Cerdán dice que rechazó comprar el 45% de Servinabar y decidió volver a ser electricista

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, para quien la Fiscalía solicita prisión provisional, ha reconocido este lunes ante el Tribunal Supremo que conocía la existencia de la escritura de compraventa -firmada por él mismo- en la que se le traspasaba el 45% de la constructora Servinabar. La firma navarra involucrada en la presunta manipulación de adjudicaciones a cambio de mordidas. Sin embargo, dice que pidió al empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola que rompiese el documento, que la compra era una posible salida profesional si se acababa su carrera política y que finalmente, por consejo de su mujer, decidió que de salir de la vida pública volvería a trabajar como electricista, su profesión anterior.

Preguntado Cerdán en el Supremo si conoce el documento de compraventa de Servinabar, el exsecretario de Organización socialista señala que era para «elevar a escritura y que no se elevó». Que «nunca ejerció el pago» para formar parte del accionariado de la sociedad, a pesar de que el propio documento estipula que el pago se satisfizo correctamente.

Según Cerdán, lo importante a la hora de analizar esta escritura es el «contexto», que en aquel momento la campaña electoral de 2016 había fracasado y pensó dejar la política. Hablando con Antxón, por su amistad, este le dijo que iba a abandonar la política y que éste había montado una empresa «de vending y seguridad». La misma que luego se convertiría en constructora poco antes de obtener uno de los mayores contratos de obra pública de Navarra: el polémico desdoblamiento del túnel de Belate, una obra en la que su mesa de contratación señaló numerosas irregularidades en el proceso de adjudicación. En total, 76 millones de euros públicos.

Sin embargo, según la versión de Cerdán, tras la firma lo comentó con su mujer. Durante un fin de semana hablaron de la posibilidad de comprar ese 45% de Servinabar a cambio de 6.000 euros, pero su esposa le dijo «que no abandonase la política». Y que de hacerlo, volviese «a su anterior trabajo», en una empresa alimentaria en la que ejercía de técnico de mantenimiento especializado en electricidad. Así consta en su declaración ante el Supremo, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Tras ese fin de semana, asegura Cerdán, le pidió al dueño de Servinabar que rompiese la escritura de compraventa que finalmente fue hallada en un maletín por parte de la UCO durante el registro, el pasado 10 de junio, de la vivienda de Joseba Antxón Alonso.

Prisión para Cerdán

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el ingreso en prisión provisional para Santos Cerdán, al que identifica como «el cabecilla de la red». Esta misma medida ha sido reclamada por las acusaciones populares contra el ex secretario de Organización del PSOE, quien este lunes negó ante el Tribunal Supremo haber percibido comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones irregulares en la obra pública. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Cerdán tuvo «una intervención activa en la administración de los fondos» y lo sitúan como uno de los impulsores de la operativa que se remonta a hace una década en Navarra, en el marco de su colaboración con Koldo García, autor de las grabaciones que lo comprometen. Fuentes conocedoras del caso aseguran a THE OBJECTIVE que el político navarro se presentó ante el juez como víctima de una campaña orquestada por sus contactos con PNV y Bildu.

La comparecencia de Cerdán se produce tan solo unos días después de que Koldo García y José Luis Ábalos también comparecieran ante el Supremo. El primero optó por guardar silencio, mientras que el exministro rechazó haber participado en el cobro de mordidas ligadas a contratos públicos. Ábalos, al igual que ahora Cerdán, aseguró no reconocerse en los audios aportados a la causa y sugirió que podrían haber sido alterados. Durante su testimonio, que se prolongó durante hora y media, evitó señalar a Cerdán o implicar a terceros.

Aunque las acusaciones reclamaron prisión para ambos, el magistrado Leopoldo Puente decidió mantener las medidas cautelares que ya estaban en vigor, tal y como había solicitado el Ministerio Público. Estas medidas, adoptadas en diciembre, incluyen la prohibición de abandonar el territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer regularmente ante el juzgado, y afectan a Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Ahora, Anticorrupción eleva la presión sobre Cerdán al considerar que existe riesgo de fuga y posible destrucción de pruebas.