La Audiencia Nacional pide a la Interpol que capture al empresario beneficiado por el PNV

La Audiencia Nacional emitió este viernes una orden europea de búsqueda, detención e ingreso en prisión– que se comunicará a Interpol España- contra el presidente del Grupo Hafesa, Alejandro Hamlyn, que se encuentra en Dubai (Emiratos Árabes Unidos). THE OBJECTIVE ha tenido acceso al auto por el que se investigan las contraprestaciones económicas que recibió el policía Javier Luis Muñoz por parte del Grupo Hafesa a cambio de información secreta que se encuentra en la base de datos de la Policía Nacional y numerosos documentos y fichas.

Según el auto, se han revelado mensajes con diversas personas asociadas a Hafesa, principalmente altos directivos de la empresa -como el presidente ya mencionado, el CEO y el director de seguridad- en los que se emplea el mismo mecanismo de contacto y revelación de información de las bases de datos policiales. Hamlyn está siendo investigado en dos juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional. En el número 1 -que es el que ha emitido dicha orden- se investigan delitos de revelación de secretos, cohecho, tanto activo como pasivo, falsedad documental y delito electoral por los pagos a este policía a cambio de información sensible.

Por otro lado, en el juzgado de instrucción número 4, Hamlyn está imputado en la operación Drake, que investiga un presunto fraude de IVA de 154 millones de euros entre 2016 y 2019 y que está considerado como el mayor golpe dado nunca en España contra este tipo de actuación delictiva. En ese mismo caso se encuentra imputada también la operadora de hidrocarburos de su grupo, Hafesa Energía, que continúa hoy operando.

Hace unos días, el pasado 24 de junio a las 10 horas, iba a tener lugar la declaración -en calidad de investigado- de Hamlyn en el Juzgado de Instrucción número 1 por tener a sueldo a un policía. Pero el empresario Hamlyn plantó al juez y argumentó una supuesta prohibición de salida de Emiratos Árabes Unidos porque debe 7.000 euros. El 26 de junio, las acusaciones y el Ministerio Fiscal pidieron una orden de búsqueda y captura. Precisamente unas semanas antes, a finales de mayo, Hamlyn plantó también al juez del Juzgado de Instrucción número 4 por esos mismos motivos. Pero en este caso, el juez retrasó la vista un mes más.

Según adelantó este periódico, la Diputación de Vizcaya (controlada por el PNV), entre finales de 2013 y principios de 2024, permitió a varias empresas controladas por Hamlyn retrasar el pago del IVA (tributo por el que se investiga en la Audiencia Nacional a una de las empresas del grupo, además de al propio presidente) y de los impuestos especiales (lo que generó una gran controversia en el sector por dicha anomalía) por valor de 225 millones de euros desde 2019. Un escenario que permite al grupo actuar con mayor ventaja que sus competidores y que provocó el enfado del sector.

Hamlyn y el policía

Según el auto por el que se pide la orden de búsqueda y captura, Hamlyn y el policía investigado mantuvieron desde abril a noviembre de 2020 un gran número de conversaciones relacionadas con personas y empresas del sector de hidrocarburos. El policía accedía a las aplicaciones y bases de datos policiales para consultar personas y revelar la información de las mismas a Hamlyn. En total, los investigadores identificaron a 42 perjudicados por esta divulgación ilegal de datos personales contenidos en ficheros policiales.

«Cotejadas las respuestas de la Comisaria Especial de la Audiencia Nacional a la solicitud de comprobaciones sobre la existencia de justificación laboral de las consultas concretas a las bases de datos de la Policía Nacional realizadas por Javier Luis Muñoz, en relación con sus conversaciones con Alejandro Hamlyn, se constata que estas consultas carecen de justificación laboral», señala el auto. Por otro lado, subraya que «era especialmente destacable» un mensaje del policía Javier Luis a Hamlyn, donde le preguntaba que «cuándo se iba a ir con ellos (a Hafesa), que vaciaba su mesa del trabajo». Pero este recibía como respuesta que todavía «había mucho por hacer».

El policía no solo accedió a las fichas de otras personas o empresas que interesaban a Hamlyn. También lo hizo para conocer la información que tenía la policía sobre él. Todas estas actuaciones suponen, según el auto, delitos de revelación de secretos, contra la intimidad y de cohecho activo, lo que «podrían llevar aparejadas penas que podrían alcanzar los 16 años de prisión».

Pagos de 4.250 euros mensuales

Además, los investigadores hallaron en el análisis de los correos electrónicos del policía investigado diversos correos electrónicos que se intercambió con el director de seguridad del Grupo Hafesa, Juan Francisco Ruiz. En ellos se observa la solicitud de información sobre diversas personas y empresas. Estas averiguaciones tenían una contraprestación que, según los investigadores, recibía la cónyuge del agente, que, como autónoma, percibía los pagos de manera encubierta.

«Se han presentado evidencias de la recepción por parte de Javier Luis Muñoz de Morales Madridejos, a través de su esposa, también investigada, Vanesa G.P., de 4.250 euros mensuales por parte del Grupo Hafesa desde noviembre de 2022 hasta el mes de la detención», señala el auto.

Por último, el fiscal pide no solo la orden internacional de búsqueda y detención, sino también la solicitud formal de extradición. El juez resolverá esto último en un auto aparte. Contra este auto cabe recurso de reforma o recurso de reforma y subsidiario de apelación en el plazo de tres días ante este Juzgado Central de Instrucción o, en su caso, recurso de apelación directo, en un solo efecto, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y en el plazo de cinco días.