El tribunal de cuentas mexicano destapa casos de corrupción en las obras del Tren Maya

El ente fiscalizador mexicano -la Auditoría Superior de la Federación (ASF)-, homólogo del Tribunal de Cuentas español aunque con funciones más limitadas, ha destapado numerosas irregularidades en las obras del Tren Maya. Los sobrecostes, la falta de planificación, incluso contratos fantasma y pagos a personal inexistente, además de demoras sin justificar, forman parte de las múltiples incidencias que ha detectado el fiscalizador vinculado a la Cámara de Diputados mexicana. Además, hay centenares de miles de metros cuadrados de terreno comprados y que no serán utilizados para la obra.

En paralelo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, dependiente de la presidenta Claudia Sheinbaum, admite que está investigando las obras del Tren Maya. Sin embargo, asegura que de momento no tiene constancia de irregularidades. Algunas de las obras que en las que la ASF ha encontrado anomalías tienen que ver con contratos en los que participan empresas españolas. En torno a una decena de compañías españolas, algunas salpicadas de una u otra forma por la trama Ábalos, obtuvieron importantes contratos tras la gira mexicana en febrero de 2019 del exministro y el comisionista Víctor de Aldama.

Las decenas de auditorías de ASF, a las que ha tenido acceso exclusivo THE OBJECTIVE, ya que han sido eliminadas de internet, muestran la relevancia de sobrecostes. Esta iniciativa faraónica fue impulsada por el morenista Andrés Manuel López Obrador, presidente de México hasta finales de septiembre del año pasado. El presupuesto inicial rondaba los 5.700 millones de euros, pero en apenas cinco años se ha disparado a 23.300 millones. La mayor parte de este aumento tiene que ver con irregularidades y sobrecostes. Junto a esto, los retrasos en las obras, las deficiencias, los incendios y los descarrilamientos se han convertido en habituales en el controvertido proyecto.

Ábalos y el Tren Maya

Cerca de una decena de empresas españolas privadas y públicas participan en el mastodóntico proyecto que se inauguró a finales de 2019. La implicación española tiene como precedente la gira mexicana del exministro José Luis Ábalos y el comisionista Víctor de Aldama en febrero de 2019. En este viaje se establecieron contactos para introducir a empresas españolas en grandes proyectos de infraestructuras. Los tres participantes en la gira de tres días están acusados del amaño de obras a cambio de comisiones.

Además de tres empresas señaladas de una u otra forma en los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) o dentro de la trama Ábalos –Azvi, Acciona e Ineco-, hay otras compañías que han estado presentes en el proyecto mexicano. Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Renfe y las filiales mexicanas de Sener, UG21 y Typsa participan de diferente forma, algunas en consorcio, en la megaobra. La empresa española Grupo Typsa obtuvo un contrato de 573,4 millones de pesos (22,3 millones de euros) para hacerse cargo de la oficina de gestión del proyecto Tren Maya.

Fiscalización por tramos

Mientras, AZVI -acusada de sobornos por Aldama- se hizo, en consorcio con la mexicana INDI, con el tramo tres del Tren Maya. Este tamo ha terminado costando 1.210 millones de euros, mucho más del doble de lo previsto. Posteriormente, AZVI-INDI fueron contratados por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) para construir 20 kilómetros del Tramo 5 Sur, por 175,3 millones de euros. Por su parte, Acciona logró un tramo clave, valorado en más 700 millones, pero fue apartada en 2022. Ahora reclama una indemnización millonaria. Ineco, que fichó a Jésica Rodríguez, amante de Ábalos, un mes después de la gira del ministro se hizo con un pliego de 13,2 millones.

El órgano técnico de la Cámara de Diputados de México, encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales, ha centrado buena parte de su labor en el Tren Maya. El organismo revisa cómo se gasta el dinero de todos los mexicanos, asegurándose de que se utilice de manera eficiente, legal y transparente. 

Daño medioambiental

Una de las últimas auditorías, relativa a 2023, destaca un sobrecoste de 22,76 millones de euros por una obra inexistente en el tramo 1. Este se desarrolla entre Palenque y Escárcega. Este pago corresponde a un contrato de 2,921 millones de pesos -113,6 millones de euros.-con el Consorcio Lamat (la portuguesa Mota-Engil -con sucursal en México- y China Communications Construction Company).

En este tramo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no acreditó las actividades de extracción, traslado, reforestación y mantenimiento de las plantas. Esto es relevante, ya que el Gobierno se había comprometido a no talar árboles hasta marzo de 2024. En ese momento se acreditó la tala de siete millones de árboles.

AZVI y UG21

En el tramo 5 Sur, de Playa del Carmen a Tulum, se identificaron pagos por 7,46 millones de euros vinculados a inconsistencias en el material y en las pruebas de calidad de la obra, mientras que otro pago de 122 millones de pesos fue cuestionado debido a la contratación de una grúa que no se usó. La sevillana AZVI se incorporó para la construcción de 20,7 kilómetros de 60 de este tramo, uno de los más complicados del Tren Maya. Sin embargo, la auditoría no menciona a la española. Mientras, la supervisión de obras en este tramo 3 corre a cargo de la también sevillana UG21, que recayó en AZVI.

La ASF destacó que en al menos 15 contratos diferentes de 2023 en siete de los ocho tramos del Tren Maya, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) –responsable de la construcción– hizo posibles pagos en exceso por más de 900 millones de pesos -35 millones de euros-. Mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), contratada para la ejecución de los tramos 5 norte, 6 y 7, incementó el presupuesto en 356 millones de pesos -13,84 millones de euros-.

Fonatur, Typsa y Sener

En otra de las auditorías se señalan sobrepagos y trabajos no previstos en este tramo 2, de 235 kilómetros, incluyendo la construcción de este paso peatonal, lo que ha generado críticas sobre la eficiencia y transparencia del proyecto. En estas obras participan la española en FCC junto a la mexicana Cicsa.

Otra de las auditorías señala sobrecostes en la ingeniería básica, en la que participa Senermex, filial mexicana del grupo español Sener, junto a otras empresas. La fiscalización evidenció que Fonatur autorizó pagos indebidos por 1,5 millones de euros por la incorrecta integración de los precios unitarios del contrato. Así, se contemplaron tiempos superiores del personal considerado en la mano de obra con respecto a los tiempos establecidos en los programas de trabajo de la propuesta económica. Mientras, otro de los contratos evaluados en los que participa Senermex es valorado positivamente por su correcta aplicación de los impuestos.

En una de las primeras auditorías, el fiscalizador señala que Fondo Nacional de Fomento al Turismo no verificó el cumplimiento de los alcances y términos establecidos en el contrato con la empresa Mextypsa por la asesoría técnica del Tren Maya para la estructuración del proyecto integral y la contratación de la ingeniería básica. «Las acciones tomadas por la empresa encargada han ido en detrimento de la entidad fiscalizada, misma que las ha llevado a cabo sin mayor consideración», señalaba el informe. Mextypsa es la filial mexicana del Grupo Typsa.