Un informe del exjefe de inteligencia de Chávez vincula a Zapatero con Duro Felguera
‘El Pollo’ Carvajal señala que el expresidente estuvo en el origen de un contrato que será objeto de juicio por mordidas
José Luis Rodríguez Zapatero.
El jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia del chavismo, Hugo Carvajal, alias El Pollo, entregó el 25 de febrero de 2010 al entonces presidente de la dictadura de Venezuela, Hugo Chávez, un informe secreto en el que detallaba que la contratación de la empresa española Duro Felguera -que será juzgada en la Audiencia Nacional– se llevó a cabo directamente con el exministro de Asuntos Exteriores de España Miguel Ángel Moratinos y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de un acuerdo para «blindar las relaciones bilaterales entre ambos gobiernos», según el documento al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Este tipo de pactos entre los Estados son habituales, pero lo reseñable es que precisamente uno de esos pactos haya sido objeto de análisis por parte de la Justicia y el juez Ismael Moreno haya detectado indicios delictivos en el presunto cobro de mordidas por parte de la empresa asturiana a la petrolera venezolana PDVSA, motivo por el cual cerró la instrucción y ha manado a los imputados a juicio.
Dos años antes, tal y como ha publicado este periódico, se selló un acuerdo entre Moratinos y Nicolás Maduro -entonces canciller venezolano– firmado el 24 de octubre de 2008. Ese pacto no fue producto del azar, sino consecuencia directa de «una visita del presidente Zapatero a Venezuela en 2005 y otra del presidente de la República de Venezuela a España, Hugo Chávez», como reconoce el propio acuerdo. Un año después, en 2009, comenzaron a llegar los frutos de ese acuerdo, en plena crisis energética en Venezuela: un momento de profunda inestabilidad que llevó al Gobierno de Hugo Chávez a declarar una «emergencia eléctrica» debido a las restricciones en el suministro de energía que afectaron a gran parte del país.
En ese contexto de urgencia, y como parte de las medidas adoptadas para mitigar la crisis energética, las autoridades venezolanas decidieron la construcción de la central termoeléctrica Planta El Sitio, en Santa Lucía, estado de Miranda, cuyo propósito era garantizar el abastecimiento eléctrico a la Gran Caracas, una región densamente poblada con más de 4,5 millones de habitantes. La central se convirtió en uno de los proyectos más relevantes de infraestructura de la era chavista.
Documento confidencial
El Pollo Carvajal en su documento, que ahora revela THE OBJECTIVE y ha sido entregado por el exviceministro de Venezuela Javier Alvarado Ochoa en la Audiencia Nacional, alertaba sobre irregularidades en Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Pero aseguró que esas contrataciones no afectaban a las realizadas «en el marco de la Emergencia Eléctrica Nacional de nuestro país, asociadas a las empresas españolas Iberdrola, Elecnor, Duro Felguera, entre otras que usted dignamente ha realizado directamente con el ministro Moratinos y el presidente Rodríguez Zapatero, para blindar las relaciones bilaterales entre ambos gobiernos».
Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno discrepa de esa afirmación del que fuera jefe de la Inteligencia chavista y concluye que el entonces ministro de Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, facilitó la adjudicación de este importante contrato a la empresa española Duro Felguera, lo que, presuntamente, según el juez, estuvo condicionado a la entrega de sobornos a funcionarios públicos venezolanos. Los pagos ilícitos habrían sido realizados «con el fin de asegurar que la obra fuera adjudicada a la empresa asturiana, en detrimento de otros posibles oferentes», subrayó el magistrado.
Fuentes solventes explican a este periódico que las gestiones de políticos españoles del Gobierno socialista de entonces fueron claves para cerrar acuerdos empresariales con el chavismo. De hecho, el exsecretario general de PDVSA Juan Carlos Márquez manifestó ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que vio a «muchos otros políticos españoles» acudir al despacho del ministro y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Después de esa declaración, el investigado pidió al juez que le volviese a citar para «contar todo lo que sabía» en el marco del caso Morodo, causa por la que se condenó al exembajador de Zapatero en Venezuela por cobrar comisiones de PDVSA. Sin embargo, dos días antes de su cita en la Audiencia Nacional, el testigo apareció ahorcado.
La investigación apuntaba más alto —hacia el propio expresidente Zapatero—, pero el caso se cerró sin más consecuencias con una condena mínima para el exembajador Raúl Morodo de apenas diez meses de prisión. Y es que quienes firman no siempre pagan. Y los que ejecutan, muchas veces, acaban solos en el banquillo. Es una pauta que se repite en los grandes casos de corrupción política, especialmente cuando los acuerdos opacos se fraguan entre gobiernos amigos. Ocurrió en el caso Morodo, y ahora amenaza con repetirse con la causa que juzgará a la empresa asturiana Duro Felguera, acusada de pagar sobornos millonarios en Venezuela a cambio de un contrato de 1.500 millones de euros.
Por ello, el exviceministro de Chávez, Javier Alvarado, y otros acusados –como el exviceministro Nervis Villalobos– solicitan ahora la testifical en el juicio de José Luis Rodríguez Zapatero y de su ministro Moratinos «por su intervención directa en el acuerdo del Consejo de Ministros de España y de la Gaceta Bolivariana de 2 de junio de 2009». También solicita la testifical del jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal, alias El Pollo, y del dictador Nicolás Maduro.