La ley 'protege' a García Ortiz mientras permite suspender a la fiscal jefe de Madrid

El fiscal general y una de sus subordinadas se encuentran al borde del banquillo. Sin embargo, el auto dictado por el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado amenaza con generar un abismo entre ambos. Álvaro García Ortiz aprovecha un vacío legal para atrincherarse. Podrá seguir al frente de la institución a pesar de que deba enfrentarse a juicio, mientras que la fiscal jefe de Madrid, María Pilar Rodríguez, podrá ser suspendida de empleo y sueldo. Asociaciones profesionales y miembros de la carrera fiscal denuncian en THE OBJECTIVE la paradoja y solicitan al mandamás del Ministerio Público que dimita «por responsabilidad».

Hurtado acordó este lunes procesar al fiscal general y a Rodríguez por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador. El novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, denunció la filtración de unos correos electrónicos en los que reconocía haber cometido fraude fiscal para llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y reducir la sanción. García Ortiz y su compañera se enfrentan a penas de hasta cuatro años de prisión e inhabilitación para cargo y empleo público.

«Estamos preocupadísimos por el daño reputacional que va a provocar el procesamiento del fiscal general, que se mantiene en el cargo pese a todo. Si aprecia algo la institución, debería dimitir inmediatamente. Si no lo hace, se dará una situación paradójica: suspenderá en el cargo a su coprocesada (la fiscal jefe de Madrid) y él se mantendrá ejerciendo las funciones», explica Cristina Dexeus, presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF).

La dimisión de García Ortiz

El artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) establece que el fiscal general solo podrá cesar a petición propia, por incurrir en alguna incompatibilidad, por incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones o cuando así lo determine el Gobierno. La normativa no dice nada sobre cómo actuar en caso de que sea imputado, procesado o juzgado. En cambio, sí establece mecanismos para suspender de empleo y sueldo a otros miembros de la carrera, como ahora Rodríguez.

«El legislador no se podía imaginar que el fiscal general podría ser imputado y juzgado», lamenta Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), personada en la causa. En su opinión, el Gobierno puede relevar al mandamás del Ministerio Público en virtud al apartado d) del EOMF, esto es, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones. Sin embargo, lo considera poco viable tras observar la reacción del Gobierno, que ha reiterado su confianza en García Ortiz.

Varios miembros del Gobierno salieron este lunes en defensa de García Ortiz, entre ellos Óscar Puente y Ángel Víctor Torres. También lo ha hecho el titular de Justicia, Félix Bolaños, que afirmó que mantienen «por completo» la confianza en el fiscal general «y en la Fiscalía en su conjunto». El dirigente socialista añadió que «entre los fiscales y los defraudadores confesos, está con los fiscales que persiguen el delito», en alusión a que el origen de esta causa es la filtración de un email que afectaba a la pareja de Ayuso, investigado por fraude fiscal.

«García Ortiz es un servidor público ejemplar. Siempre ha trabajado y sigue trabajando persiguiendo el delito, con el coste personal que en ocasiones tiene, como en este supuesto», aseguró Bolaños. Las asociaciones profesionales también critican que la reforma de la carrera fiscal que propone el Gobierno, con una enorme contestación social, no aborde las causas de cese del jefe del Ministerio Público. «Sorprendentemente no lo hace. Lo lógico es que se contemplase. Es un silencio clamoroso», se queja Dexeus.

Críticas a la reforma

Pallarés critica que la reforma del EOMF pase de puntillas por este asunto, especialmente en la situación en la que se encuentra García Ortiz. «Se cambia que el fiscal general cese cuando lo hace cuando se va el Gobierno, que nos parece un avance (el mandato pasaría de cuatro a cinco años, aunque improrrogables) y lo normal sería abordar esta laguna legal», señala el presidente de la APIF.

«Nosotros pedimos la dimisión del fiscal general en el momento en que estaba siendo investigado y precisamente porque no dimitió, nos personamos. Si hubiera dimitido no nos hubiéremos personado», insiste Pallarés. La Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que fue portavoz García Ortiz, ha sido la única asociación profesional que ha defendido a los procesados; los califica de víctimas de «un ataque sin precedentes en democracia». En su opinión, esto les supone «un enorme daño personal, profesional y reputacional».