El CNI detectó ciberataques a infraestructuras críticas en la causa del 'hacker' Alcasec
Las intrusiones alcanzaron a organismos públicos, energéticas, infraestructuras y datos de ciudadanos
El ex secretario de Seguridad Francisco Martínez (i) y el hacker José Luis Huertas, más conocido como 'Alcasec' (d).
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha jugado un papel clave en una investigación de alto nivel sobre ciberseguridad en España que ha acabado implicando a ex altos cargos políticos y a un conocido ciberdelincuente. Un informe elaborado por este organismo y remitido a un juzgado madrileño ha detallado una serie de ciberataques contra infraestructuras críticas del Estado presuntamente cometidos por una red criminal liderada por José Luis Huertas, alias Alcasec, uno de los hackers más conocidos del país. Este atacó el sistema informático del Consejo General del Poder Judicial y vendió datos bancarios de 571.000 personas, obteniendo en el proceso ganancias millonarias.
Según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes de la investigación, el informe del CNI describe ataques cibernéticos contra sistemas sensibles que afectan directamente a la seguridad nacional. Las intrusiones informáticas alcanzaron organismos públicos, compañías energéticas, infraestructuras logísticas y datos personales de ciudadanos, incluidos menores de edad. En concreto, las mismas fuentes señalan que la red penetró los sistemas de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Seguridad Social en Andalucía, compañías eléctricas en Cataluña, la Dirección General de Tráfico, e incluso la Consejería de Educación de Baleares, de donde se extrajeron bases de datos de menores. Todos estos datos eran guardados en un servidor en Suiza.
Ante la gravedad de los hechos, el juzgado de instrucción de Plaza de Castilla decidió inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, al considerar que era la autoridad competente por tratarse de delitos contra intereses generales del Estado. Fue entonces cuando la magistrada María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, asumió la investigación y ordenó una serie de detenciones clave, entre ellas la del propio Huertas y la de Francisco Martínez ex secretario de Estado de Seguridad con el Gobierno de Mariano Rajoy.
Un alto cargo del PP en el epicentro
Fuentes de la investigación aseguran que la implicación de Martínez, abogado de formación y hombre de confianza de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior durante el Ejecutivo popular, está demostrada tras las intervenciones telefónicas y el análisis de correos electrónicos analizados en la causa. Por ello, el 27 de mayo, agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional registraron su domicilio y procedieron a su detención. Martínez fue puesto en prisión provisional durante más de una semana ante el riesgo de destrucción de pruebas. Tras la desaparición de ese riesgo, la jueza acordó su puesta en libertad, aunque sigue siendo investigado por los delitos de revelación de secretos, intrusismo informático y blanqueo de capitales.
Para Huertas, sin embargo, la situación judicial es mucho más comprometida. La Audiencia Nacional ha decretado prisión provisional sin fianza para el hacker, al considerar que existe un riesgo elevado de fuga y de reiteración delictiva elevado. Por lo que, según las mismas fuentes, esa situación complica su puesta en libertad a corto-medio plazo.
La investigación, bautizada como Operación Borraska, ha sido coordinada por la Comisaría General de Información, en colaboración con el Centro Criptológico Nacional (dependiente del CNI) y la Policía de Andorra. Según fuentes oficiales, los primeros indicios surgieron en 2024 tras detectarse intrusiones sistemáticas en sistemas informáticos de instituciones públicas, puertos, operadores telefónicos, plataformas educativas y redes de transporte.