El Supremo pide a Congreso y PSOE informes sobre los pagos y donaciones de Ábalos

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha solicitado este jueves al Congreso de los Diputados y al PSOE que le informen de los pagos y donaciones relacionados con José Luis Ábalos entre 2014 y 2024. Lo hace a petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ante la «aparente falta de sintonía» entre los datos recabados por Hacienda y los que constan en las cuentas bancarias del actual diputado del Grupo Mixto. En otro auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el magistrado demanda a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social datos de los empresarios investigados y de sus empresas, así como de la fundación Fiadelso.

Puente da este paso después de que la UCO haya indicado en sendos oficios que investigara las cuentas de Ábalos. Los investigadores también han advertido un baile de cifras en los datos proporcionados por Hacienda, que señalan que el Congreso abonó al exministro 751.421 euros entre 2014 y 2024, ambos años inclusive, pese a que sus cuentas reflejan ingresos de la Cámara baja por 79.841 euros en ese mismo periodo. El magistrado ordena al Congreso y al PSOE que emitan informes sobre las cantidades abonadas al exministro y todas las donaciones que realizó.

La UCO ya advirtió presuntas irregularidades en los pagos que el Ministerio de Transportes abonó a Ábalos. El departamento que ahora dirige Óscar Puente explicó de inmediato que se debía a un error y que el exministro nunca cobró 508.000 euros en dietas. Atribuyeron esa cantidad con gastos ocasionados por todos los componentes de la delegación que acompañaba al ministro en sus viajes. El problema radica en que durante los años 2018 y 2019, cuando los técnicos de Fomento interpretaron mal la normativa de Hacienda y atribuyeron los gastos de otros altos cargos al actual diputado del Grupo Mixto.

Las donaciones de Ábalos

En otro auto, el magistrado que investiga presuntos amaños en la concesión de obra pública a cambio de mordidas requiere a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social información relativa a los empresarios investigados, entre los que se encuentran el conocido como socio de Santos Cerdán, Joseba Antxón Alonso; el exdirectivo de Acciona, Fernando Merino; el dueño de Levantina, José Ruz; y los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, vinculados a la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR).

El juez explica que la información que se obtenga podrá ser cruzada con los datos bancarios de dichas personas que ya fueron solicitados a diferentes entidades en los mandamientos acordados hace unas semanas.

Ese hecho permitirá «conocer la estructura personal de las diferentes empresas y los vínculos que pudieron existir entre las personas contratadas por unas y otras, así como los períodos de tiempo durante los cuales determinadas personas físicas pudiera haber prestado servicios profesionales para aquellas, al efecto de confirmar o descartar los relevantes extremos que ya constan al respecto, siempre en los términos indiciarios que corresponden a la fase procesal en la que nos encontramos, en lo hasta ahora practicado».

El auto requiere a la Agencia Española de la Administración Tributaria que aporte el correspondiente informe de suministro a los juzgados relativo a las personas físicas y jurídicas para el periodo comprendido entre los ejercicios 2014 y 2024. El requerimiento se harán extensivo, por lo que respecta al investigado Alonso Egurrola y a su mercantil Servinabar, a la Hacienda Foral de Navarra.

Vida laboral de Cerdán

El magistrado también solicita a la Tesorería General de la Seguridad Social para que aporte la vida laboral de los cinco empresarios que tienen la condición de investigados en la causa, así como la de los también investigados Santos Cerdán, Koldo García y de la mujer de este, Patricia Úriz. Esta petición también comprende la última década y se realiza para «conocer el desempeño laboral desarrollado (…) y el vínculo que aquellas hubieran podido mantener con determinadas personas físicas, investigadas en este procedimiento, o con las empresas en cuyo ámbito y eventual beneficio aquellas operaban».

Igualmente, ordena que se requiera al PSOE para que aporte, además de las cantidades abonadas o transferidas a Ábalos, las transmitidas por este al partido político, en concepto de donación o por cualquier otro motivo. En este sentido, pide que se informe de todas y cada una de las donaciones que se hubieran realizado por José Luis Ábalos al partido político, indicando la fecha, método de pago, cuenta bancaria de origen, concepto y/o comentario, así como cualquier otro dato que tengan asociadas los referidos abonos.

Puente también pone el foco en los datos relativos a la fundación Fiadelso. La intención es esclarecer la situación patrimonial real tanto de las personas físicas implicadas como de las personas jurídicas que pudieran haberse beneficiado de sus actuaciones. Esta petición a la Seguridad Social también se refiere al periodo comprendido entre los ejercicios 2014 a 2024.

El juez ya advirtió en el auto de ingreso en prisión de Cerdán la importancia de esta fundación para la investigación. La UCO señaló en su último informe que Servinabar realizó una transferencia bancaria de 4.500 euros a la fundación vinculada a Ábalos.

El magistrado hizo hincapié en una de las conversaciones recogida por los investigadores entre Koldo García y la hija del exministro que sugiere que este no habría sido el único pago, sino que existían transacciones periódicas. Un extremo que negó Alonso Egurrola durante su declaración en el Supremo, que aseguró que se realizó una única aportación por cuestiones de compromiso social.