Cerdán explicará al juez que el documento que le vincula a Servinabar carece de validez

Santos Cerdán tiene un plan. El ex secretario de Organización del PSOE está citado el próximo lunes para declarar como imputado ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. Fuentes de su entorno admiten a THE OBJECTIVE que su estrategia pasa por desvincularse del documento que le relaciona con Servinabar, la empresa presuntamente beneficiada con adjudicaciones irregulares a cambio de mordidas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró durante el registro de la vivienda del empresario Joseba Antxon Alonso Eugorrola unos legajos que le atribuían el 45% de la constructora. El investigado defiende que ese contrato carece de validez porque no ha pasado por una notaría.

El último informe de la UCO fue demoledor para los intereses de Cerdán. Puente le ofreció declarar de forma voluntaria este miércoles tras hallar «consistentes indicios» de su presunta participación, junto a José Luis Ábalos y Koldo García, en una trama de adjudicaciones irregulares de obras pública a cambio de comisiones. El otrora número tres de los socialistas solicitó una prórroga, pero como abandonó el acta de diputado y perdió su condición de aforado, el juez lo citó a declarar el 30 de junio.

Los investigadores sostienen que «habría desempeñado un papel activo en la gestión de los fondos, siendo Koldo García quien le reclamaba el abono de las cantidades tanto en favor de Ábalos como en beneficio propio. Tales circunstancias permiten inferir no solo que Santos habría tenido pleno conocimiento de los pagos efectuados, sino que, además, habría actuado como mediador de los mismos». Un escenario que se infiere de los audios grabados por el propio asesor del exministro, que este lunes aseguró no reconocerse en ellos. Una táctica que podría seguir Cerdán.

Las participaciones de Cerdán

La situación de Cerdán se agravó cuando la UCO registró la casa de Alonso Eugorrola en Elorrio (Vizcaya) el pasado 10 de junio. Los agentes encontraron un documento que demostraría que los beneficios obtenidos por Cerdán van más allá del cobro de mordidas. Como avanzó El Confidencial, los investigadores descubrieron en una habitación del domicilio de Alonso Eugorrola una escritura privada que probaría que el ex secretario de Organización del PSOE posee el 45% de las acciones de Servinabar, una de las empresas que habría recibido contratos amañados del Gobierno de Navarra que preside la socialista María Chivite.

Cerdán está convencido de que ese documento no le compromete. Y esa es la postura que va a defender el próximo lunes ante el juez. El ex secretario de Organización del PSOE entiende que cualquier adquisición societaria tiene que pasar por un notario y convertirse en escritura pública. En su entorno consideran que hasta ahora solo se ha aclarado que no se trata de un documento público, sino de un supuesto contrato privado y, «por lo tanto, sin efecto jurídico en el ámbito societario». Y subrayan: «Cerdán no tiene ni tuvo participación en Servinabar». En esa línea se ha manifestado el propio Alonso Eugorrola.

Los juristas consultados por este diario defienden ese argumento. Un prestigioso abogado especializado en Derecho Mercantil afirma que cuando una persona posee un porcentaje superior al 25% es necesario incluir la titularidad de las acciones y participaciones societarias en el acta de titularidad real. Esta es obligatoria desde julio de 2017, según establece la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. El objetivo es reforzar las medidas de control y transparencia en el sector empresarial. Por eso, en opinión de este experto, la escritura carecería de validez: «En ese caso se habría cometido falsedad en documento público».

Otra abogada especializada en la materia indica que la validez de la compraventa de participaciones sociales en documento público es válida entre las partes desde la firma del documento privado, aunque no tiene efectos frente a la sociedad ni frente a terceros hasta que se eleva a público (escritura notarial) y se inscribe en el registro Mercantil y en el Libro de Registro de Socios. En su opinión, este modus operandi responde a «fines ocultistas o de otra naturaleza, como evadir impuestos».

«Un indicio negativo»

La experta insiste en que muchos altos cargos, ya sea del sector público como del privado, acuden a este sistema cuando tienen una incompatibilidad. «Es un indicio negativo que puede perjudicar a Cerdán», sostiene. En su opinión, se trata de un instrumento más de opacidad y del interés por ocultar. La escritura que la UCO encontró en los registros refleja que el administrador de Servinabar transmitió al ex secretario de Organización del PSOE al menos 1350 participaciones de las 3.000 que constituyen la sociedad el 1 de junio de 2016. Desde entonces ha recibido casi diez millones de euros en contratos con las administraciones navarra y vasca.

El hallazgo implicaría que Cerdán era dueño de casi la mitad de la empresa, que en UTE con Acciona se llevó varias adjudicaciones de obra pública del Gobierno de Chivite. Entre ellas, y contra todo pronóstico, los túneles de Belate, con un presupuesto de 76 millones de euros y una licitación repleta de irregularidades, como ha informado este periódico. Hasta entonces, la sociedad de Alonso Egurrola no había participado jamás en la construcción de una infraestructura de entidad. El informe de la UCO también menciona el proyecto de Mina Muga, una explotación minera de potasa que paralizó la Justicia.

El ex secretario de Organización del PSOE se encomendó al penalista Benet Salellas después de que Gonzalo Martínez-Fresneda, un abogado muy cercano a los socialistas, renunciara a su defensa. El nuevo letrado de Cerdán fue diputado de la CUP y formó parte de la defensa de Jordi Cuixart, expresidente de Òmnium Cultural, en el juicio del procés también en el Supremo. Además, es hermano del actual alcalde de Gerona, Lluc Salellas. Su elección ha soliviantado a buena parte del independentismo catalán.