El juez presume que García Ortiz actuó por «indicaciones de Presidencia de Gobierno»
Hurtado le reprocha el borrado de sus dispositivos durante la investigación por la filtración del novio de Ayuso

García Ortiz este lunes en la entrega de los XIX premios del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. | Carlos Luján (Europa Press)
El juez del Tribunal Supremo apunta a Presidencia del Gobierno como origen de la filtración de los datos confidenciales del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El magistrado Ángel Hurtado sostiene en el auto de procesamiento de Álvaro García Ortiz que actuó siguiendo «indicaciones» de Moncloa con el objetivo de «ganar el relato». También le reprocha el borrado masivo de sus dispositivos electrónicos durante la investigación. El Gobierno, que ha mostrado su apoyo al fiscal general, sostiene que una denuncia falsa no puede cuestionar al jefe del Ministerio Público y niega que Presidencia del Gobierno ordenara la filtración.
Hurtado presume en su auto que García Ortiz habría dado luz verde a la filtración a raíz de «indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno» después de que El Mundo publicara a las 21.29 horas del 13 de marzo del año pasado una información titulada «La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales». Cinco minutos más tarde, insiste el juez, la otra procesada, la fiscal jefe de Madrid, María Pilar Rodríguez, recibe una llamada de García Ortiz que no contesta, pero que le devuelve más tarde.
«Tras esa llamada, Rodríguez realiza un par de ellas al fiscal Julián Salto (…) que solo se entiende que sea consecuencia de la conversación que previamente habían mantenido aquellos, por cuanto que tenía por finalidad solicitar que le remitiera de forma inmediata los correos intercambiados entre él y el abogado de Alberto González Amador (novio de Ayuso) para hacérselos llegar a García Ortiz», insiste la resolución.
García Ortiz, procesado
El magistrado advierte que la finalidad de la Fiscalía sería «ganar el relato» sobre de quién habría surgido la iniciativa para llegar a un pacto de conformidad. Eso explica el «frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo» al novio de Ayuso, que se declaró autor confeso de dos delitos fiscales.
En línea con esa tesis, el juez citó el pasado marzo como testigo a Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete del director de Presidencia del Gobierno, Óscar López. La actual número dos del PSOE madrileño afirmó que no conocía a García Ortiz ni a ningún otro fiscal, descartando así que recibiera el email desde el Ministerio Público, aunque dijo no recordar cómo le llegó. La dirigente socialista explicó que la información le llegó por la prensa y solo lo reenvió al ex líder de los socialistas madrileños Juan Lobato una vez publicado.
El juez también ya interrogó a Lobato como testigo el 29 de noviembre. El antiguo líder socialista del PSOE en Madrid entregó voluntariamente tanto su teléfono móvil como el acta notarial que levantó con el contenido de su charla con Sánchez Acera, entonces asesora en Moncloa. Las conversaciones de Whatsapp le llevaron a concluir en una resolución en enero que el correo electrónico filtrado tuvo «salida» de la Fiscalía y «destino» en «Presidencia del Gobierno», desde donde dice que se hicieron «gestiones» para que acabara publicado.
Sánchez Acera envió a las 8.29 horas del 14 de marzo del año pasado un pantallazo a Lobato con el email de la defensa de González Amador para que lo usara contra Ayuso en la sesión de control de la Asamblea de Madrid de ese día. El antiguo líder de los socialistas madrileños preguntó de dónde había salido esa carta: «La necesito diciendo de dónde la saco, porque si no parece que me la ha dado Fiscalía». La entonces asesora de López respondió «porque llega, lo tienen los medios», y aseguró a Lobato que antes de que él exhibiera el documento en la Asamblea ya estaría publicada en prensa.
Mensaje a Lobato
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyó que Moncloa tuvo acceso al email de González Amador antes de que se publicara y especificó que lo conocían «al menos» cuatro personas, entre las que se encontraban Sánchez Acera; el ex secretario de Estado de Comunicación Francésc Vallès; y el director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín.
Hurtado acordó este lunes procesar a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra González Amador. El fiscal general podría enfrentarse a penas de hasta cuatro años de prisión. La decisión tiene lugar ocho meses después de que el Supremo asumiera la investigación.
En un principio, cuando el asunto estaba en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la causa se centró en la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo del año pasado para dar detallada cuenta del intercambio de correos electrónicos entre la defensa del novio de Ayuso y el fiscal a cargo de la investigación fiscal, Julián Salto. El auto del Supremo se muestra muy crítico con el papel del fiscal general en este asunto, ya que entiende que «la filtración del correo pone en cuestión el prestigio de la institución».