La nueva portavoz del PSOE perdonó 300.000 euros a su pareja siendo edil en Lérida
Anticorrupción investigó una concesión para explotar un espacio de ocio cuando Mínguez era concejal de Economía
Montse Mínguez y el exalcalde de Lérida Ángel Ros. | Ilustración de Alejandra Svriz
La sombra de la sospecha se cierne sobre la nueva portavoz del PSOE. El Ayuntamiento de Lérida perdonó una deuda de 281.783 euros a la empresa Adaix de Negocios, responsable de la explotación pública de la discoteca Larida durante cinco años. La condonación se produjo en junio de 2014, cuando Montserrat Mínguez ejercía como segunda teniente de alcalde y responsable de Economía. Detrás de la firma se encuentra su pareja, Sergi Vélez. La Fiscalía Anticorrupción investigó esa operación y el cobro de dietas irregulares por parte del entonces alcalde, Ángel Ros, pero la denuncia acabó archivándose. Este diario ha tratado sin éxito de incluir la versión del Consistorio.
Adaix de Negocios se constituyó el 14 de enero de 2009, solo dos semanas antes de que saliera a concurso la gestión y explotación de actividades de ocio en el parque de Gardeny, una colina de Lérida que antes había servido como cuartel al Ejército. Se presentaron cuatro empresas, aunque acabó siendo agraciada la firma de Vélez, que misteriosamente dejó de ser su administrador único el 1 de abril. Volvió el 10 de agosto de ese año, ya como apoderado.
La concesión, que se produjo en mayo de 2009, contemplaba una explotación de tres años con posibilidad de dos prórrogas de un año. Adaix de Negocios se comprometió a pagar un canon anual de 240.000 euros, abonar 30.000 euros de costes de la Guardia Urbana y realizar unas reformas que alcanzaban los 1,5 millones de euros. A esas cuantías se debían sumar otros 161.655 euros en concepto de garantía adicional por el derribo de un edificio que construyó la adjudicataria como discoteca de verano.
Ascenso en el PSOE
La flamante portavoz del PSOE desde el Comité Federal del pasado sábado explicó que el proyecto ganador suponía un cambio en el concepto de ocio que se ofrecía en Gardeny, con más servicios de restauración y ocio para los ciudadanos. El informe de la comisión técnica valoró diferentes aspectos de las ofertas, como el canon, la prestación de servicios o la viabilidad económica.
Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE indican que, para evitar que Mínguez incumpliera la ley de incompatibilidades, Vélez dio temporalmente un paso al lado en la empresa. Los problemas con Adaix de Negocios comienzan en 2012, año que finaliza la concesión. El Ayuntamiento comprobó que la empresa acumulaba una deuda que hacía inviable solicitar la prórroga, que finalmente otorgó hasta el 2 de junio de 2013. Sin embargo, los problemas persistieron y las facturas se acumularon.
El Ayuntamiento de Lérida, en el que la actual portavoz del PSOE era concejal de Economía, alertó a Adaix de Negocios de que se aproximaba la finalización de la primera prórroga y que si pretendía extender la concesión un año más debía tener los pagos al día. Según informó Nació Lleida, el Consistorio fraccionó los pagos, aunque la empresa solo los atendió de manera parcial. A pesar de ello, la firma en la que ejerce Vélez de apoderado consiguió mantener la licencia el último año que contemplaba la adjudicación inicial.
Ese último verano de concesión, Adaix de Negocios debía 320.000 euros y los 161.655 de la garantía adicional. En un correo electrónico fechado el 25 de marzo de 2014, la actual portavoz del PSOE admitía que la empresa vinculada a su pareja no había pagado nada del ejercicio anterior y que se había procedido a un fraccionamiento para facilitar el pago. El caso dio un giro el 2 de junio, momento en el que expira la concesión.
Prórroga en la concesión
Ros, alcalde en ese momento, transmitió a los funcionarios municipales la necesidad de modificar el contrato por «interés público» y extender la última prórroga hasta la finalización de la temporada de verano. Un informe de la concejalía de Turismo fechado en abril ya apuntaba a la idoneidad del servicio de ocio y restauración en Gardeny que explota la empresa en la que ejerce como apoderado la pareja de Mínguez. El documento alega que Lérida no podía prescindir de esos equipamientos «por motivos de cohesión y paz social».
La concesión se amplió entre el 3 de junio y el 2 de octubre de 2014 con un canon proporcional de 83.315 euros que debían pagarse de forma anticipada. Para hacer posible esa extensión, Ros firmó un decreto el 11 de junio que dispensaba a la empresa de la pareja de la actual portavoz del PSOE de derribar el edificio construido como discoteca de verano. Además, reconocía que Adaix de Negocios no puedo disponer de la totalidad de los terrenos y le eximió de pagar 281.783 euros entre la reducción del canon y la exención de la garantía adicional.
La concejal de Urbanismo, Marta Camps, denunció en diciembre de 2014 irregularidades en el contrato a la concesionaria de Larida y el cobro de dietas irregulares por parte del alcalde. La queja motivó un auténtico tsunami en el Ayuntamiento de Lérida, que sufrió la visita de los miembros de la Fiscalía Anticorrupción y de la Oficina Antifraude de Cataluña para hacerse con documentación para investigar los hechos. Ros destituyó en febrero a Camps, entonces primera teniente de alcalde. El PSOE atribuyó sus acusaciones a que supo que no iba a repetir en las listas electorales.
Camps, con la que este diario no ha podido contactar, explicó que el Consistorio puedo hacer «un traje a medida» a favor de Adaix de Negocios para exonerarle del pago de casi 300.000 euros. «Con todo esto pretendo que salga a la luz la verdad y que, si se ha cometido alguna ilegalidad, se aplique la justicia», indicó a los medios la concejal caída en desgracia. Curiosamente, Mínguez la sustituyó como primera teniente de alcalde y portavoz del PSOE.
Tras interrogar a Ros, la Fiscalía archivó la causa en octubre de 2015 alegando que no había podido demostrar corrupción en su gestión. Camps, que fue expulsada del PSOE, siguió defendiendo que el exalcalde mantuvo «actitudes poco éticas con los gastos públicos». En su opinión, las denuncias arrojaron luz sobre unas facturas «que siempre había negado». Además, lamentó que el fiscal Fernando Maldonado no hubiese podido demostrar la corrupción y defendió que en política era necesaria tener una conducta ética «irreprochable».