El juez Peinado pide al Supremo que investigue a Bolaños por malversación y falso testimonio

El juez del caso Begoña Gómez quiere imputar a Félix Bolaños. Juan Carlos Peinado ha remitido una exposición razonada al Tribunal Supremo pidiendo que investigue al ministro de Justicia por un delito de malversación y falso testimonio. El magistrado sostiene en el texto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, que el dirigente socialista aseguró desconocer quién era Cristina Álvarez, asesora de la esposa del presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa, a pesar de que sería su responsable directo. Peinado llegó a suspender durante 40 minutos su declaración como testigo del pasado 16 de abril para que recabara información al respecto.

Bolaños negó al juez que hubiese intervenido en la contratación de la asesora de Begoña Gómez. El ministro de Justicia explicó a Peinado en su despacho del complejo de La Moncloa que desconocía de quién procedió la orden. No obstante, defendió su legalidad. Según el dirigente socialista, «es normal» que la esposa de un presidente del Gobierno cuente con una persona que le auxilie en sus tareas, «como siempre ha ocurrido». El magistrado considera que también podría haberse cometido un delito de malversación, ya que Álvarez realizó tareas vinculadas a la cátedra extraordinaria de su jefa en la Universidad Complutense.

Peinado explica en la exposición razonada que las respuestas de Bolaños motivaron la declaración como testigo por partida doble de Raúl Díaz, que fue coordinador de personal de Moncloa cuando se contrató a Álvarez. Este tampoco aclaró de quién partió la orden, aunque señaló a Bolaños, entonces secretario general de Presidencia del Gobierno, como el encargado de su fichaje. Tras esas declaraciones, el magistrado atribuye «indiciariamente» un delito de falso testimonio al ministro de Justicia.

Bolaños y la asesora

El magistrado que investiga a Begoña Gómez Cree sostiene que Bolaños omitió con «reticencias maliciosas» las contestaciones correctas durante su declaración como testigo, por lo que pide que lo investigue el Supremo, que posee la competencia de investigar a un miembro del Gobierno (y por tanto aforado) por su «responsabilidad penal». Reclama al Alto tribunal que le tome declaración como imputado y que le demande toda la documentación «que se encuentre a su alcance» sobre el nombramiento de Álvarez.

El delito de falso testimonio está tipificado en el artículo 458 o, alternativamente, en el 460 del Código Penal. Estos preceptos regulan las consecuencias penales para aquellos que faltan a la verdad en sus declaraciones ante un tribunal, ya sea mintiendo o dando información incompleta o inexacta. En caso de probarse, podría ser castigado con penas de prisión de seis meses a dos años, multa de tres a seis meses y suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio, de seis meses a tres años.

Peinado recuerda en las 34 páginas que conforman la exposición razonada al Supremo que la declaración como testigo de Bolaños se acordó después de que su número dos en Moncloa, Alfredo González Gómez, manifestara que cursaba las propuestas de nombramientos a la Presidencia del Gobierno y que en ese momento su superior jerárquico era el actual ministro de Justicia.

La investigación contra Begoña Gómez, que se ha ampliado hasta a cuatro delitos, comenzó en abril de 2024. El pasado 11 de marzo, el magistrado abrió una pieza separada por un posible delito de malversación de caudales públicos por la contratación de Álvarez como asesora en Moncloa en el verano de 2018, cuando Bolaños ejercía como secretario general de la Presidencia del Gobierno.

Labores privadas

La hipótesis del juez es que la esposa del presidente del Gobierno tiró de ella para sus negocios privados. Ante de ser imputada, la directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia acudió a declarar como testigo y admitió que pidió dinero para la cátedra de su jefa, pero como «favor personal».

Bolaños fue citado a declarar como testigo por la contratación de Álvarez como asesora de la esposa del presidente del Gobierno. Peinado rechazó que lo hiciera por escrito al considerar que había realizado una interpretación «errónea» de la ley, ya que «los hechos sobre los que ha de versar su testimonio no los ha conocido en razón de ese cargo actual, sino cuando tenía otro cargo diferente». Concretamente, cuando estuvo al frente de la Secretaría General de Presidencia entre junio de 2018 y julio de 2021.

La asesora de Begoña Gómez en Moncloa, también imputada en la causa, negó en febrero ante el juez haber realizado gestiones privadas para la esposa del presidente del Gobierno, aunque los correos electrónicos publicados por este diario revelan que contactó con la Universidad Complutense en nombre de su jefa y que solicitó a los patrocinadores de su polémica cátedra que siguieran financiándola.

Álvarez fue contratada como asesora de Begoña Gómez el 16 de julio de 2018, mes y medio después de que Sánchez llegara a Moncloa. Fue la esposa del presidente del Gobierno quien se puso en contacto con ella. Habían trabajado juntas previamente y se trataba de una persona de su confianza. La directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia disfruta de un sueldo de 37.000 euros netos (algo más de 52.000 euros brutos) por llevar su agenda.