El Colegio de Abogados de Madrid pide cuatro años de cárcel para el fiscal general
El Icam, además, exige a García Ortiz una indemnización de 55.000 euros por los daños causados
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. | EFE/Cabalar
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (Icam) ha solicitado la apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, por un delito de revelación de secretos. En su escrito de acusación, presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, pide para García Ortiz una pena de cuatro años de prisión, multa de 81.000 euros e inhabilitación para el cargo. Para Rodríguez Fernández, solicita tres años de cárcel, una multa de 27.000 euros y suspensión de empleo durante dos años.
El origen del caso se remonta a la publicación en marzo de 2024 de una nota informativa de la Fiscalía Provincial de Madrid sobre una denuncia por fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El Icam sostiene que dicha nota desveló información confidencial procedente de un correo enviado por el abogado defensor a la Fiscalía, en el que proponía un acuerdo penal de conformidad.
Según el escrito, el fiscal general, con conocimiento de que González Amador mantenía una relación sentimental con Díaz Ayuso, orquestó junto a Rodríguez Fernández la difusión de dicha comunicación, vulnerando el secreto profesional entre abogado y fiscalía. Ambos habrían facilitado el contenido del correo a la Cadena SER y autorizado su inclusión en una nota oficial para contrarrestar informaciones periodísticas que atribuían a la fiscalía la iniciativa de pactar.
La Junta de Gobierno del Icam considera que esta actuación ha quebrado «el principio de confianza, reserva y sigilo» entre la abogacía y el Ministerio Fiscal, afectando gravemente el derecho de defensa del investigado. Por ello, además de pedir la apertura del juicio, el Colegio se ha personado como acusación popular y exige una indemnización de 55.000 euros por los daños causados.
Los hechos, sostiene el Icam, «han minado la credibilidad del Ministerio Fiscal» y podrían haber condicionado el desarrollo posterior del proceso penal, contaminando al órgano judicial e impidiendo una conformidad futura en condiciones de plena garantía.