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La mirilla

El marido de Pardo de Vera dio otro pelotazo urbanístico en La Coruña

La alcaldesa anunció semanas más tarde que la expresidenta de ADIF dirigiría el nuevo plan estratégico de la ciudad

El marido de Pardo de Vera dio otro pelotazo urbanístico en La Coruña

Isabel Pardo de Vera el pasado 30 de mayo en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado. | A. Pérez Meca (Europa Press)

Diseño innovador y privilegiadas vistas al mar. El Grupo Arial construye uno de los desarrollos urbanísticos más importantes de La Coruña a solo 800 metros de la playa de Riazor. Su consejero delegado es Juan Manuel Álvarez, marido de Isabel Pardo de Vera. Después de más de una década de gestiones, la promotora consiguió en marzo del año pasado la licencia definitiva para iniciar el proyecto de 3.600 viviendas. La decisión levantó suspicacias en la oposición porque se produjo apenas unas semanas antes de que la alcaldesa de la ciudad, la socialista Inés Rey, anunciara a la expresidenta de ADIF como directora del Plan Estratégico 2030-2050. Nunca llegó a tomar posesión. Renunció meses más tarde, en octubre, alegando «controversias políticas artificiales».

Las sospechas sobre los pelotazos urbanísticos del marido de Pardo de Vera se remontan a 2016. ADIF realizó en febrero de ese año una subasta de cinco parcelas, dos en Santiago de Compostela. Promociones y Gestiones del Tambre pagó 3,2 millones de euros por la de mayor superficie. La puja por el segundo solar quedó desierta, pero acabó en poder de la misma firma en virtud del artículo 137 de la ley de patrimonio de las Administraciones Públicas, que prevé como causa de adjudicación directa que la subasta haya quedado desierta siempre que no haya transcurrido un año y que se enajene en las mismas condiciones.

El Grupo Arial levantó en ambos terrenos Cornes Espacio Residencial, un proyecto de 125 viviendas de lujo repartidas en tres edificios proyectados en el nuevo ensanche de Santiago por los arquitectos Manuel Carbajo y Celso Barrios. Los mismos que han diseñado Visma en La Coruña. Su alcaldesa, Inés Rey, presentó con boato en abril del año pasado el Plan Estratégico 2030-2050, una «segunda modernización de la ciudad» con una partida inicial de 200.000 euros que, según fuentes municipales, nunca se llegaron a utilizar.

El plan de Pardo de Vera

Rey anunció que el proyecto estaría dirigido por Pardo de Vera y pilotaría en tres ejes: económico, bienestar social y planificación urbana. Desde el Consistorio señalan que la ingeniera gallega no recibió ninguna retribución, ya que nunca llegó a tomar posesión del cargo. Además, descartan cualquier operación para beneficiar a su marido porque los terrenos de Visma «son privados y figuran como están en el planeamiento del 2013». Este diario ha tratado sin éxito de contactar con el Grupo Arial para conocer su versión.

El desembarco de la expresidenta de ADIF en el proyecto, no obstante, soliviantó a los coruñeses. La coincidencia en el tiempo con la licencia urbanística para su marido encendió las alarmas. Dos asuntos a priori distintos en los que muchos vieron algo extraño. Las sospechas se acrecentaron con el paso de los días, ya que Pardo de Vera seguía sin tomar posesión del cargo. La cuestión implosionó cuando el PP denunció en julio la existencia de un conflicto de intereses por su relación con Ginkgo Advisor.

El fondo internacional firmó esos días un convenio con el Ayuntamiento de La Coruña para desarrollar un proyecto residencial en As Xubias, un barrio marinero de casas bajas que pretendía remodelar de la mano del prestigioso arquitecto británico David Chipperfield. El PP instó a Pardo de Vera a reconocer que había estado colaborando con el proyecto. De hecho, le afeó que hubiese asesorado a Ginkgo en otro pelotazo urbanístico anterior en Asturias.

Pardo de Vera renunció en octubre a dirigir el Plan Estratégico 2030-2050 y a seguir en la comisión de Coruña Marítima, donde la incluyó el Gobierno municipal con el objetivo de reordenar el espacio portuario. La expresidenta de ADIF explicó en un comunicado que tomaba la decisión «con el objetivo fundamental de evitar que controversias políticas artificiales sigan afectando el progreso de un plan estratégico en el que la ciudad se juega demasiado». 

Vínculo con Gingko

«No estoy dispuesta a que estas maledicencias sigan afectando al equipo de Gobierno y a mí misma», indicó Pardo de Vera. La ingeniera gallega denunció «una serie de acusaciones infundadas sobre mí», en alusión a las noticias que le vinculaban con Ginkgo. E insistió: «Mi colaboración se ciñe únicamente al proyecto de regeneración urbana de la Fábrica de Gas de Oviedo. No he realizado ninguna gestión, reunión o colaboración relacionada con los proyectos que puedan desarrollar en La Coruña».

Las «noticias falsas» sobre su colaboración con Gingko no fueron las únicas que escocieron a Pardo de Vera, que negó que su negativa a firmar el contrato con el Ayuntamiento de La Coruña estuviese relacionado con seguir cobrando la compensación que recibía como ex secretaria de Estado. «Quiero dejar constancia de que el pasado mes de enero renuncié voluntariamente a dicha remuneración, que hubiese podido disfrutar el presente año», puntualizó.

Pardo de Vera está imputada en la Audiencia Nacional por su supuesta participación en la contratación de Jésica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, en dos empresas públicas. El juez ha suspendido sin fecha su declaración, que estaba prevista para el 1 de julio. Es la segunda vez que lo hace. La pareja del exministro estuvo contratada casi tres años en Ineco y Tragsatec, aunque reconoció en el Tribunal Supremo que no acudía a trabajar. La UCO ha descubierto mensajes entre la expresidenta de ADIF y Koldo García para favorecer a la joven.

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que Pardo de Vera también tuvo un papel «determinante» en el supuesto amaño de contratos públicos a favor de la trama por la que presuntamente habrían cobrado mordidas Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. Los investigadores sostienen que la presidenta de ADIF entre junio de 2018 y julio de 2021 se valía del entonces director general de Carreteras Javier Herrero para «la manipulación» de procesos de contratación.

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