El CGPJ señala que la huelga de jueces carece de sustento legal y no fijará servicios mínimos
Cinco asociaciones han convocado tres días de paros la próxima semana en respuesta a las reformas del Gobierno
Pleno del CGPJ el pasado 2 de febrero. | Europa Press
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sostiene que la huelga de jueces convocada para la próxima semana carece de sustento legal. El Pleno del órgano de gobierno de los jueces ha acordado este jueves por unanimidad que la convocatoria «carece, en el momento actual, de soporte normativo» por lo que entienden como «no anunciada» la protesta y no fijarán servicios mínimos. Cinco asociaciones profesionales (todas menos las progresistas) han convocado tres días de paros para la próxima semana en respuesta a las reformas judiciales que plantea el Gobierno.
La decisión del CGPJ se ha producido después de que el Ministerio de Justicia preguntara si mantiene la postura que fijó en 2009. Entonces, un pleno presidido por Carlos Dívar acordó que la ley no prevé el derecho de huelga de los jueces y magistrados, por lo que tampoco se consideró como convocada la huelga impulsada por varias asociaciones. La pretensión del sector progresista era que el Pleno aprobara la posibilidad de actuar ante «una movilización claramente ilegal», a lo que el bloque conservador se ha opuesto.
El Pleno ha acordado comunicar a las asociaciones convocantes que, tal y como ya fijó en febrero de 2009, 2012 y 2013, el ejercicio de derecho a huelga de jueces y magistrados carece de soporte normativo. El CGPJ insiste en que, aunque está reconocido en la Constitución, no está regulado para los jueces. No obstante, no se prevén sanciones disciplinarias contras quienes participen. En cambio, se le descontará la parte proporcional del sueldo a aquellos que secunden los paros, como insta la carta remitida por el departamento que dirige Félix Bolaños.
Los jueces, a huelga
El CGPJ reclama que la convocatoria no debería afectar al reparto de asuntos, a los servicios de guardia, a las decisiones urgentes de instrucción, a los procedimientos para la tutela de derechos fundamentales, a los procesos o incidentes en que intervengan personas vulnerables, a las medidas cautelarísimas ni a cualquier otra decisión judicial inaplazable, ya que lesionaría derechos fundamentales. Tanto los vocales progresistas como los conservadores se han solidarizado con los profesionales que han superado una oposición, lo que supone un tirón de orejas al Gobierno, que pretende el acceso de 1.400 jueces y fiscales «por la puerta de atrás».
Los vocales recuerdan que ya se opusieron a la medida en su informe al anteproyecto de ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal. Consideran que la fórmula está injustificada por no ser una exigencia de la Comisión Europea, que sí aboga por la estabilidad de los profesionales. El CGPJ considera que el método que se pretende seguir «rebaja considerablemente los requisitos ordinarios para acceder a las carreras judicial y fiscal por el turno libre o por el denominado cuarto turno, menoscabando con ello el derecho fundamental a la igualdad en el acceso a las funciones públicas».
Jueces y fiscales anunciaron el pasado 17 de junio tres días de huelga para los días 1, 2 y 3 de julio. Antes, este sábado, se concentrarán frente al Tribunal Supremo para intentar que el Gobierno retire las dos reformas que impulsa, la de acceso a las carreras y el cambio de modelo del Ministerio Público. Los togados ya amenazaron con esta fórmula tras los paros simbólicos que realizaron el pasado 11 de junio en todas las sedes judiciales de España. Entonces, el seguimiento fue cercano al 70%. El Gobierno ha insistido en que continuará con la tramitación parlamentaria.
Los convocantes Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) seguirán adelante con la convocatoria de huelga pese al dictamen del CGPJ.
«Selección ideológica»
El Gobierno pretende dos reformas: con la primera modificará el acceso a las carreras judicial y fiscal. La segunda trata de cambiar la estructura del Ministerio Público para que la instrucción de las causas penales las hagan los fiscales. Las cinco asociaciones profesionales convocantes, todas excepto las de corte progresista, consideran que el nuevo sistema de acceso supone «un riesgo de selección ideológica». Además, abogan por un Ministerio Público «imparcial y autónomo» por «salud democrática».
El Consejo de Ministros aprobó a mediados de mayo el proyecto de ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal. El Gobierno iniciaba así la tramitación parlamentaria de la mayor reforma del sistema en 40 años. El texto transforma los mecanismos de acceso, formación y desarrollo profesional. Bolaños defiende que ese cambio de modelo persigue la igualdad de oportunidades, mientras que las asociaciones profesionales sostienen que afecta «gravemente» a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.