleva el caso del aforamiento de Gallardo al Tribunal Superior de Justicia extremeño para que decida si asume la competencia en el proceso. La juez expone a la instancia superior todos los hallazgos de la instrucción que apuntan a presuntos delitos del expresidente de la Diputación y hoy líder de los socialistas en la Asamblea de Extremadura.
Mismo notario y día
Las acusaciones populares del caso David Sánchez sostienen que Miguel Ángel Gallardo orquestó una estrategia para obtener el aforamiento y eludir así la justicia, en lo que consideran un claro fraude de ley. Para lograr su escaño, el líder del PSOE en Extremadura necesitó la dimisión de una parlamentaria y el rechazo de los cuatro siguientes candidatos en la lista electoral. Todo ello ocurrió el mismo día y ante el mismo notario, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario. Fuentes parlamentarias califican la operación de insólita. Vox, Manos Limpias y Liberum ya han denunciado la maniobra, que, a su juicio, pretende dilatar o alterar el curso del juicio por la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz.
La maniobra se puso en marcha con la dimisión de la diputada regional María de la Cruz Rodríguez Vegazo. La socialista presentó su renuncia en la Asamblea de Extremadura el 20 de mayo, el mismo día en que la Cámara regional recibió las renuncias para tomar el acta de las cuatro personas que antecedían en la lista al líder socialista: Pedro Blas Vadillo, Virginia Borrallo, Juan Francisco Ceballos y María Dolores Fernández Luengo.
Los cuatro socialistas llamados a ser los sustitutos de Rodríguez Vegazo acudieron el 19 de mayo ante el mismo notario de Mérida, Gonzalo Fernández Pugnaire, para certificar su renuncia «libre y voluntaria» a ser proclamados diputados autonómicos. Las escrituras con firma del notario, a las que ha tenido acceso este diario, son absolutamente idénticas y exponen que «por motivos estrictamente personales y profesionales» los candidatos rechazan tomar el acta. Resulta destacable que dieron fe de su intención un día antes de que la parlamentaria lo comunicara oficialmente a la Asamblea.