Malestar de los fiscales con el Gobierno por su defensa de García Ortiz: «Borró mensajes»

El Gobierno cierra filas con Álvaro García Ortiz. Esa defensa acérrima ha molestado a buena parte de la carrera fiscal, que denuncia «nuevas injerencias políticas». El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado acordó el pasado lunes procesarle por un delito de revelación de secretos, pero el Ejecutivo sostiene que lo hace sin pruebas. Los miembros del Ministerio Público explican a THE OBJECTIVE que las condenas penales pueden sustentarse en pruebas directas o, como en este caso, en base a pruebas indiciarias. Recuerdan que el fiscal general «borró mensajes de su teléfono móvil», cambió de terminal y eliminó su cuenta personal de correo electrónico.

«Que borrara sus mensajes de WhatsApp es ya un indicio. Lo hizo por alguna razón, y no creo que fuese porque le beneficiaran», subraya un veterano fiscal. Otro compañero afirma que las pruebas indiciarias son tan válidas como una imagen, una declaración inculpatoria o una muestra de ADN: «Sirven para desvirtuar la presunción de inocencia del investigado». Un principio que mantiene García Ortiz porque, insisten, el juez instructor solo reúne pruebas, pero «no juzga».

Hurtado propuso el lunes abrir juicio oral contra García Ortiz y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos. El origen del caso está en la querella que interpuso el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por la filtración de unos correos electrónicos en los que confesaba la autoría de dos delitos fiscales con el objetivo de llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para rebajar la condena.

Respaldo a García Ortiz

El magistrado presumía en su auto que García Ortiz recibió «indicaciones» de Moncloa, un extremo que niega el Gobierno. Sus miembros se han mostrado muy críticos con el auto, ya que consideran que no existen pruebas para acusarle. «A estas alturas hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender», sentenció el martes la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. La ministra de Educación recordó que la resolución de Hurtado no es firme y que cabe recurso ante la Sala de Apelaciones.

El Gobierno ha mostrado su apoyo sin fisuras a García Ortiz, lo que este miércoles ha enfrentado a Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en la sesión de control del Gobierno. El Ejecutivo no ve motivos para relevarlo. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) no recoge ese escenario entre las causas de cese reguladas en su artículo 31, aunque Rodríguez tendrá que ser apartada temporalmente. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha reiterado la confianza en el jefe del Ministerio Público a pesar de que dos de las tres asociaciones profesionales han pedido su dimisión: «Es un trabajador ejemplar».

«Esos comentarios no se pueden hacer. El Gobierno debe respetar las resoluciones judiciales, aunque no les guste», se queja un fiscal con décadas de experiencia. E insiste: «Quien comete un delito lo que pretende es que permanezca oculto, que no se descubra. Si borras whatsapps es que algo debes esconder». Una joven miembro del Ministerio Público lamenta que García Ortiz eliminara sus mensajes porque eso supone que «hubo una orden». Sin embargo, la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, no lo hizo, y eso «cuenta a su favor».

Cristina Dexeus, presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), ya mostrado su «tremenda preocupación» porque los miembros del Gobierno realicen manifestaciones contra procedimientos judiciales, lo que «puede acabar menoscabando un poder esencial». «No respetan el trabajo de los jueces y genera una sensación de menosprecio a su actuación, especialmente cuando las resoluciones no son de su agrado». En opinión de Dexeus, la discrepancia «suma», pero advierte de que cuando un procedimiento esté en marcha puede parecer más una falta de respeto y una injerencia.

Mensajes borrados

«Lo que tiene que hacer un juez en un procedimiento abreviado es volcar pruebas contra los investigados. Si se llega a juicio oral, se desplegarán pruebas y las valorarán los jueces que los juzguen, Hurtado no lo hace», insiste Dexeus. La presidenta de la AF subraya que los indicios son determinantes para ir a la siguiente fase y, en el caso de García Ortiz, el magistrado considera que existe base suficiente para dar traslado a las acusaciones y al Ministerio Público, que se deben pronunciar en los próximos días.

Ese es el motivo por el que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), personada en la causa, ha rechazado valorar la situación. Uno de sus miembros, Salvador Viada, fiscal del Supremo durante 20 años recientemente jubilado, recordó el martes en Antena 3 que si no existen pruebas contra García Ortiz es porque «las borró». La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reconoció en un informe que el fiscal general eliminó sus whatsapps el 16 de octubre del año pasado, el mismo día que el Alto tribunal abrió la causa contra él.

El volcado del teléfono móvil de García Ortiz reveló que existían «cero mensajes» entre el 7 y el 14 de marzo del año pasado, los días clave de la filtración de datos reservados del novio de Ayuso, Alberto González Amador. El informe demuestra que se borraron, ya que el análisis de otros terminales incautados durante los registros en la Fiscalía el pasado 30 de octubre constata que existieron conversaciones con diferentes subordinados, entre ellos la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, también procesada.

La Fiscalía excusó a García Ortiz afirmando que los datos se eliminan de forma periódica. Hurtado solicitó en enero a la UCO que intentara recuperar el contenido de los mensajes eliminados, aunque sin éxito. El magistrado también solicitó a las operadoras Movistar y Vodafone un listado de llamadas emitidas y recibidas. Como avanzó este diario, el fiscal general también cambió de terminal y eliminó su cuenta personal de correo electrónico, lo que dificulta rastrear el proceder en los días claves de la filtración del correo del novio de Ayuso.