Gallardo no recurrirá la decisión del Tribunal Superior y será juzgado por la Audiencia
El socialista apunta que si su decisión “se ha interpretado de manera distinta es porque algo no se ha hecho bien»
El secretario general del PSOE extremeño y diputado autonómico, Miguel Ángel Gallardo.
El secretario general del PSOE extremeño y diputado autonómico, Miguel Ángel Gallardo, no recurrirá la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) de devolver al Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz la causa abierta contra él por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz.
A través de un escrito remitido por el PSOE de Extremadura, Gallardo expone que, si bien su defensa considera que existen argumentos jurídicos suficientes para la interposición de un recurso contra el auto del TSJEx, ha decidido no recurrirla. Adopta dicha decisión, según se recoge, por “responsabilidad política y por coherencia con los principios que orientan» su trayectoria pública.
Desde el primer momento, tal como se expone en el comunicado, su incorporación a la Asamblea de Extremadura “no obedeció a la finalidad de adquirir la condición de aforado» y sí para ejercer las funciones que corresponden al líder de la oposición, para lo que, como paso previo, debía tomar posesión como diputado autonómico y poder participar así en el Debate sobre el Estado de la Región, el cual tuvo lugar la pasada semana.
No obstante, se añade que si la adquisición de la condición de diputado “se ha interpretado de manera distinta es porque algo no se ha hecho bien».
En este sentido, se expone que “la premura” con la que se tramitó su credencial como diputado autonómico “respondió exclusivamente a esa voluntad política, la de participar en el debate sobre el Estado de la Región”.
A este respecto, expone que Alberto Núñez Feijóo y Miguel Tellado accedieron la condición de senadores tras la renuncia de otros miembros de su formación política (PP) y “no se suscitaron críticas de similar intensidad» a las recibidas por Gallardo.
Para el líder de los socialistas extremeños, lo relevante no es qué órgano jurisdiccional instruya una causa sino que la administración de justicia “actúe con plena independencia, sometida al imperio de la ley y con las debidas garantías procesales”.