El 'socio' de Cerdán en Navarra explica que pagó comisiones a Koldo antes de ser asesor

Joseba Antxón Alonso ha reconocido este lunes en el Tribunal Supremo que pagó un sueldo a Koldo García por conseguirle obras privadas antes de que se convirtiera en asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. No obstante, el dueño de Servinabar ha negado que pagara mordidas por amaños de obra pública y ha explicado que el contrato que suscribió con Santos Cerdán era un compromiso de futuro que nunca tuvo validez. También ha declarado Fernando Merino, exdirectivo de Acciona en Navarra, que ha negado igualmente las dádivas y defendido que para conseguir licitaciones en Navarra y País Vasco era necesario ir en UTE con una firma local. El juez ha impuesto a ambos la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales.

El juez Leopoldo Puente imputó a varios empresarios el mismo día que Cerdán al considerar que «habrían podido intervenir en la indebida adjudicación» de obras públicas a cambio de mordidas. El pasado viernes pasaron por el Supremo el valenciano José Ruz y los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, cuñados de Merino, el primero en comparecer este lunes. El plato fuerte, sin embargo, era Alonso, que ha reconocido que conoció al ex secretario de Organización del PSOE cuando era concejal en la oposición en Milagro.

Les unió un proyecto de viviendas que al final no salió adelante, explican a THE OBJECTIVE fuentes presentes en el interrogatorio. Alonso, que solo ha respondido a las preguntas de su abogado, ha explicado que Cerdán se planteó abandonar la política en 2015, tras los malos resultados electorales del PSOE en Navarra. Entonces le habló del proyecto «privado» de Mina Muga y le expone la idea de unirse como socio en Servinabar, que obtuvo contratos por 75 millones de euros. Hicieron entonces un borrador de escritura.

Cerdán y Servinabar

Durante su declaración de hace una semana, Cerdán reconoció el contrato, pero descartó su validez al asegurar que se trató de un contrato privado sin efecto jurídico porque no pasó por notaría. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil halló en casa de Alonso un contrato privado de compraventa en el que consta que el ex secretario de Organización del PSOE adquiriría por 6.000 euros el 45% de la empresa que, según los investigadores, se hizo con obras del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros.

Las cuatro páginas del documento, que llevaba el sello de la constructora, estaban firmadas tanto por Cerdán como por Alonso. No obstante, Alonso ha afirmado que no tuvo validez porque nunca se llevó al notario y el dirigente socialista tampoco le pagó por las acciones. Servinabar se constituyó en 2015, tras la llegada de Uxue Barkos al Gobierno foral en mayo de 2015. Los vínculos con Geroa Bai se extienden además a otra empresa, Alegure SL, que en 2018 se llevó un contrato de 2,6 millones del Ejecutivo regional.

El propio Koldo García entró con Alonso en otra sociedad, Noran Cooperativa, que recibió grandes sumas de Servinabar. Su propietario ha explicado que conoció al asesor de Ábalos a través de Cerdán. Lo contrató durante nueve meses porque buscaba trabajo. Ha especificado que era autónomo y le pagaba un sueldo mensual por ayudarle a hacer negocios de obra privada. Se dio de baja el 31 de enero de 2017. «La del panadero, por ejemplo, era una obra que me trajo Koldo García», ha subrayado el compareciente.

El ex secretario de Organización del PSOE describió el papel de Alonso como «fundamental» en las conversaciones con PNV y Bildu para conseguir la investidura de Pedro Sánchez. El ex secretario de Organización de los socialistas aseguró que le facilitó la «interlocución» con la izquierda abertzale, ya que el empresario «era del mismo pueblo que Arnaldo Otegi». El propio coordinador de Bildu reconoció la semana pasada que gracias a la mediación del compareciente se estableció una vía de comunicación con el PSOE.

Pagos a Fiadelso

Alonso y Cerdán llegaron a compartir piso en Madrid en 2017, cuando el dirigente navarro desembarcó en la Ejecutiva del PSOE como responsable de Política Territorial. El propietario de Servinabar ha explicado que en esa época viajaba mucho a la capital por trabajo, por lo que decidió alquilar una vivienda a la que invitó a vivir a su amigo cuando le dijo que venía a trabajar en Ferraz. Ha especificado que era un piso modesto, de apenas 40 metros cuadrados, por el que pagaba 800 euros al mes.

El constructor también ha reconocido que realizó un pago de 4.500 euros en 2018 a Fiadelso, la fundación de Ábalos. La UCO señaló en un informe que el pago «pudiera ser recurrente» y atribuyó el papel de recaudadora a Tatiana Ábalos, hija del exministro. Fue esta quien indicó el IBAN de la cuenta a la que realizar la transferencia. Alonso ha subrayado que se trató de una donación aislada y que les servía para desgravar fiscalmente. Ha insistido en que Servinabar hacía este tipo de donativos a otras asociaciones por compromiso social.

En el registro en la casa de Merino, que fue director de Acciona en Navarra, los agentes hallaron documentación que revelaría estrechos vínculos de la mercantil con Servinabar, como una «copia simple de cesión de participaciones y modificación de estatutos, formalizada el día 27 de febrero de 2019, relacionada con Antxón Alonso y la sociedad Acciona Construcción». También encontraron diferentes documentos notariales, modificación de estatutos y documentación relacionada con otras UTEs.

El Supremo exigió toda la documentación relativa a las cinco obras públicas de las que resultó adjudicataria Acciona por importe global de 537 millones de euros: dos en Murcia, una en Logroño, una en Sevilla y una en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona). Cerdán admitió en su declaración que conocía a Merino desde 2014, que se presentó en su despacho. Un escenario que ha confirmado el constructor, aunque lo circunscribe a una «ronda de presentaciones con agentes sociales».

Merino, que ha reconocido a todas las partes excepto a la acusación popular, ha indicado que presentó a Koldo García y sus cuñados, los hermanos Fernández Menéndez. Se ha reconocido en las comunicaciones con Koldo García intervenidas por la UCO, aunque ha negado que estuvieran enfocadas a conseguir beneficios en licitaciones públicas. El investigado ha negado tener capacidad para decidir que Acciona concursara en UTE con Servinabar y ha responsabilizado a sus superiores de los supuestos amaños por los que Ábalos y su asesor habrían cobrado 620.000 euros.