Peinado 'amenaza' con registrar Moncloa por las «evasivas» de Bolaños sobre la asesora
El propio magistrado reconoce que dicha diligencia «por ahora sería contraria al principio de proporcionalidad»
El juez Juan Carlos Peinado y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. | Ilustración de Alejandra Svriz
Juan Carlos Peinado ha pedido al Tribunal Supremo que investigue a Félix Bolaños por malversación y falso testimonio. Pero el juez que investiga a Begoña Gómez por cuatro delitos amenaza con dar un paso más. En la exposición razonada que ha remitido este martes al Alto tribunal, el magistrado pone sobre la mesa la posibilidad de registrar el Palacio de La Moncloa, «donde constan los archivos en los que ha de aparecer el documento en el que se propone el nombramiento de Cristina Álvarez», la asesora de la esposa del presidente del Gobierno. Peinado acusa al ministro de Justicia de mentir en la declaración como testigo del pasado 16 de abril.
El propio Peinado reconoce acto seguido en la exposición razonada a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE que dicha actuación «por ahora sería contraria al principio de proporcionalidad». En cambio, el magistrado considera vital para continuar la investigación que se practiquen una serie de diligencias que solicita al Supremo y entre las que se encuentra tomarle declaración, en esta ocasión como imputado, y que entregue toda la documentación «que se encuentre a su alcance» sobre el nombramiento de Álvarez. El Gobierno ha respondido con «máxima tranquilidad» a la decisión judicial, que califica como «un capítulo más».
Bolaños negó el pasado 16 de abril al juez que hubiese intervenido en la contratación de la asesora de Begoña Gómez. El ministro de Justicia explicó a Peinado en su despacho del complejo de La Moncloa, entonces como testigo, que desconocía de quién procedió la orden. No obstante, defendió su legalidad. El magistrado insiste en la exposición razonada que las respuestas del exministro motivaron la declaración como testigo por partida doble de Raúl Díaz, que fue coordinador de personal de Moncloa cuando se contrató a Álvarez.
La declaración de Bolaños
Díaz tampoco aclaró de quién partió la orden, aunque señaló a Bolaños, entonces secretario general de Presidencia del Gobierno, como el encargado de su fichaje. Tras esas declaraciones, el magistrado atribuye «indiciariamente» un delito de falso testimonio al ministro de Justicia. Peinado considera que también podría haberse cometido un delito de malversación, ya que Álvarez realizó tareas privadas para su jefa.
La investigación contra Begoña Gómez, que se ha ampliado hasta a cuatro delitos, comenzó en abril del año pasado. En marzo, Peinado abrió una pieza separada por un posible delito de malversación de caudales públicos por la contratación de Álvarez como asesora en Moncloa en el verano de 2018, cuando Bolaños ejercía como secretario general de la Presidencia del Gobierno. Su declaración como testigo se acordó después de que un subordinado, Alfredo González Gómez, manifestara que cursaba las propuestas de nombramientos a la Presidencia del Gobierno y que en ese momento su superior jerárquico era el actual ministro de Justicia.
Peinado recuerda en las 34 páginas que conforman la exposición razonada al Supremo que la declaración como testigo de Bolaños se acordó después de que su número dos en Moncloa, Alfredo González Gómez, manifestara que cursaba las propuestas de nombramientos a la Presidencia del Gobierno y que en ese momento su superior jerárquico era el actual ministro de Justicia.
La asesora de Begoña Gómez en Moncloa, también imputada en la causa, negó en febrero ante el juez haber realizado gestiones privadas para la esposa del presidente del Gobierno, aunque los correos electrónicos publicados por este diario revelan que contactó con la Universidad Complutense en nombre de su jefa y que solicitó a los patrocinadores de su polémica cátedra que siguieran financiándola.
Álvarez fue contratada como asesora de Begoña Gómez el 16 de julio de 2018, mes y medio después de que Sánchez llegara a Moncloa. Fue la esposa del presidente del Gobierno quien se puso en contacto con ella. Habían trabajado juntas previamente y se trataba de una persona de su confianza. La directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia disfruta de un sueldo de 37.000 euros netos (algo más de 52.000 euros brutos) por llevar su agenda.