Zapatero usó al jefe de la Audiencia Nacional para indagar si le investigaban por Venezuela

José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional hasta marzo pasado, intercedió ante un juez en nombre del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para conocer detalles de una causa secreta y aclarar si se estaba investigando a este por sus negocios en Venezuela, según ha podido constatar THE OBJECTIVE.

Esa conversación se produjo en octubre de 2021 y demuestra la estrecha amistad entre Navarro y Zapatero, cultivada durante años de encuentros privados. También con Ábalos, ya que, según publicó THE OBJECTIVE, Navarro tenía previsto acompañar al entonces ministro en el vuelo inaugural de la ruta Madrid-Tiflis (Georgia), organizado por Air Europa. Aquel viaje contaba con 334 invitados de primer nivel, entre ellos la esposa del presidente del Gobierno.

Otra prueba de la cercanía de Navarro con algunos sectores del PSOE fue el mensaje publicado hace unos días por ‘El Mundo’, en el que presuntamente el expresidente de la Audiencia Nacional le adelantaba al exministro Ábalos la sentencia de absolución del mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, por su participación en el referéndum independentista.

La llamada de Navarro

La relación de amistad del expresidente de la Audiencia Nacional con Zapatero es muy cercana. Tanto, que en octubre de 2021 José Ramón Navarro contactó directamente con un juez de la Audiencia Nacional vía telefónica. El motivo de la llamada no era menor: se interesaba por una causa secreta en la que podría haberse visto implicado el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. La investigación en cuestión apuntaba a los posibles vínculos económicos entre Zapatero y el régimen chavista, especialmente tras la declaración, bajo secreto de sumario, del exjefe de la inteligencia venezolana Hugo Carvajal, alias El Pollo.

Navarro, sin ambages, trasladó al magistrado la situación: «Estoy ahora mismo con Zapatero y está muy preocupado por lo que pueda estar investigándose». La respuesta del juez fue tajante: «La causa es secreta. Si tiene interés, que se persone, y cuando se levante el secreto podrá verlo». El magistrado, visiblemente molesto, se negó a proporcionar información alguna, según un testigo presencial.

Presuntos pagos a Zapatero

La inquietud de Zapatero no era infundada. Días antes, el 20 de septiembre de 2021, el exjefe de la Inteligencia y Contrainteligencia de Venezuela Hugo Carvajal había prestado declaración ante la Audiencia Nacional. En la sala se encontraban el fiscal jefe Jesús Alonso, los jueces Joaquín Gadea y Alejandro Abascal, y la letrada de Carvajal, Dolores Argüelles. Durante el interrogatorio, Carvajal expuso con detalle el supuesto entramado financiero que vinculaba a Zapatero con el chavismo. Según su versión, el expresidente español habría recibido acciones en empresas venezolanas como método de pago por su colaboración internacional y apoyo diplomático al régimen de Nicolás Maduro. Esas acciones, gestionadas a través de testaferros, le habrían generado ingresos millonarios. No se trataba de sobornos en maletines ni cuentas cifradas en paraísos fiscales, sino de un sistema más sofisticado: beneficios empresariales derivados de participaciones otorgadas como favores políticos.

Estas revelaciones despertaron el interés de los investigadores del caso Morodo, un procedimiento judicial que rastreaba el enriquecimiento ilícito del exembajador español en Venezuela Raúl Morodo durante el mandato de Zapatero. Hasta entonces, la justicia solo había logrado probar que Morodo y su hijo Alejo canalizaron cerca de 4,5 millones de euros a través de consultoras ficticias. Pero no se había demostrado que parte de ese dinero hubiera llegado al expresidente. Tampoco Morodo lo señaló en ningún momento, algo que algunos investigadores atribuyen a un pacto de silencio.

Las pruebas se esfuman

El juez que instruía el caso mostró especial interés en que Carvajal aportase documentación que acreditara su relato. Pero esa colaboración nunca se materializó. El exgeneral chavista condicionó la entrega de pruebas a la concesión de asilo en España, lo cual le habría protegido de la extradición solicitada por Estados Unidos por cargos de narcotráfico y tráfico de armas. Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez no accedió a esa petición. Carvajal fue extraditado y las pruebas desaparecieron. La causa que podría haber implicado a Zapatero fue archivada bajo secreto.

El caso Morodo, por su parte, concluyó de forma sorprendentemente indulgente. Raúl Morodo, ya nonagenario, y su hijo Alejo evitaron la cárcel tras pactar con la Fiscalía penas simbólicas: diez meses de prisión para el padre, dos años para el hijo. A este escenario sombrío se suma la muerte misteriosa de Juan Carlos Márquez, directivo de una de las filiales de PDVSA en Venezuela. Márquez había prometido «contar todo lo que sabía» sobre la financiación irregular de ciertos políticos españoles. Menos de 24 horas después de anunciar su voluntad de colaborar con la justicia, apareció ahorcado. El juez Santiago Pedraz, que en aquel momento dirigía la instrucción del caso Morodo, cerró esa vía sin poder ahondar demasiado, pues el testigo nunca pudo declarar. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Alcobendas, que investigó la muerte del testigo al ser la demarcación judicial correspondiente donde se produjo el suceso, cerró la instrucción declarando que los hechos se habían producido por un supuesto suicidio.