El Supremo apunta a la financiación irregular del PSOE con un «botín» de cinco millones

Un «botín» de más de cinco millones de euros. Esa es la cantidad que habría repartido la trama en concepto de mordidas a cambio de amaños en obra pública. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente envió este lunes a prisión a Santos Cerdán, al que atribuye un rol de «cierta preeminencia» en la red. El magistrado, en línea con las sospechas de la Guardia Civil, apunta a una posible financiación irregular del PSOE al considerar que «más personas físicas o jurídicas» se habrían lucrado con las comisiones ilegales por las que se investiga al ex secretario de Organización de los socialistas, al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García.

Puente decretó este lunes prisión provisional, comunicada y sin fianza para Cerdán, al que imputa delitos de participación en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. El ex número tres del PSOE niega cualquier vínculo con la trama. El auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE señala que el montante con el que se habría beneficiado Acciona alcanza los 537 millones de euros. Las obras señaladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se localizan en las provincias de Murcia, La Rioja, Sevilla y Barcelona.

La resolución sostiene que en las conversaciones grabadas por Koldo García se percibe «como indebido premio económico» un beneficio de 550.000 euros a favor de Ábalos y su asesor. A esa cantidad habría que sumar otros 450.000 euros que hasta ese momento no habrían cobrado. El juez considera razonable que Cerdán también obtuviera «alguna clase de beneficio económico para sí y/o para tercero». Así se desprende de la «relación vertical» que mantenía con los otros dos investigados, por lo que parece «descartable» que actuara solo en beneficio de estos y de forma desinteresada.

Las cuentas del PSOE

El magistrado sostiene que el «botín» que presuntamente obtuvieron Ábalos y Koldo García, en torno al millón de euros, representa «un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas». E insiste: «Si el importe del premio económico por la indebida adjudicación de las obras hubiera constituido, por hipótesis, un 1% del valor de las adjudicaciones (porcentaje aún muy contenido en términos comparativos en otras operaciones semejantes), dicho premio equivaldría a una cantidad superior a los cinco millones de euros».

Se trataría, por tanto, de una cantidad varias veces mayor de la se habrían beneficiado indiciariamente Ábalos y Koldo García. Un escenario que, para el juez instructor, refuerza la idea de que «más personas, físicas o jurídicas», además de estas dos y Cerdán, se habrían lucrado con las adjudicaciones. En esa línea se mostró el último informe de la UCO, que ya sugería la existencia de una posible financiación irregular del PSOE.

Los investigadores basan sus sospechas en varias evidencias, algunas de ellas incluidas en el informe de la UCO que salió a la luz el pasado 12 de junio. En uno de los audios incluidos, Cerdán recriminó a Koldo García y a Ábalos ciertas contraprestaciones económicas, pero no las que recibían de Acciona. Además, Pedro Sánchez habría cesado a este último como ministro de Transportes porque tuvo conocimiento de las mordidas que habría cobrado de constructoras «de espaldas al partido».

«El propio Santos no reprobaba, por el contrario, estas contraprestaciones económicas directas hacia Ábalos y Koldo García procedentes de Acciona, que él mismo gestionaría», insiste el informe de la UCO. Los investigadores también mencionan el intento de Cerdán de conseguir un puesto en Indra: «Quien más pierde es el partido. El 80% era para donar al partido», indicó al asesor ministerial después de que Sánchez le cerrara las puertas de la empresa porque cotizaba en bolsa.

El reproche de Cerdán

El primero en señalar a Cerdán por cobrar mordidas fue Víctor de Aldama. El empresario afirmó en noviembre ante el juez que le pagó 15.000 euros porque Koldo García le pidió que le recompensara al haberle perjudicado en una operación del denominado «cupo vasco», que controlaba. El comisionista de las mascarillas investigadas indicó que el PSOE se embolsaba entre un 1 y un 1,5% de comisión por asegurar futuras licitaciones. Tras publicarse el último informe de la UCO reiteró sus palabras sobre una posible financiación irregular del partido en Cuatro y recordó que ya han caído sus dos últimos secretarios de Organización.

En otra de las conversaciones incluidas en el informe de la UCO, Koldo García avisa al ex director general de Carreteras Javier Herrero de que van a contactarle desde la gerencia del PSOE para pedirle «el impuesto». Los investigadores consideran que su participación fue «determinante» para conseguir los amaños de obra pública con los que se benefició la trama. La conversación vía WhatsApp se produce en marzo de 2022.

El asesor advierte al antiguo alto cargo de Transportes de que iba a darle su teléfono a la gerente del partido, nombrada meses atrás por Cerdán, para que le contactara para pagar a lo que muchos afiliados se refieren como «impuesto revolucionario». Unas horas más tarde, Koldo García le preguntó si le habían llamado desde la gerencia del partido. Herrero respondió que le habían enviado un formulario, pero sin especificar la partida que debía aportar. El PSOE ingresó por esta «cuota voluntaria» casi 10 millones de euros en 2023 y más de ocho el ejercicio pasado.

Los partidos políticos tienen dos vías de financiación. La primera, pública, incluye ayudas directas del Estado, aportaciones de grupos institucionales y subvenciones por resultados y envíos electorales. La última memoria anual publicada en su web, la de 2023, señala que el PSOE obtuvo ese año ingresos de casi 95 millones de euros a través de esta fórmula. A esa cantidad hay que añadir otros 29,5 millones de euros de origen privado en cuotas de afiliados, actividades propias y aportaciones de cargos públicos.