La juez del 'caso David Sánchez' critica el aforamiento «estilo Bielorrusia» de Gallardo
Beatriz Biedma desmonta la figura de los aforamientos en su escrito contra la maniobra de Gallardo
Miguel Ángel Gallardo. | EFE
La juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha calificado de «fraude de ley» el aforamiento del expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo. Un aforamiento exprés que provoca que la causa contra Gallardo deje el juzgado de Biedma y se vaya al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Biedma ha aprovechado su escrito de 102 páginas para articular una crítica hacia la figura de los aforamientos en España, y recuerda que sólo dos países –Bielorrusia y Rumanía– tienen una figura legal que se asemeja. Además, recuerda que el Consejo de Europa ha pedido a España eliminar aforamientos a políticos involucrados en asuntos de corrupción.
Tal y como señala Biedma en su escrito, «el aforamiento en nuestro ordenamiento jurídico actual abarca un ámbito subjetivo amplio. En referencia a los parlamentarios, en los Estados europeos, la regla general es su no aforamiento. Así, salvo en el caso español, solo se contempla el aforamiento parlamentario en los Países Bajos, aunque limitado a actos en el ejercicio de su cargo; en Grecia, solo para determinados delitos; y en Rumanía y Bielorrusia, donde el aforamiento de los parlamentarios más se asemeja al vigente en España».
La instructora del caso David Sánchez cita jurisprudencia del Tribunal Supremo, «en Autos como el de 25-1-1995», para señalar que «el llamado aforamiento jamás ha de ser entendido como privilegio, sino como garantía de determinadas funciones». Cabe recordar que, como ha desvelado THE OBJECTIVE, la maniobra para aforar a Gallardo y blindarle partió de la dimisión en bloque, el mismo día y ante el mismo notario, de cuatro potenciales sustitutos de la diputada socialista que abandonó la Asamblea de Extremadura para dejar sitio al que fuese jefe del hermano de Pedro Sánchez.
La juez destaca que la maniobra de Gallardo, además, podría ir contra los principios europeos en materia de lucha contra la corrupción. «Es destacable, por tanto, la observación de que solo en España y en otros dos países europeos se prevé un aforamiento parlamentario tan amplio, lo que supone una absoluta excepción en el ámbito del Derecho Comparado».
Biedma se hace eco de que hace apenas unas semanas «el Consejo de Europa ha recomendado a España en diversas ocasiones que elimine los aforamientos relativos a políticos sospechosos de haber cometido delitos relacionados con la corrupción, existiendo al respecto varios informes del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco).
En un informe publicado el pasado 16 de abril sobre la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad en los gobiernos centrales que desgranó THE OBJECTIVE, el Greco efectivamente recomendaba a España en su punto 68 que modifique la figura actual de los aforamientos. Recuerda que este consejo no se aplicó en el Informe de Cumplimiento, aunque las autoridades nacionales se comprometieron a encargar un estudio sobre el asunto sin «resultados tangibles».
La cuestión del aforamiento es «delicada», como reconoce el Greco. Cambiar esta figura que protege a cargos públicos frente a actuaciones que puedan menoscabar sus funciones conllevaría una reforma constitucional, lo que «requeriría un amplio consenso de diferentes instituciones, lo cual resulta difícil de lograr».
En referencia a los parlamentarios, en los Estados europeos la regla general es su no aforamiento. Salvo en el caso español, solo se contempla el aforamiento parlamentario en los Países Bajos, aunque limitado a actos en el ejercicio de su cargo; en Grecia, solo para determinados delitos; y en Rumanía y Bielorrusia, donde el aforamiento de los parlamentarios más se asemeja al vigente en España. Es destacable, por tanto, la observación de que solo en España y en otros dos países europeos se prevé un aforamiento parlamentario tan amplio, lo que supone una absoluta excepción en el ámbito del Derecho Comparado.
España, paraíso de los aforados
España es el país europeo con más aforados: cerca de 250.000 personas gozan de un fuero especial que les permite ser juzgadas por tribunales superiores, esquivando así la jurisdicción ordinaria. Una anomalía en el contexto europeo, donde el número de aforados es simbólico: en Francia apenas suman 19 y en Italia, uno solo.
Este blindaje jurídico, pensado originalmente para proteger el ejercicio de ciertos cargos públicos, se ha convertido en uno de los pilares más cuestionados del sistema institucional español, sobre todo cuando ha servido para ralentizar o condicionar investigaciones por corrupción.
El aforamiento en España no se limita a los políticos —aunque se estima que hay unos 2.000 entre diputados, senadores y parlamentarios autonómicos—. También ampara a unos 5.500 jueces, 2.700 fiscales y decenas de miembros de órganos como el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado o el Defensor del Pueblo. A esto se suman más de 232.000 integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las policías autonómicas, que cuentan con un aforamiento parcial: si cometen un delito en acto de servicio, son juzgados por una Audiencia Provincial. Incluso cinco miembros de la Familia Real están aforados, mientras que el Rey mantiene su inviolabilidad constitucional.
En total, unas 250.000 personas están fuera del alcance directo de los jueces ordinarios. Un privilegio difícil de justificar en democracia, que ha motivado reiteradas recomendaciones del Consejo de Europa para su reducción drástica o eliminación.