Jueces y fiscales amenazan con la huelga si el Gobierno mantiene las reformas judiciales

Cabreo mayúsculo en la judicatura. Jueces y fiscales han realizado este miércoles a mediodía un paro simbólico de 10 minutos en las sedes judiciales de toda España para reclamar la retirada de las dos reformas que impulsa el Gobierno porque ponen en entredicho «principios esenciales del Estado de Derecho». De no hacerlo, amenazan con convocar una huelga. El Ejecutivo pretende modificar el acceso a ambas carreras y la estructura de la Fiscalía. Las cinco asociaciones profesionales convocantes, todas excepto las de corte progresista, consideran que el nuevo sistema de acceso supone «un riesgo de selección ideológica» y abogan por un Ministerio Público «imparcial y autónomo» por «salud democrática».

El paro ha tenido un seguimiento cercano al 70%, explican a THE OBJECTIVE las asociaciones convocantes. Jueces y fiscales consideran que los cambios del Gobierno buscan debilitar el Poder Judicial «en su función de contrapeso del poder político». Critican que las reformas tengan lugar en un ambiente de «continuo ataque» contra jueces y «de descrédito» de la Fiscalía. Su jefe, Álvaro García Ortiz, acaba de ser procesado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos.

Visto el apoyo masivo que ha tenido la protesta, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han constituido un Comité de Huelga integrado por representantes de todas las organizaciones convocantes. Su papel será coordinar las respuestas si el Gobierno no da marcha atrás en sus intenciones.

Jueces y fiscales cabreados

Para el acto de esta mañana habían consensuado un manifiesto que leyeron sus representantes en las diferentes sedes judiciales del país. El texto critica la politización del acceso a la carrera de los nuevos jueces y fiscales, lo que a su entender supone un riesgo de «selección ideológica». Además, denuncia que se esté «poniendo falsamente a Europa como excusa» para incluir a estos profesionales por la puerta de atrás.

El manifiesto también aborda la reforma del estatuto fiscal. Las asociaciones lamentan que el Gobierno siga nombrando al fiscal general del Estado «sin ningún tipo de filtro previo, lo que sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales incrementará (…) el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción». El Ejecutivo pretende que, con estos cambios legales, sean los miembros del Ministerio Público quienes realicen la instrucción de las causas penales, como sucede en la mayoría de países europeos.

«La existencia de un Poder Judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos, como lo es tener una Fiscalía imparcial y autónoma. Ambas exigencias son imprescindibles para preservar la buena salud democrática de un país», insiste el manifiesto que han leído en los paros de jueces y fiscales. A las puertas del Supremo se han concentrado un centenar, lo mismo que en la Audiencia Nacional y en las fiscalías Antidroga y Anticorrupción.

Jueces y fiscales también se han concentrado a las puertas de los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla ataviados con sus togas. Cinco representantes han leído el manifiesto minutos después de que sus compañeros de carrera les animaran al grito de «independencia judicial» y «si no hay justicia no hay libertad». A la convocatoria se han sumado algunos dirigentes políticos, como Marta Castro (Vox) o su antigua compañera Macarena Olona.

Choque político

El Consejo de Ministros aprobó a mediados de mayo el proyecto de ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal. El Gobierno iniciaba así la tramitación parlamentaria de la mayor reforma del sistema en 40 años. El texto transforma los mecanismos de acceso, formación y desarrollo profesional. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, defendió que ese cambio de modelo persigue la igualdad de oportunidades. Para las asociaciones, en cambio, afecta «gravemente» a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Bolaños ha denunciado este miércoles los bulos, insinuaciones, insidias y calumnias del PP, que acusa al Gobierno de intentar «hacer callar a la Justicia y atacar a la independencia judicial» En una bronca sesión de control, el diputado popular Miguel Tellado ha reprochado al ministro que un Ejecutivo «acorralado por la Justicia» sea el que «pretenda controlar el acceso a la carrera judicial» y «quitarle la instrucción penal de los casos a los jueces para darlo a la Fiscalía».

Las asociaciones profesionales convocantes ya acusaron hace una semana al Gobierno de tergiversar sus críticas a la reforma de Bolaños. En un comunicado, defendieron su «legítimo» derecho a valorar las reformas judiciales que pretende implantar, después de que el Ejecutivo calificara de «bulos» sus valoraciones. «Consideramos que recurrir a la etiqueta de los bulos es una forma burda de deslegitimar la discrepancia en democracia», insistían las organizaciones.