Guerra de cifras por la huelga: los jueces dicen que el 75% la secunda y Bolaños rebaja al 28%

La huelga de jueces y fiscales va por bandos. Las cinco asociaciones convocantes (todas excepto las progresistas) la califican de éxito. Aseguran que el seguimiento durante la primera de las tres jornadas previstas superó el 75%. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha rebajado la cifra al 28,75%. «Cualquier parecido a la realidad» es «pura coincidencia», ha insistido. Las organizaciones critican la politización que está intentando hacer el dirigente socialista y reconocen que hay compañeros que no se suman a la protesta contra las reformas legales que prepara el Gobierno porque «hay miedo a represalias».

En la rueda de prensa que ofrecieron este lunes las asociaciones convocantes, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, precisó que los datos del 75% se basa en el número de emails que habían recibido en la cuenta de correo electrónico habilitada por el comité de huelga. Subrayó que son mensajes voluntarios de jueces y fiscales, ya que la comunicación no era obligatoria. La presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, incluyó en ese porcentaje a unos mil fiscales, de los 2.500 que integran la carrera.

Estos son los únicos datos disponibles, ya que ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ofrecerán cifra oficial al no dar por convocada la huelga al considerar que carece de sustento legal. El Ministerio de Justicia les ha pedido que hagan recuento para poder descontar el salario a los huelguistas, algo que los portavoces han considerado «normal». En una entrevista en la Cadena Ser, Bolaños ha rebajado las expectativas al reducir el seguimiento al 28,75%, tres veces menos de lo que estiman los convocantes.

Los datos de Bolaños

Las asociaciones descartan ese escenario. Explican a THE OBJECTIVE que disponen de datos «reales y directos». «Bolaños tendrá que decir quién le ha enviado esas cifras. El problema es que no esperaba tanta respuesta. Está acostumbrado a ganar el relato y esta vez va a ser complicado. Solo así se explica la ridícula convocatoria de prensa que realizó para hablar de las becas a la misma hora que jueces y fiscales se concentraban el sábado frente al Tribunal Supremo», señalan desde el comité de huelga.

«No sé de dónde saca las cifras Bolaños. Nosotros sabemos cuántos compañeros han secundado la huelga por los emails que hemos recibido», insiste Dexeus. El ministro de Justicia ha recordado durante la entrevista que el derecho a huelga conlleva «un deber», que es «no cobrar ese día de trabajo». Para ello hay que comunicarlo al «organismo pagador, en este caso el Ministerio».

Bolaños ha insistido en que «en este momento, el número de personas que se nos ha comunicado y que, por tanto, les deduciremos el día de salario, ha sido exactamente de cero. Es decir, ni el comité de huelga está en huelga, porque no nos han comunicado quiénes son las personas que han secundado el paro y a las que tenemos la obligación de deducir ese día de salario». En su opinión, si no se les comunica ningún nombre «lo tendremos que llamar de otra manera, pero huelga no será».

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha cifrado en un 48,8% los procedimientos suspendidos por la huelga de jueces y fiscales, según un informe propio. El documento se basa en datos recopilados de las distintas Salas de Abogacía de la región y de la Agenda Judicial Electrónica y revela «una afectación significativa en la actividad judicial» con «fuerte incidencia en Madrid». Fuentes jurídicas explican que la incidencia en el resto de regiones sería algo inferior.

Reformas legales

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) anunciaron tres jornadas de huelga el pasado 17 de junio. Las organizaciones profesionales ofrecieron desconvocarla si el Gobierno retiraba las reformas previstas, algo que rechazó Justicia, como ya les avanzó el secretario de Estado, Manuel Olmedo, en la reunión que mantuvieron días antes.

Con la medida anunciada, Bolaños les trasladó en una misiva que las reformas son «imprescindibles para abordar los retos de la Justicia del siglo XXI» y para actualizar las «estructuras que no se han modificado en lo sustancial desde la segunda mitad del siglo XX y, en ocasiones, desde el siglo XIX».

El Consejo de Ministros aprobó a mediados de mayo el proyecto de ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal. El Gobierno iniciaba así la tramitación parlamentaria de la mayor reforma del sistema en 40 años. El texto transforma los mecanismos de acceso, formación y desarrollo profesional. Mientras Bolaños defiende que el cambio de modelo persigue la igualdad de oportunidades, las asociaciones critican que afecta «gravemente» a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Las organizaciones convocantes consideran que el nuevo sistema facilita la inclusión de cientos de jueces y fiscales sustitutos «por la puerta de atrás». El Gobierno también pretende modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para que sean los fiscales quien se hagan cargo de la instrucción penal, aunque las organizaciones profesionales denuncian que la modificación no garantiza su independencia.