La Justicia anula el aforamiento del líder del PSOE de Extremadura por fraude de ley
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura devuelve la investigación de Gallardo al juzgado de instrucción
El líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, durante su toma de posesión como diputado regional. | Andrés Rodríguez (Europa Press)
Varapalo judicial para Miguel Ángel Gallardo. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha declarado su falta de competencia objetiva para juzgar al líder del PSOE regional por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los magistrados critican y anulan su aforamiento exprés. Consideran que buscaba quitarle el caso al juzgado de instrucción que abrió la causa, que continuará con una investigación en la que hay otros diez imputados. La resolución no es firme, ya que se puede presentar un recurso de casación ante la Sala Penal del Tribunal Supremo.
En el auto, los tres magistrados observan fraude de ley en el aforamiento del líder del PSOE en Extremadura. El texto subraya que «no estamos ante una sobrevenida adquisición de la condición de diputado, y por ende, de la de aforado, tras la celebración de elecciones a la Asamblea de Extremadura, sino ante una concatenación de actos indicativos de que se busca precipitadamente el aforamiento para eludir la competencia del juzgado de instrucción y de la audiencia provincial». La juez Beatriz Biedma elevó una exposición razonada al TSJEx el pasado 9 de junio, días después de que Gallardo se convirtiera en aforado.
La resolución insisten en que el líder del PSOE extremeño maniobró de manera «apresurada y torticera» para ser nombrado diputado regional. Gallardo negó que buscara conseguir el aforamiento e insistió en que daba ese paso porque la Cámara regional era el mejor lugar para «combatir» al Gobierno de María Guardiola, del PP. En enero en la televisión autonómica rechazó tomar el acta hasta que no se cerrara el caso de David Sánchez.
Renuncias en el PSOE
«El modo apresurado de proceder (mediante un claro acuerdo de voluntades) a las renuncias de los cuatro candidatos a ser proclamados electos que anteceden al Sr. Gallardo en la candidatura: el mismo día 19 de mayo y, casualmente, ese mismo día todos por razones personales y profesionales; desplazándose, …… un notario a la sede del PSOE regional, en la que se encontraban los candidatos/as, pese a que tres de ellos residen en diferentes localidades alejadas de Mérida; haciendo sus manifestaciones de renuncia a ser proclamados electos sucesivamente, atendiendo al número de las escrituras, pero en prácticamente unidad de acto; sin que aún hubiera renunciado la diputada; comunicándolas a la Junta Electoral el secretario regional de organización del partido, y sin que conste documento de ratificación de la libre y voluntaria decisión de renuncia ante la Mesa, una vez efectuada la de Dª María Cruz», señala el auto.
Este diario ya avanzó a principios de junio que se trató de una operación orquestada, ya que tanto la diputada que rechazó al acta como los cuatro aspirantes que precedían a Gallardo renunciaron de forma coordinada. Las acusaciones populares advertirton de que las maniobras del líder del PSOE suponían un fraude de ley. Vox, Manos Limpias y Liberum denunciaron la treta que, en su opinión, buscaba dilatar o cambiar el escenario del juicio por la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz.
La Sala también aclara que en esta causa concreta «poco hubiera importado cuándo se hubiera dictado finalmente el auto de apertura de juicio oral a efectos de nuestra competencia», siempre que no se hubiera constatado «un indicio inequívoco» de una eventual manipulación del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley. También reprocha al líder del PSOE extremeño la maniobra, que «contribuye a extender el recelo (entre la ciudadanía) de que las últimas instancias son más comprensivas con determinadas conductas».
Los magistrados señalan que contar con aforamiento «no comporta impunidad. Sembrar la duda sobre la independencia de unos órganos del Poder Judicial o de algunos de los magistrados sobre otros, como si unos fueran más independientes o profesionales que otros, además de no adecuarse a la realidad, constituye un ataque injusto a los principios de independencia judicial y de sujeción por jueces y tribunales únicamente al imperio de la ley, como preceptúa el artículo 117.1 de la Constitución».
La maniobra de Gallardo
Gallardo tomó posesión como diputado de la Asamblea de Extremadura el pasado 29 de mayo. Culminaba así el anuncio que hizo el 16 de mayo, solo un día antes de que la juez Beatriz Biedma abriera juicio oral contra él y otras diez personas por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz considera que las diligencias de investigación han evidenciado la existencia de «claros indicios de criminalidad» en la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, ente que el líder de los socialistas extremeños presidió hasta el 30 de mayo.
El líder del PSOE extremeño iba en el número 23 de la candidatura provincial en las autonómicas celebradas en mayo de 2023, un año antes de que se iniciara la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. La formación obtuvo 16 escaños en los comicios, pero dos parlamentarios electos dimitieron y corrió la lista. Para que Gallardo tomara el acta hacía falta que dimitiera un diputado y que otras cuatro personas rechazaran recogerla: los candidatos del 19 al 22.
El procedimiento se puso en marcha con la dimisión de la diputada regional María de la Cruz Rodríguez Vegazo. La dirigente socialista presentó su renuncia en la Asamblea de Extremadura el 20 de mayo. El mismo día que la Cámara regional recibió las renuncias para tomar el acta de las cuatro personas que antecedían en la lista al líder socialista: Pedro Blas Vadillo, Virginia Borrallo, Juan Francisco Ceballos y María Dolores Fernández Luengo.
Como avanzó este diario, los cuatro potenciales sustitutos de Rodríguez Vegazo acudieron el 19 de mayo al mismo notario de Mérida, Gonzalo Fernández Pugnaire, para certificar su renuncia «libre y voluntaria» a ser proclamados diputados regionales. Las escrituras a las que ha tenido acceso este diario, todas idénticas, exponen que «por motivos estrictamente personales y profesionales» los candidatos rechazan tomar el acta. Lo curioso del caso es que dieron fe de su intención un día antes de que la parlamentaria lo comunicara oficialmente a la Asamblea.