El juez Pedraz respalda al capitán de la UCO Bonilla y descarta anular el 'caso Gaslow'

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del caso Gaslow en el que se investiga un presunto fraude de hidrocarburos, respalda la actuación del capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Juan Vicente Bonilla. El imputado Juan Sánchez Yepes, un guardia civil investigado por cobrar presuntamente de la trama, ha intentado anular la causa acusando al compañero que comenzó a investigar el fraude.

Esta es una estrategia que están llevando a cabo varios empresarios del sector de los carburantes investigados por defraudar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en la compra-venta de combustible. Sin embargo, el magistrado ha sido claro tras rechazar la nulidad: «Lo que está claro es que el presente procedimiento se ha desarrollado sin viso alguno de ‘ilegalidad’ o manipulación por la UCO. Obviamente, si este magistrado instructor lo hubiera detectado, se actuaría en consecuencia», zanja.

Para llevar a cabo dicha estrategia, el investigado Yepes se sirvió de unos mensajes intercambiados a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp entre el entonces responsable del servicio de Fuentes de la UCO, Juan Vicente Bonilla, y uno de sus confidentes. Unos mensajes fueron que publicados de manera tergiversada en El Plural y del que se hicieron eco otros medios como Televisión Española, así como los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez.

Tal y como desveló THE OBJECTIVE, el Gobierno de España propagó una conversación de WhatsApp, difundida por sus medios afines, para hacer creer que un capitán de la Guardia Civil que ahora trabaja para la Comunidad de Madrid barajó en 2021 la posibilidad de atentar contra Pedro Sánchez con una «bomba lapa» en su vehículo o contratando un «sicario venezolano». Sin embargo, la conversación real incluye mensajes ahora omitidos que demuestran que, en realidad, era el propio guardia civil quien estaba bromeando sobre la posibilidad de que alguien atentase contra él por investigar a «los que trincan».

El bulo de la bomba lapa

Las conversaciones entre Bonilla y su confidente se venían produciendo desde 2016 hasta la detención del empresario en julio de 2021, imputado en el caso Gaslow, cuando se cortó la comunicación entre ambos. Hace unas semanas, El Plural publicó varios extractos de esa interlocución. Uno de ellos está fechado el 8 de junio de 2021 con la transcripción de los mensajes entre el agente de la UCO y su confidente.

El medio digital dice haber tenido acceso a los 6.318 mensajes que, según su lectura, incluyen «conversaciones violentas» y un «vehemente apoyo de la violencia» por parte del capitán del Instituto Armado, en ese momento adscrito al departamento de fuentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El soporte documental de esa afirmación es la referencia de Bonilla a una «bomba lapa» y a un «sicario venezolano» que, según este periódico, se menciona como «opción» a «los dos años de sanchismo que quedan». Unas afirmaciones sobre las que fundamentan la existencia de una llamada ‘UCO patriótica’ que «estaría trabajando para hacer caer al Ejecutivo en consonancia con la derecha judicial y mediática».

THE OBJECTIVE también ha tenido acceso a la totalidad de los mensajes que intercambian el capitán Bonilla y su confidente Caramés entre 2016 y 2021, tanto los recogidos en el informe judicial de la causa como los que provienen directamente de sus terminales telefónicos. En el mensaje original que se intercambian el 8 de junio de 2021 se evidencia la eliminación, por parte del digital, de una parte fundamental de la conversación. Concretamente, se suprimen tres mensajes que permite contextualizar la referencia a la «bomba lapa». Tras la apelación a «aprovechar los dos años de sanchismo que quedan», se eliminan tres líneas de Caramés que hacen referencia implícita a su tarea investigadora en la UCO: «De esta te dan la laureada de San Fernando. Y eso que está en desuso», dice en referencia a una prestigiosa condecoración de la Benemérita que se concede por méritos en el servicio. Esta parte no aparece en la información de El Plural, de la que luego se hicieron eco todos los medios afines a Moncloa.

A esta afirmación, el capitán Bonilla responde: «O una bomba lapa. En los bajos». Caramés contesta: «Podría ser». Y Bonilla añade con posteridad un segundo mensaje: «Ya te lo digo yo. Algún sicario venezolano». La supresión de estos tres mensajes evidencia la manipulación por parte del medio de comunicación que dice tener los 6.318 mensajes que se intercambia el alto cargo del Gobierno de Ayuso en cinco años de relación con su «fuente viva», que es cómo se refieren a los informantes. Y esos tres mensajes son claves para entender que es el propio Bonilla el que bromea con que él sería objeto de un ataque contra su integridad por su investigación como miembro de la policía judicial. En ningún caso hace referencia, ni siquiera en tono jocoso, a un ataque contra el coche del presidente del Gobierno o un intento de magnicidio, como se ha referido en los medios de comunicación cercanos a Moncloa.

Esas conversaciones, de las que se extrae el bulo difundido por los medios afines a La Moncloa, han sido utilizadas por uno de los investigados para buscar la nulidad de su causa. El imputado Juan Sánchez Yepes la había planteado al considerar que tanto la UCO como el Ministerio Fiscal habrían hecho un «caprichoso manejo» de las diligencias instruidas en otro procedimiento de hidrocarburos del Juzgado Central Seis y estas, del Juzgado Central Cinco. Este investigado aseguraba en su escrito que la UCO «clasifica» de modo arbitrario y en base a su propio y personal conocimiento la información que administra a cada procedimiento.

Pero, Pedraz ha respondido que «lo que no está en el expediente, no existe en el proceso», por lo que lo actuado fuera de un proceso judicial y que no consta dentro del respectivo expediente, no debe ser considerado por el juez. Y añade que resulta inoportuno manifestar que nos encontramos ante un espionaje con fines políticos, derivado de noticias de prensa y de la existencia de una conversación telefónica en la que se menciona a ‘Koldo’. «La ‘prensa’ no está en la causa y el nombre de ‘Koldo’ (o ‘Bonilla’) no significa nada, por mucho que sean conocidos a nivel mediático», advierte.

«No hay vulneración de derecho fundamental alguno ni infracción de norma esencial de procedimiento, pues en lo que respecta a las presentes diligencias se ha seguido el debido proceso. En la presente causa, ni el Sr. Yepes ni el Sr. García Pérez han sufrido indefensión alguna. Lo acontecido en las otras es cuestión que atañe al instructor de las mismas», asegura Pedraz.