El ‘caso Tito Berni’ palidece sin penas de prisión bajo la sombra del papel de la Policía Nacional
Una causa marcada por acciones internas en la Policía, desaparición de pruebas clave y limitaciones en la investigación
El exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni' (c) y su abogado (i). | Europa Press
El caso Tito Berni, una de las tramas de corrupción que más tensión generó en las filas del PSOE durante la pasada legislatura, se encamina hacia un cierre judicial sin consecuencias penales de calado. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, una condena de un año de prisión –que no implicaría ingreso en un centro penitenciario— y tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La acusación se refiere a delitos de cohecho y estafa, enmarcados en una pieza separada del caso Mediador. Las diligencias, sin embargo, han estado marcadas por movimientos internos en la Policía Nacional, desapariciones de pruebas clave y decisiones de jerarquía que han limitado el alcance de la investigación. Fuentes policiales consultadas por THE OBJECTIVE afirman que los indicios se vieron debilitados por estas maniobras y que el caso habría seguido el patrón de otras tramas vinculadas a la presunta corrupción en entornos del PSOE.
Un año después del ascenso, el inspector jefe que lideraba la investigación presentó una denuncia interna: varios teléfonos móviles pertenecientes a Antonio Navarro Tacoronte –apodado El Mediador— fueron sustraídos de una caja fuerte ubicada en el despacho del jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife. Según el escrito, el acceso se produjo sin su autorización y en dependencias policiales. La sustracción y allanamiento de despacho profesional denunciados por el propio mando ocurrió en dependencias policiales, según su versión, poco antes de que el entonces comisario provincial de Santa Cruz de Tenerife, Luis Felipe San Martín Fernández-Marcote (ahora suspendido de empleo y sueldo tras ser imputado por presunta violencia de género), le apartase del caso Tito Berni.
La desaparición de los dispositivos –que contenían conversaciones, imágenes y documentación de relevancia– privó a la causa de pruebas sustanciales. «Con el material sustraído, la instrucción carece de pruebas y, por ello, las penas solicitadas han sido mínimas», apuntan fuentes de la investigación.
La visita a Madrid y la negativa de la UDEF
Y es que el «vicio» de esta causa viene desde el origen. En febrero de 2023, cuando comenzó a investigarse el caso Tito Berni, el entonces jefe de la Brigada Provincial viajó a Madrid. Lo hizo con el objetivo de trasladar personalmente al comisario Fernando Alonso, jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la necesidad de que la unidad central asumiera el caso. En su encuentro en la Dirección General de la Policía, según las fuentes consultadas por este medio, expuso que se trataba de una trama con ramificaciones nacionales: «Es un asunto muy complejo que podría afectar al Gobierno central».
Solicitó que el caso pasara a manos de la UDEF, especializada en delitos económicos, y no a la unidad de delitos tecnológicos que, en ese momento, lo gestionaba de forma provisional. La respuesta del jefe de la UDEF, según relatan los presentes, fue directa: «Yo no quiero líos». Fernando Alonso había sido promovido al rango de comisario principal con el respaldo de Marlaska, para ocupar la vacante dejada por Fernando Moré. Desde entonces, denuncian voces internas, la unidad no ha asumido grandes causas de corrupción como en años anteriores. Esa ausencia ha obligado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a encargarse de todas las investigaciones relevantes que afecta a la política actual.
En términos judiciales, el caso Tito Berni ha terminado reducido a una pieza menor dentro del mosaico de presunta corrupción que ha salpicado a varios responsables políticos de Canarias. Las escenas iniciales –fiestas en hoteles con prostitutas y cocaína, en plena pandemia— contrastan con la resolución: una pena sin cárcel y una inhabilitación temporal. El contraste entre la gravedad mediática de los hechos y la levedad de la respuesta penal recuerda a la imagen de un edificio en ruinas cuyo tejado se ha reparado mientras sus cimientos permanecen comprometidos. Fuentes próximas a la instrucción insisten en que «se trataba de una estructura sistemática, no de un caso aislado». En el caso Ábalos, desde el entorno PSOE han pretendido hacer lo mismo: «Que quedase en nada». Pero, no han podido controlar a la UCO, por ello planificaron una estrategia: cambiar el testimonio de los denunciantes ofreciéndoles pactos con la Fiscalía y desacreditar a los agentes de la Guardia Civil.