Jueces y fiscales amenazan con más jornadas de huelga contra las reformas del Gobierno

Éxito para unos, fracaso para otros. Las asociaciones cifran en un 70% de media el seguimiento de los tres días de huelga de jueces y fiscales, mientras que el Ministerio de Justicia lo rebaja al 31%. Ese balance dispar es la tónica desde el inicio de unas protestas que aún no han dicho su última palabra. Las organizaciones convocantes se han reunido este viernes para hacer balance y estudiar si continúan las movilizaciones. Las retomarán tras el verano si el Gobierno mantiene las reformas de acceso a las carreras profesionales y el cambio de modelo de la Fiscalía. De momento, una delegación viajará a Estrasburgo del 7 al 9 de julio para reunirse con representantes comunitarios.

Las asociaciones califican de históricas las protestas, ya que nunca ha habido tres días consecutivos de movilización de jueces y fiscales ni un seguimiento tan masivo «en defensa de la independencia judicial y del Estado de derecho». La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han decidido activar la vía europea y continuar con la huelga si el Gobierno sigue adelante con su propósito.

Los representantes de la carrera judicial y fiscal enviarán una delegación a Estrasburgo del 7 al 9 de julio, donde mantendrán encuentros con eurodiputados y altos representantes comunitarios para exponer su preocupación por la «regresión» de la independencia judicial en España. Apelarán para ello a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y el artículo 19 del Tratado de la UE. Tiene previstas cuatro reuniones, entre ellas una con Javier Zarzalejos, presidente de la comisión de Libertades civiles, Justicia y Asuntos de Interior, y otra con Manfred Weber, presidente del Grupo del PP.

El sueldo de los jueces

La decisión se ha tomado por unanimidad, aunque las posiciones llegaban alejadas, explican a THE OBJECTIVE las fuentes consultadas. Algunas de las organizaciones abogaban por continuar las movilizaciones y presionar al Gobierno para retirar las reformas que ya se tramitan en el Congreso. «Las fechas son malísimas. Insistir en la huelga sería un error porque hay muchos compañeros que comienzan las vacaciones y el porcentaje de seguimiento va a disminuir», argumentan algunas asociaciones. Otras preferían mantener el pulso a tenor del «cabreo» que existe.

«Los datos estos días han sido buenos, pero hemos comprobado que el apoyo ha ido decreciendo», argumentan desde una de las organizaciones. Sus datos sobre el seguimiento lo corroboran: el primer día superó el apoyo del 70% de jueces y fiscales, el segundo lo rozó y en la tercera y última jornada disminuyó al 65%. Sin embargo, el Ministerio de Justicia rebaja ese optimismo y limita el seguimiento al 31% de media. Las asociaciones critican que Félix Bolaños intente politizar los números y explican que esas cifras salen del número de emails que han recibido en la cuenta de correo electrónico habilitada por el comité de huelga.

El baile de cifras es consecuencia de la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado (FGE), que a principios de semana decidieron no dar por convocada la huelga al considerar que carece de sustento legal. El Ministerio de Justicia les ha pedido que hagan recuento para poder descontar el salario a los huelguistas, pero el órgano de gobierno de los jueces ha respondido que no puede «recabar imperativamente» la identidad de jueces y fiscales que se han sumado a la protesta porque carece de competencia.

A mediados de semana, el PSOE presentó una enmienda para concretar los detalles del proceso que convertirá en fijos a un millar de jueces y fiscales que ejercen desde hace años como sustitutos. Uno de los aspectos que corrige se centra en los aspirantes a ese proceso extraordinario. En un principio, se establecía que podía participar cualquier licenciado en Derecho con cinco años de ejercicio.

Enmienda del PSOE

El nuevo texto lo restringe a quienes acrediten el mismo tiempo de experiencia en «profesiones jurídicas que exijan para su desempeño estar en disposición» de la licenciatura o grado en Derecho y «tengan encomendadas funciones jurisdiccionales o de actuación ante juzgados o tribunales», como es el caso de jueces y fiscales sustitutos, abogados y procuradores. La enmienda del PSOE también propone que la Comisión de Selección, que organiza las oposiciones, sea quien apruebe las bases del proceso extraordinario de estabilización y que haya un tribunal diferente para cada orden jurisdiccional.

Las asociaciones convocantes de la huelga consideran que a pesar de las reiteradas solicitudes, Bolaños no ha adoptado medidas para evitar las protestas. «Resulta inaudito que el Ministerio no haya dado respuesta a las demandas planteadas ni haya abierto una mesa negociadora, en contra de lo que suele suceder en los conflictos colectivos que se producen en España», lamentan en un comunicado. Consideran que la enmienda del PSOE a la reforma de acceso a las carreras es solo «un parche».

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que no han secundado la huelga, también han criticado la enmienda socialista. La primera ha pedido desgajar el proceso de estabilización de los jueces sustitutos del proyecto de ley para dar tiempo a una tramitación parlamentaria «sosegada». La UPF ha ido un paso más lejos amenazando directamente con «medidas de conflicto» si el Gobierno continúa adelante con la idea. No obstante, sus portavoces no han aclarado si estarían dispuestos a unirse a nuevas jornadas de huelga.

El Consejo de Ministros aprobó a mediados de mayo el proyecto de ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal. El Gobierno iniciaba así la tramitación parlamentaria de la mayor reforma del sistema en 40 años. El texto transforma los mecanismos de acceso, formación y desarrollo profesional. Mientras Bolaños defiende que el cambio de modelo persigue la igualdad de oportunidades, las asociaciones critican que afecta «gravemente» a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Las organizaciones convocantes consideran que el nuevo sistema facilita la inclusión de cientos de jueces y fiscales sustitutos «por la puerta de atrás». El Gobierno también pretende modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para que sean los fiscales quien se hagan cargo de la instrucción penal, aunque las organizaciones profesionales denuncian que la modificación no garantiza su independencia.