Transparencia obliga a Moncloa a aclarar por qué Begoña Gómez tiene un correo oficial

El Gobierno se ve obligado a dar explicaciones por Begoña Gómez. Después de que la Unidad Central Corporativa (UCO) de la Guardia Civil descubriera hace unos meses, en el marco de su investigación sobre David Sánchez, que la esposa de Pedro Sánchez disponía de un correo electrónico oficial de Presidencia sin ostentar ningún cargo, Moncloa ha ofrecido finalmente su versión de los hechos. Y lo hace tras recibir el requerimiento del Portal de Transparencia, mediante un escrito de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno al que ha tenido acceso en exclusiva THE OBJECTIVE.

Según la explicación de Moncloa, ofrecida tras la noticia publicada en Okdiario sobre el hallazgo de la UCO, “tradicionalmente se les ha dotado de una cuenta de correo electrónico corporativa” a las cónyuges de todos los presidentes del Gobierno. En el comunicado, se justifica que estas cuentas se habilitan para facilitar “las comunicaciones generales que se requieren tanto para el mantenimiento de la seguridad de las instalaciones y de las personas” del palacio como para “la gestión de cualquier actuación de la Presidencia del Gobierno que pudiera afectarles”. 

En el dosier elaborado por la UCO sobre David Sánchez, tras analizar todos sus correos electrónicos, constan al menos tres conversaciones que el hermano del presidente del Gobierno intercambió con su cuñada, Begoña Gómez. Lo llamativo es que la esposa de Pedro Sánchez utilizaba una dirección oficial de Presidencia, con el dominio «presidencia.gob.es». Según publicó el citado medio, ni Elvira Fernández -esposa de Mariano Rajoy- ni Sonsoles Espinosa -mujer de José Luis Rodríguez Zapatero- contaron con un correo oficial. Sin embargo, la versión ofrecida ahora por el Ejecutivo sostiene que todas ellas dispusieron de este recurso desde el primer día que pisaron el Palacio de la Moncloa.

Begoña Gómez se aprovechó de Sánchez para «vender favores»

En torno al llamado caso Begoña Gómez, el pasado 16 de mayo la Audiencia Provincial de Madrid resolvió que la esposa de Pedro Sánchez se habría aprovechado “de su proximidad al presidente para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias a cambio de contraprestaciones de la más diversa índole”. Esa misma jornada, los magistrados de la sección 23 decidieron excluir del caso la investigación sobre el rescate a Air Europa. El auto judicial, al que tuvo acceso THE OBJECTIVE, resolvía diversos recursos de apelación interpuestos tanto por la propia Begoña Gómez como por la Fiscalía y otros investigados. En su resolución, la Audiencia Provincial levantó la imputación para dos de ellos: el exconsejero madrileño José Manuel Güemes y el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache.

El escrito señala que los posibles delitos cometidos por Begoña Gómez a través de la Cátedra de Transformación Social Competitiva también forman parte de la instrucción. Los magistrados recuerdan la participación de Juan Carlos Barrabés como profesor asociado por su «cercanía» a la esposa de Sánchez, que suscribió sendas cartas de recomendación a favor del empresario en unas adjudicaciones de Red.es, un asunto que continúa bajo investigación.

La Fiscalía Europea imputa a Barrabés

Un año después de que el juez Peinado se inhibiera del caso en favor de la Fiscalía Europea, el pasado 19 de junio, los fiscales europeos imputaron a Barrabés tras hallar indicios de irregularidades en los contratos que avaló Begoña Gómez a través de unas cartas de recomendación. Detectaron posibles manipulaciones en los concursos públicos que beneficiaron al empresario, y los investigadores respaldan la labor de Peinado al considerar justificadas las acusaciones iniciales de apropiación indebida, tráfico de influencias y prevaricación que originaron las diligencias contra la mujer de Pedro Sánchez. El órgano encargado de investigar los delitos que atentan contra los intereses financieros de la UE también imputó a un directivo de Red.es.

La Fiscalía Europea lleva un año revisando los contratos, que se financiaron con fondos comunitarios. Durante este tiempo, los fiscales han trabajado con sigilo, ya que el caso estaba bajo secreto. Este se levantó el pasado 30 de mayo, fecha en la que se dictó la orden de citar como imputados a Barrabés y al directivo de Red.es. El órgano europeo asumió el caso después de que Peinado le informara de que Innova Next SLU (de forma individual o conformando UTE con terceras empresas) había concentrado una serie de contratos públicos tras unas cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez.