La Fiscalía cambia de postura en el fraude del voto por correo y pide investigarlo

El presunto fraude electoral en favor del PSOE en las elecciones municipales de 2019 permanece bajo investigación judicial desde hace más de cinco años. Sin embargo, hasta ahora ni la Abogacía del Estado ni la Fiscalía habían mostrado una actitud activa para aclarar los hechos. Ambas instituciones, personadas en el procedimiento, llegaron incluso a solicitar el archivo de la causa en varias ocasiones, lo que fue interpretado como una maniobra para cerrar el caso sin permitir que avanzaran las diligencias clave. Esa postura cambió recientemente, después de que THE OBJECTIVE publicase en abril estos hechos que desvelaron indicios de un patrón sistemático de manipulación del voto por correo, con epicentro en la localidad sevillana de Albaida del Aljarafe. A raíz de la cobertura mediática y el impacto público generado, el Ministerio Público ha modificado su criterio y ya no se opone a las diligencias propuestas por las acusaciones particulares, que buscan profundizar en la supuesta red organizada para manipular el sufragio. Este giro, aunque parcial, supone un cambio relevante en una causa que permanecía estancada desde 2019 y que apunta a una posible corrupción electoral.

En su última resolución, el fiscal no se opone a que se haga una prueba caligráfica de la solicitud del voto por Correo que probaría que 47 solicitudes fueron rellenadas por una misma persona: la concejal del PSOE en dicha localidad sevillana, Ángela de la Cruz L. C., investigada en la causa. El origen del caso se remonta a una denuncia presentada por el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento. El detonante fue un dato que, por sí solo, encendió todas las alarmas: el 14,92% del censo electoral solicitó el voto por correo en Albaida, casi cinco veces más que la media nacional registrada en aquellos comicios municipales del 26 de mayo de 2019, que fue del 3,6%, según los datos oficiales del Ministerio del Interior. Esa anomalía estadística condujo a los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, adscritos a la Audiencia Provincial de Sevilla, a iniciar una investigación –a raíz de la citada denuncia– que ya ha destapado conexiones inquietantes entre los sufragios emitidos a distancia y contratos públicos otorgados por el consistorio.

Puesto de trabajo a cambio de voto

En los informes a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los agentes detallan cómo cruzaron los datos remitidos por la Oficina del Censo Electoral con los registros de altas laborales proporcionados por la Tesorería General de la Seguridad Social. El objetivo: detectar coincidencias entre quienes votaron por correo y quienes fueron contratados por el Ayuntamiento en los meses próximos a los comicios. El resultado fue tan llamativo como contundente: al menos 20 personas que emitieron su voto a distancia obtuvieron un puesto de trabajo en el consistorio gobernado por el PSOE. Algunas de esas contrataciones fueron temporales, otras de larga duración. En este último grupo, los investigadores han detectado que un tercio de los empleados también optó por el voto postal.

El relato cobra aún más verosimilitud con los testimonios recogidos por los agentes. Uno de ellos es el de un vecino de la localidad que declaró ante la Guardia Civil. Según explicó, no necesitó acudir a ninguna oficina. Solo tuvo que entregar su DNI y firmar unos papeles. «Me ofrecieron un contrato de un mes en el Ayuntamiento a cambio de firmar el impreso del voto por correo a favor del PSOE», afirmó sin rodeos. Añadió que nunca ejerció personalmente su derecho al voto y que todo el trámite lo gestionó un tercero, que le devolvió el documento de identidad dos días después. En este caso a diferencia de otros votantes, el contrato prometido nunca llegó a materializarse. Según su versión, le pidieron paciencia: «Tenías que esperar a que se liberara un hueco», le dijeron. Finalmente, encontró trabajo por su cuenta.

«Voté en la casa del PSOE»

La juez también llamó a otra mujer que había depositado su voto por Correo en los citados comicios, pero –en este caso– no reconoció que lo hiciera a cambio de una compensación laboral ni un hecho similar. Aseguró que voto por correo postal debido a la pandemia de covid-19, sin embargo, se olvidó de que la pandemia por coronavirus ocurrió un año después, en marzo de 2020.

La juez, al interrogarla sobre cómo había completado el proceso, obtuvo una respuesta que sembró dudas sobre la transparencia de la operación. Según la testigo, como era la primera vez que votaba por correo, necesitó ayuda para entender cómo rellenar la solicitud, a lo que la juez le preguntó específicamente quién le había explicado el procedimiento. La testigo explicó que fue una «chica» en «la casa del PSOE» la que le orientó sobre cómo rellenar los formularios para votar por correo, aunque no recordaba el nombre de la persona que le asistió. La testigo aseguró que le dieron el formulario, y luego ella misma completó los datos requeridos para realizar la solicitud.

Pero, lo que resulta más preocupante es el caso de las personas que fueron llamadas a declarar porque habían votado por correo y ni siquiera lo sabían. Es decir, que alguien sin su consentimiento ejerció su derecho al sufragio. En una declaración en calidad de testigo, publicada en exclusiva en THE OBJECTIVE, un ciudadano aseguró ante la juez que jamás emitió su voto en dichos comicios y que la firma que figura en la solicitud de voto postal atribuida a él no le pertenece. «Yo no voto nunca», afirmó durante su interrogatorio.

El testigo, que compareció visiblemente sorprendido, explicó que no solo no participó en las elecciones del 26 de mayo de 2019, sino que en general nunca ha ejercido su derecho al voto. La juez, tras recordarle su obligación de decir la verdad, le preguntó si había participado en los comicios de aquella fecha. El hombre respondió de forma tajante: «No». Ante la insistencia de la magistrada, que le inquirió sobre la posibilidad de haber solicitado el voto por correo, reiteró: «Nada, yo no he firmado nada».