El juez Peinado pide las llamadas de la asesora de Begoña Gómez desde su nombramiento
El magistrado pone el foco en las conversaciones con la OMT, la Complutense o el empresario Juan Carlos Barrabés
Cristina Álvarez llega a los juzgados para declarar como testigo el pasado 20 de diciembre. | Manuel Única (EFE)
Marcaje del juez Juan Carlos Peinado a la asesora de Begoña Gómez en Moncloa. El magistrado ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que solicite a la operadora correspondiente el registro de llamadas entrantes y salientes de Cristina Álvarez desde el 16 de julio de 2018, cuando fue nombrada directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia, a la actualidad.
La providencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE especifica que se informe de las llamadas con la Organización Mundial del Turismo (OMT), Indra, Google, Fundación Manpower, Arsys Internet, Telefónica, Fundación La Caixa, Reale Seguros «o cualquier otra entidad mercantil que patrocinara los másteres o cátedras en la que participó Begoña Gómez». Peinado también reclama las llamadas enviadas o recibidas a teléfonos vinculados con la Universidad Complutense y Juan Carlos Barrabés y a su grupo de empresas.
Álvarez se presentaba como «colaboradora» de Begoña Gómez en la cátedra de la Complutense. La asesora de Moncloa realizó diferentes gestiones para su jefa, según los correos incorporados al sumario. Los emails demuestran que la directora de Programas de Presidencia se habría puesto en contacto con el departamento de Contratos y Patentes de la institución académica para registrar a nombre de la esposa del presidente del Gobierno un software de la polémica cátedra Transformación Social Competitiva (TSC).
El máster de Begoña Gómez
Peinado imputó a la asesora de Begoña Gómez en Moncloa en febrero por su participación en las gestiones de la polémica cátedra de la Complutense. Lo hizo mes y medio después de que la asistente fuese a declarar en calidad de testigo y asegurara que pidió dinero para la mujer de Pedro Sánchez como «favor personal». Unas explicaciones que no convencieron a las acusaciones, que solicitaron su imputación.
Esos emails constatan que Begoña Gómez usó recursos públicos para su cátedra. La esposa del presidente del Gobierno se habría servido de Álvarez, entre otras cosas, para presionar a uno de sus patrocinadores, Reale Seguros, para que siguiera financiándola. La conversación se produjo el 8 de febrero de 2024 por correo electrónico. La directora de Presidencia escribió ese día a Pilar Suárez-Inclán, directora de Comunicación y Reputación Corporativa de la empresa, que ya sufragaba el proyecto académico de la esposa del presidente del Gobierno con 15.000 euros al año.
En otro correo electrónico fechado tres años antes, en noviembre de 2021, Álvarez usa el email institucional y se identifica como directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia. Ese hecho evidencia que Suárez-Inclán conocía el desempeño de su interlocutora cuando recibió un mensaje desde una cuenta de Gmail el pasado febrero. La asesora ya mencionaba a Begoña Gómez, lo que evidencia que la esposa de Sánchez se sirvió de recursos públicos para hacer gestiones privadas relacionadas con la UCM.
Eso llevó a Hazte Oír a solicitar que la asesora de Begoña Gómez cambiara de situación procesal y se convirtiera en imputada. «Debe destacarse que en estos correos se evidencia que esa asesora de Moncloa, es decir una persona con funciones públicas y cuyo sueldo corre a cargo del erario público, ha desempeñado funciones de asistente personal de la investigada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, proporcionándole ayuda en el contexto de sus actividades profesionales estrictamente privadas», insistió en un escrito al juez la organización que preside Ignacio Arsuaga.
La asesora de Begoña Gómez en Moncloa se implicó tanto que llegó a remitir contratos de cesión de derechos a la UCM respecto al registro de la web, formularios internos de la institución académica para crear la marca. Presidencia del Gobierno remitió en febrero un escrito a Peinado en el que desvela las condiciones laborales y tareas asignadas a Álvarez. Disfruta de un sueldo público cercano a los 37.000 euros anuales (algo más de 52.000 euros brutos) y su trabajo está relacionado con «la atención a la esposa del presidente».