El juez Pedraz pide los archivos de los móviles de Aldama y Koldo sobre la licencia a Villafuel
Además, de los archivos de sus teléfonos, el magistrado pide incorporar los movimientos bancarios de varias empresas.
El nexo corruptor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama.
El juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga un fraude en el sector de los hidrocarburos en el que habría participado el empresario Víctor de Aldama ha pedido las comunicaciones en las que éste y el exasesor ministerial Koldo García se centrasen en las «actividades relativas a la obtención del título de operadora por Villafuel», la empresa clave de la trama.
En una providencia, recogida por Europa Press, el magistrado Santiago Pedraz se dirige a su compañero Ismael Moreno –el instructor del caso Koldo en la AN– para solicitarle copia de los archivos que guarden relación con los trámites por los que se solicitó la mencionada licencia, cuya concesión correspondía al Ministerio de Transición Ecológica.
El juez Pedraz accede así a lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, que ha recordado que en uno de los informes elaborados por la Guardia Civil «se hace mención a que Víctor de Aldama se valió de Koldo García Izaguirre para la gestión de trámites ante distintas administraciones» para lograr ese título.
Villafuel se encuentra en el centro de la causa en la que se indaga en un presunto fraude cuantificado por la Guardia Civil en 231.727.536,51 euros, y que se habría realizado entre 2021 y 2024, y por la que se encuentra investigado De Aldama, su socio Claudio Rivas y la hermana de éste último, María Luisa Rivas.
En su informe, recogido por Europa Press, el Ministerio Fiscal asegura que entre las citadas gestiones «estuvieron las realizadas para conseguir la condición de operadora para la empresa Villafuel, sociedad de la que es propietaria Still Growing, administrada por María Luisa Rivas, controlada por Claudio Rivas».
«En diciembre de 2020, consta que Víctor de Aldama se encontraría realizando las gestiones oportunas para iniciar un negocio en el sector de los hidrocarburos con, entre otras personas, el citado Claudio Rivas. Para ello, el 28 de diciembre de 2020, comunicó a Koldo García que Claudio y otras personas iban a montar una operadora de hidrocarburos a fin de que procediera a intermediar ante el Ministerio competente para otorgar la autorización, acción que procedió a ejecutar tal y como consta en el informe policial», recuerda Anticorrupción.
Análisis de los teléfonos
Estas gestiones, añade la Fiscalía, «se prolongaron hasta finales de 2021, cuando Koldo García, junto con el propio José Luis Ábalos, ya había cesado en el Ministerio de Transportes, momento en el que, tal y como se desprende de los mensajes intervenidos, sus gestiones ya no eran tan efectivas y Claudio Rivas pidió a Víctor de Aldama que cesará su intervención por resultar contraproducente para sus pretensiones».
En atención a ello, la Fiscalía pidió «la incorporación a la presente causa de copia del contenido de los dispositivos móviles intervenidos» en el marco del caso Koldo, «a fin de proceder a su análisis con el único y exclusivo objetivo de determinar con precisión la participación de cada uno de los intervinientes en los expedientes seguidos para la obtención de la condición de operadora por Villafuel».
Anticorrupción apunta que, paralelamente, se dio inicio a una investigación relativa a la organización criminal que dirigía la estructura empresarial responsable de los delitos contra la Hacienda Pública.
Todo ello «en virtud de la denuncia formulada por la Agencia Tributaria, derivada de las actuaciones de comprobación practicadas sobre la operativa desarrollada por la mercantil Gaslow a través de doce sociedades interpuestas – entre las que se encuentran Keep it save, Bludger Combustibles y Have Got Time -, y que concluyeron con la cuantificación de una cuota defraudada de 163.840.224,64 y 58.732.545,02 euros correspondientes, respectivamente, a los ejercicios 2021 y 2022».
La Fiscalía indica en su informe que, entre sus líneas de investigación, se hallan las tendentes a determinar el flujo de los capitales de procedencia delictiva obtenidos, así como el análisis de las cuentas bancarias que puedan tener relación con la obtención de la condición de operadora por Villafuel, en la que se habrían instrumentalizado las sociedades indicadas, relacionadas con Claudio Rivas y la empresaria Carmen Pano.
Anticorrupción consideró conveniente la incorporación a la presente causa de la información relativa a los movimientos bancarios correspondientes a las cuentas de las citadas mercantiles, y así se lo solicitó al magistrado. El juez, en esa misma providencia, pide a la Fiscalía que le remita la copia de esos movimientos.