Detectan anomalías en un contrato de 22 millones adjudicado por Hacienda a Acciona

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desvela una trama de supuestas mordidas a través de adjudicaciones de obra pública del Ministerio de Transportes capitaneada por el dimitido exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Unas licitaciones que afectan a Acciona, que se hizo con algunos importantes contratos.

Pero esta compañía, que se ha desligado de los amaños y ha abierto una investigación interna, ha sido ganadora de otra serie de proyectos estatales. Y no solo aprobados por Transportes bajo el mandato de José Luis Ábalos. Uno de ellos, autorizado por el Ministerio de Hacienda, llama la atención porque el proceso presuntamente fue poco transparente y acabó recurrido por uno de los rivales de Acciona.

Según ha podido constatar THE OBJECTIVE, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), dependiente del departamento de María Jesús Montero, formalizó en enero de 2020 un contrato de 22,3 millones que fue recurrido por OHLA, otra de las candidatas que presentaron una oferta. El beneficiario de la obra para la rehabilitación de la actual sede de grandes contribuyentes de la AEAT fue una UTE en la que estaban las constructoras Rogasa y Acciona. La obra sufrió un modificado de tres millones de euros en 2023.

Contrato cuestionado

OHLA quedó en segundo lugar tras las valoraciones interpuso un recurso el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) por diversas irregularidades. Según su versión, expuesta en un documento, se utilizó una valoración opaca en los criterios objetivos. Finalmente, el TARC, un organismo que también depende de Hacienda, levantó la suspensión del procedimiento dos días antes de la formalización del contrato. Lo hizo tras desestimar el recurso interpuesto.

Se da la circunstancia de que, además de Transportes, otros organismos y administraciones han aparecido relacionados con las presuntas irregularidades en la concesión de contratos públicos vinculados a Ábalos y el comisionista Víctor de Aldama. En el caso de Hacienda, Carlos Moreno, jefe de Gabinete de la ministra Montero, cursó internamente una petición que le hizo Aldama, para que se aplazara el embargo de una de sus empresas a cambio de una suma de dinero. Sin embargo, negó haber recibido pago alguno.

Detalle de contratos

El detalle de la licitación muestra que la UTE de Acciona hizo una oferta económica 6,7 millones menor del valor estimado del contrato, que era de 29 millones. La propuesta de la constructora y su socio fue inferior a la de OHLA en 183.000 euros. Sin embargo, no fue la más baja de las 17 empresas que se presentaron. Finalmente, Acciona obtuvo 46,02 puntos en la oferta económica, frente a 44,48 de OHLA de los 60 posibles. La valoración final, en la que se incluyeron criterios técnicos que valían 40 puntos, dejó a Acciona con 78,52 y a OHLA con 76,15.

Esta pequeña diferencia en la valoración hizo que esta última constructora recurriese al TARC. Su intención era que se redujese la valoración subjetiva de Acciona. OHLA expuso que tanto la motivación de la notificación como de la puntuación asignada a los aspectos de las proposiciones evaluables mediante juicio de valor –criterios subjetivos– no habían recibido una motivación suficiente. A partir de este argumento, solicitó la anulación de la resolución de la adjudicación realizada por Hacienda.

Presuntas anomalías

La constructora también cuestionaba la puntuación asignada a la adjudicataria en el criterio equipo técnico compuesto por un especialista en estructuras, 20 puntos, y en el apartado equipo técnico compuesto por un especialista en Instalaciones de Climatización y Ventilación, 10 puntos. OHLA señalaba que las obras acreditativas no demostrarían la existencia de estos especialistas.

Entre otras cosas, alegaba que respecto del criterio equipo técnico compuesto por un especialista en Instalaciones de Climatización y Ventilación, en relación con la obra Instalaciones de climatización de las obras de la unidad de aislamiento de alto nivel de seguridad del Hospital Gómez Ulla, que uno de los certificados, en el que figuraba el membrete de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa, no estaba firmado. Por ese motivo, continuaba, se consideró que no tenía carácter de certificado y fue descartado a la hora de la valoración.

La respuesta de Acciona

Acciona respondió que el hecho de que no estuviese rubricado sería un mero defecto formal, «de no ser porque está firmado mediante la firma electrónica el 5 de mayo de 2017». Esta compañía respondió que la resolución recurrida estaba debidamente motivada y que no había causado indefensión a la recurrente que, como se desprende del recurso, ha llevado a cabo una argumentación, que, si bien es errónea, demuestra la ausencia de toda indefensión y denota el conocimiento de los elementos esenciales llevados a cabo por la Administración en su actuación.

En los criterios de adjudicación de la licitación de Hacienda, el cálculo de las puntuaciones obtenidas por los licitadores se haría de manera automática o mediante la aplicación de las correspondientes fórmulas. «Tanto la resolución recurrida como todos aquellos documentos que obran en el expediente administrativo, y a los cuales ha tenido acceso en todo momento la recurrente, dan plena cobertura al proceso lógico y jurídico determinante de la decisión de adjudicación adoptada por parte del Órgano de contratación», señalaba Acciona. La constructora beneficiaria alegó que la argumentación de OHLA era artificiosa y que esta constructora estaría tratando sustituir la decisión del órgano de contratación.

Por su parte, el Tribunal destacaba, para rechazar el recurso de OHLA, que es de aplicación al procedimiento de adjudicación la prerrogativa de interpretación unilateral de los contratos, de modo que corresponde al órgano de contratación interpretar los pliegos y, por tanto, definir la forma de calificar los usos.