Los jueces contradicen los datos de Bolaños: cifran en un 70% el seguimiento de la huelga

Las asociaciones de jueces y fiscales que han convocado la huelga contra las reformas del Gobierno en el acceso a ambas carreras y de la Fiscalía, al considerar que suponen un ataque al Estado de Derecho, han cifrado la media de seguimiento de los tres días en un 70%, mientras que el Ministerio de Justicia lo ha situado en el 31%.

Ese es el balance dispar que han hecho de la huelga celebrada desde el martes hasta este jueves, señalando las convocantes que el último día la han secundado un 65% y Justicia, un 33%. “La incidencia del paro de jueces y fiscales hoy, 3 de julio, ha sido del 33,55%. La incidencia media de los tres días de paro ha sido de un 31,04%”, ha indicado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, a través de un mensaje en la red social X.

Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han aplaudido en un comunicado “la participación masiva de jueces y fiscales”, que “ha sido un éxito rotundo, con una media de seguimiento del 70%”.

Las convocantes han insistido en que lamentan “los perjuicios que esta situación ha podido ocasionar a la ciudadanía y a los operadores jurídicos”, a los que han reiterado sus “más sinceras disculpas”. “Nuestro objetivo ha sido visibilizar reivindicaciones legítimas para la mejora del sistema judicial y del Estado de Derecho, siempre con respeto y responsabilidad hacia quienes confían en la administración de justicia”, han incidido.

Al mismo tiempo, han querido expresar su “profundo agradecimiento y reconocimiento a todos los compañeros que, con su sacrificio y valentía, han demostrado un compromiso ejemplar en la defensa de los derechos de la ciudadanía, de sus propios derechos y de la dignidad de la profesión”.

Huelga «histórica»

A su juicio, “se trata de una huelga histórica, ya que nunca antes ha habido tres días consecutivos de movilización de jueces y fiscales, ni un seguimiento tan masivo, en defensa de la independencia judicial y del Estado de Derecho”. “Esta huelga responde a unas reformas tramitadas -inexplicablemente- por la vía de urgencia en el Parlamento, sustrayendo la debida consulta entre los operadores jurídicos, y que atribuyen más poder al fiscal general del Estado sin reforzar su independencia, al tiempo que rompen con los principios de igualdad, mérito y capacidad al crear una puerta trasera en el acceso a la carrera judicial y fiscal”, han incidido.

Al hilo, han precisado que “la introducción de 1.004 jueces y fiscales sustitutos en la carrera mediante un examen ‘ad hoc’ vulnera injustamente los derechos de los 4.000 jóvenes -en su mayoría mujeres- que dedican sus esfuerzos personales y familiares a alcanzar el sueño de ser juez o fiscal”.

Asimismo, han criticado que, “a pesar de las reiteradas solicitudes, el Ministerio de Justicia no ha adoptado medidas para evitar esta situación”. “Resulta inaudito que el Ministerio no haya dado respuesta a las demandas planteadas ni haya abierto una mesa negociadora, en contra de lo que suele suceder en los conflictos colectivos que se producen en España”, han destacado.

Criticas de las asociaciones progresistas

Se han referido también a una enmienda sobre el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos presentada por el PSOE, para denunciar que “resulta aún más lesiva para los principios constitucionales”.

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que no han secundado ni la huelga ni las protestas contra dichas reformas, también han criticado la enmienda socialista. Mientras JJpD ha pedido desgajar el proceso de estabilización de los jueces sustitutos del proyecto de ley para dar tiempo a una tramitación parlamentaria “sosegada”, UPF ha amenazado directamente con “medidas de conflicto”.