Los jueces progresistas rechazan secundar la huelga, pero critican las reformas de Bolaños

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), asociación de corte progresista en la judicatura, ha decidido no secundar la huelga convocada contra el proyecto de ley que abre una vía extraordinaria de acceso a la carrera judicial y fiscal. Según los resultados de la consulta interna celebrada en la asociación, el 75,81 % de los votos emitidos se opuso a apoyar la movilización, frente a un 24,19 % que se mostró favorable.

A pesar de rechazar la medida de presión, JJpD se desmarca del proyecto impulsado por el ministro Félix Bolaños. En un comunicado difundido este viernes, la asociación denuncia que el texto legislativo —que permite acceder a la carrera a jueces y fiscales sustitutos y otros juristas con más de cinco años de experiencia— «rompe con la arquitectura normativa del sistema de turnos» y representa «una alteración sustancial del modelo sin un debate previo suficiente».

Críticas de fondo al proyecto

JJpD considera que el Gobierno no ha justificado adecuadamente la necesidad de esta vía extraordinaria. Señala que Bruselas no ha exigido incluir a los sustitutos en la carrera judicial ni ha reclamado expresamente una reforma como la planteada. «Fundamentar esta reforma en un mandato europeo que desconocemos […] resta legitimidad a una medida de enorme calado», advierte el texto.

La asociación reprocha que se denomine “proceso de estabilización” a lo que, en la práctica, califican como un procedimiento de «acceso extraordinario», que abre la puerta a hasta 1.004 nuevas plazas, un 13% del total de la carrera judicial. A juicio de JJpD, esta fórmula erosiona los principios de igualdad, mérito y capacidad, y penaliza a quienes se preparan por las vías ordinarias —turno libre o cuarto turno—.

Riesgos para el sistema y para los nuevos jueces

El colectivo alerta además del impacto que esta convocatoria puede tener sobre el escalafón, las futuras promociones y el equilibrio interno en los órganos judiciales. No se aclara cómo se encajará a los nuevos miembros ni qué plazas ocuparán, lo que genera incertidumbre en concursos de traslado, ascensos y asignación de cargas de trabajo.

Asimismo, denuncian que esta reforma puede agravar los problemas de los opositores y nuevos jueces que aún no han obtenido destino, en un contexto de «raquíticas» convocatorias recientes.

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Llamamiento al debate y la reflexión

Aunque JJpD reconoce que el proyecto contiene algunas medidas positivas, sostiene que la reforma del acceso judicial debe basarse en el consenso, la planificación y el respeto a los principios constitucionales. Reivindican la necesidad de mantener las convocatorias ordinarias, proteger los derechos de quienes opositan y abrir un debate «abierto, transparente y participativo» para afrontar la interinidad en la Justicia.