Un error del juez Peinado impide seguir investigando a un alto cargo de Almeida
Más Madrid elevará una queja al CGPJ después de que el juez haya pedido la prórroga del caso fuera de plazo
Martínez-Almeida y el director de la EMT este miércoles en la presentación de unos autobuses eléctricos. | Ayuntamiento de Madrid
Un error del juez Juan Carlos impedirá seguir investigando a un alto cargo de José Luis Martínez-Almeida. La Audiencia de Madrid ha dejado sin efecto la prórroga que acordó el 2 de abril en un procedimiento por malversación contra Alfonso Sánchez Vicente, gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). El órgano provincial toma esa decisión porque la petición para dilatar las pesquisas se realizó fuera de plazo: había expirado dos meses antes, el 27 de enero. El fallo tiene consecuencias en la instrucción, ya que impide que se puedan seguir practicando diligencias, como habían solicitado las acusaciones populares. Más Madrid ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le abra expediente por falta muy grave y le suspenda seis meses de forma cautelar.
La ley estipula un plazo máximo de un año para las instrucciones. A partir de ahí, los magistrados deben pedir ampliaciones de seis meses para solicitar nuevas pruebas. El error del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, del que es titular Peinado, afecta a la prórroga, tal y como ha avanzado El País. El juez que ha alcanzado notoriedad por investigar a Begoña Gómez ya había extendido el plazo para continuar las pesquisas en una ocasión, el 27 de julio del año pasado, por lo que debía hacerlo de nuevo antes del 27 de enero.
La resolución de la Audiencia de Madrid supone que todas las diligencias posteriores a esa fecha son inválidas, salvo aquellas que habían sido aceptadas por el juez antes de esa fecha y que se practiquen con posterioridad. Las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE rebajan la responsabilidad de Peinado, ya que el error podría provenir de la decena de personas que trabajan en su juzgado.
La denuncia de Podemos
Las acusaciones populares solicitaron la prórroga días antes de que se cumpliera el plazo. Podemos lo hizo el 10 de enero y Más Madrid, el 20. Así lo reclamó también la Fiscalía el 17 de enero. Sin embargo, Peinado demoró la resolución hasta el 2 de abril. La formación de Rita Maestre ha presentado este mismo jueves una queja ante el CGPJ. Solicita que se abra expediente al juez por falta muy grave, como establece el artículo 418 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y que se le suspenda de su actividad durante seis meses.
Ahora le toca al magistrado mover ficha y decidir si cierra la instrucción o continúa con ella, a pesar de la imposibilidad de solicitar nuevas diligencias. El Ayuntamiento de Madrid y OKDiario aprovecharon la solicitud fuera de plazo para recurrir el asunto ante la Audiencia de Madrid. El órgano provincial dictó el auto contrariando a Peinado el 20 de junio, aunque las partes lo recibieron este miércoles.
La investigación del alto cargo de Martínez-Almeida comenzó con una denuncia de Podemos, que llevó al Juzgado de Instrucción número 41 el encargo de un evento sobre movilidad sostenible a favor de la editora de OKDiario. La adjudicación, a dedo, tuvo lugar en diciembre de 2022 y ascendió a 72.600 euros (IVA incluido). Como avanzó este diario, la formación morada denuncia que la EMT, que depende del Ayuntamiento de Madrid, habría pagado cuatro veces más de lo que abonó a otra empresa por un acto similar.
«No existe a priori justificación al sobreprecio (…) podría resultar irreal y enmascarar un fin distinto», denunció Podemos. El evento, denominado Ciudades y Transporte del Futuro: Movilidad y Electrificación Sostenibles, tuvo lugar el 27 de diciembre de 2022 en una de las cuatro torres de La Castellana. Participaron diferentes personalidades, entre ellas Martínez-Almeida. Otro de los concurrentes fue el gerente de la EMT, uno de los tres investigados por el contrato.
Sobreprecio del contrato
Sánchez Vicente declaró ante Peinado a finales de abril del año pasado. Defendió que el procedimiento fue correcto y que siguió los trámites habituales. Además, reveló que el evento había tenido una repercusión positiva para el ente. También acudieron a declarar la empleada de la empresa pública que tramitó el expediente, que aseguró que todo se ajustó a la legalidad, y Juan Carlos García Cabrera, representante de Dos Mil Palabras SL, editora del diario que recibió la ayuda.
El contrato se realizó por el procedimiento negociado sin publicidad, lo que permite a las partes concretar sus condiciones sin iniciar un proceso público y evitar así que compitan otras empresas. «Se hicieron todos los estudios económicos. Lo que se pagó era lo más viable», indicó Sánchez Vicente al juez. Desde la EMT siempre han defendido que Podemos compara la ayuda a OKDiario por el acto de movilidad con otro evento que organizó con Madrid Open City, donde la empresa pública solo era uno de los patrocinadores.
El organismo contratante fue la EMT, que depende del Ayuntamiento que dirige Martínez-Almeida. La entidad depende del área de Medio Ambiente y Movilidad, dirigida por Borja Carabante, otro de los asistentes al evento celebrado el 27 de diciembre de 2022. La publicidad institucional es una de las formas habituales que tienen los medios de comunicación para financiarse. En el caso de OKDiario, la empresa Dos Mil Palabras SL recibió más de 270.000 euros entre 2018 y 2021 de Administraciones gobernadas por el PP, según reveló El Salto.