La UCO revela que Ábalos medió en contratos de obra pública a cambio de mordidas

Nueve horas. Ese es el tiempo que ha durado el registro de la vivienda de José Luis Ábalos. El origen de la intervención está en un auto judicial al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. La resolución está motivada por un informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentó al Tribunal Supremo el pasado 5 de junio. El documento revela que existen «elementos bastantes» para considerar que las adjudicaciones de contratos de obra pública investigadas se habrían producido tras «la eventualmente ilícita intervención» del exministro, que habría obtenido por ellas «un determinado beneficio económico».

Los agentes de la UCO se personaron en el domicilio de Ábalos a las siete de la mañana, tal y como acordaba el auto del Supremo. El exministro está investigado por la supuesta compra irregular de mascarillas durante la pandemia. Sin embargo, el magistrado Leopoldo Puente abrió en abril una causa secreta sobre contratos de obra pública relacionados con el denominado caso Koldo.

Puente explica en el auto que el informe de la UCO identifica de forma indiciaria obras que «pudieran haber resultado indebidamente adjudicadas con la participación del investigado», extremo que se describe en «ciertas grabaciones» halladas en los dispositivos intervenidos al también investigado Koldo García, asesor del exministro. El instructor acordó este lunes la entrada y registro de la vivienda de Ábalos entre las siete de la mañana de este martes y las 19 horas del día siguiente.

Dádivas a Ábalos

El magistrado también permitía a los agentes de la UCO a revisar anexos, trasteros, garajes, azoteas y otros locales similares, así como vehículos y cajas fuertes «con el fin de localizar e intervenir todo tipo de documentación y efectos, cualquiera que sea su soporte, relativos a los hechos investigados». Puente atribuye a Ábalos «un papel principal» en la trama corrupta. Los investigadores sospechan que el exdirigente socialista y su entorno se habrían beneficiado de diversas dádivas.

«Toda la documentación, ordenadores, soportes informáticos y demás material intervenido durante los registros quedará depositado en las instalaciones de los grupos investigadores para su análisis y emisión de informe», señala el magistrado en la resolución. Puente también ordena la intervención de los dispositivos electrónicos de Ábalos para su clonado y volcado, así como el listado o agenda de contactos que figuren almacenados en las cuentas de correos, registro de llamadas y celular.

La UCO ha registrado este martes tanto la vivienda de Ábalos como un local ubicado en la parte inferior. La intervención comenzó pasadas las siete de la mañana y ha finalizado poco antes de las 17 horas. Los agentes han localizado al exministro gracias a una persona de su círculo. A continuación han realizado el clonado de su móvil e intervenido varias memorias portátiles. El actual diputado del Grupo Mixto se han mostrado tranquilo tras el registro porque «hay más sospechas que indicios».

Las pesquisas comenzaron después de que Víctor de Aldama aportara en diciembre en el Supremo documentos sobre el supuesto amaño. Entre las prebendas que podría haber recibido el exministro encontraría el uso de un chalé en la urbanización de La Alcaidesa, en la costa gaditana, y el pago de un apartamento de lujo en el centro de Madrid para Jésica Rodríguez, entonces su pareja sentimental.

Las notas de Koldo

Un socio de Aldama, Alberto Escolano, declaró ante el juez que se encargaba de abonar el alquiler mensual por orden del comisionista, que aseguró en diciembre en el Supremo que el exministro también recibió mordidas por la adjudicación de contratos de obra pública.

Aldama aportó notas manuscritas que le envió el asesor de Ábalos, Koldo García, que incluye adjudicaciones de obra pública con localizaciones y cifras concretas correspondientes a 2019. Esos amaños, entre 1 y el 1,5% del valor de los contratos, se habrían extendido los dos años siguientes. El comisionista relató que esos documentos serían «una garantía» de que el exministro iba a cumplir. El actual diputado del Grupo Mixto negó haber adjudicado obra pública a empresas amigas y cobrar contraprestaciones por ello.

Puente encargó en abril a la UCO que investigase la adjudicación de las obras públicas y las supuestas rectificaciones que habían sufrido las licitaciones. El magistrado tomó esa decisión después de que un informe pericial de una prueba caligráfica realizada a Koldo García concluyera que la letra que aparecía en las anotaciones aportadas por Aldama coincidían con la suya.