Una acusación pide retirar el acta de forma temporal al líder del PSOE de Extremadura

Nuevo intento de Liberum para que la Justicia retire de forma temporal el acta de diputado al líder del PSOE de Extremadura. La asociación, una de las acusaciones populares personadas en el caso de David Sánchez, ha solicitado la medida de nuevo por la vía de urgencia a través de una cautelarísima. Lo hace justo cuando el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha anulado el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo por fraude de ley. En un escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la organización reclama esta «importante función preventiva» para eludir el «intento elusivo con la aplicación de la norma que se pretendía evitar».

El TSJEx ya rechazó a principios de junio la cautelarísima que solicitó Liberum, que tildó la maniobra del líder del PSOE de fraude de ley, el mismo argumento que ha utilizado este lunes la Sala Civil y Penal del tribunal para anular su aforamiento. Los magistrados sostienen que consiguió el acta tras «una concatenación de actos indicativos de que se busca precipitadamente el aforamiento para eludir la competencia del juzgado de instrucción y de la Audiencia Provincial».

Gallardo ha anunciado que no recurrirá la decisión al Tribunal Supremo para demostrar que su único interés al tomar el acta era liderar la oposición en la Asamblea. Eso a pesar de que su defensa considera que existen argumentos jurídicos suficientes para interponer un recurso. No lo hará «por responsabilidad política y por coherencia con los principios que orientan su trayectoria política», asegura el PSOE en un comunicado remitido a los medios de comunicación a media tarde del lunes.

Fraude de ley

La juez Beatriz Biedma elevó una exposición razonada al TSJEx el pasado 9 de junio, días después de que Gallardo se convirtiera en aforado. La magistrada, que ya denunció fraude de ley, continuará con las pesquisas hasta cerrar la instrucción, según la resolución acordada este lunes. La decisión abre la puerta a que el líder del PSOE extremeño sea juzgado en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del hermano del presidente del Gobierno en 2017, junto a otros diez procesados, entre ellos David Sánchez.

La decisión ha llevado a Liberum a pedir de nuevo la cautelarísima al considerar que reúne el requisito del fumus boni iuri, dado que «para el citado tribunal, en la fase de dirimir la aceptación de competencia para el enjuiciamiento del supuesto aforado se ha decantado por su inadmisión por considerar que dicho aforamiento se produjo en fraude de ley, con cuanta más razón no debe apreciarse esta apariencia de buen derecho en la medida cautelarísima del presente procedimiento». En caso de no estimarse, la asociación pide que se estime la medida cautelar.

Los servicios jurídicos de Liberum sostiene que la decisión de la Sala Civil y Penal deja al líder del PSOE de Extremadura sin aforamiento, pero no anula los actos administrativos, por lo que sigue ejerciendo como diputado. Esto es, sigue votando iniciativas en la Cámara regional y cobrando por ello. Si la Sala de lo Contencioso del TSJEx considera la cautelarísima, los actos de la Junta Electoral y de la Asamblea extremeña serían nulos y, por lo tanto, Gallardo perdería temporalmente su condición de parlamentario.

La resolución del TSJEx insiste en que el líder del PSOE extremeño maniobró de manera «apresurada y torticera» para ser nombrado diputado regional. Gallardo negó que buscara conseguir el aforamiento e insistió en que daba ese paso porque la Cámara regional era el mejor lugar para «combatir» al Gobierno de la popular María Guardiola. En enero, en la televisión autonómica, rechazó tomar el acta hasta que no se cerrara el caso de David Sánchez.

Renuncias coordinada

Este diario ya avanzó a principios de junio que se trató de una operación orquestada, ya que tanto la diputada que rechazó al acta como los cuatro aspirantes que precedían a Gallardo en la lista renunciaron de forma coordinada. Las acusaciones populares advirtieron de que las maniobras de Gallardo suponían un fraude de ley. Vox, Manos Limpias y Liberum denunciaron la treta que, en su opinión, buscaba dilatar o cambiar el escenario del juicio por la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz.

Gallardo tomó posesión como diputado de la Asamblea de Extremadura el pasado 29 de mayo. Culminaba así el anuncio que hizo el 16 de mayo, solo un día antes de que la juez abriera juicio oral contra él y otras diez personas por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz considera que las diligencias de investigación han evidenciado la existencia de «claros indicios de criminalidad» en la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, ente que el líder de los socialistas extremeños presidió hasta el 30 de mayo.

Gallardo iba en el número 23 de la candidatura provincial en las autonómicas celebradas en mayo de 2023, un año antes de que se iniciara la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. La formación obtuvo 16 escaños en los comicios, pero dos parlamentarios electos dimitieron y corrió la lista. Para que Gallardo tomara el acta hacía falta que dimitiera un diputado y que otras cuatro personas rechazaran recogerla: los candidatos del 19 al 22.

El procedimiento se puso en marcha con la dimisión de la diputada regional María de la Cruz Rodríguez Vegazo. La dirigente socialista presentó su renuncia en la Asamblea de Extremadura el 20 de mayo. El mismo día que la Cámara regional recibió las renuncias para tomar el acta de las cuatro personas que antecedían en la lista al líder socialista: Pedro Blas Vadillo, Virginia Borrallo, Juan Francisco Ceballos y María Dolores Fernández Luengo.

Como avanzó este diario, los cuatro potenciales sustitutos de Rodríguez Vegazo acudieron el 19 de mayo al mismo notario de Mérida, Gonzalo Fernández Pugnaire, para certificar su renuncia «libre y voluntaria» a ser proclamados diputados regionales. Las escrituras a las que ha tenido acceso este diario, todas idénticas, exponen que «por motivos estrictamente personales y profesionales» los candidatos rechazan tomar el acta. Lo curioso del caso es que dieron fe de su intención un día antes de que la parlamentaria lo comunicara oficialmente a la Asamblea.