Alvise admite que cobró 100.000 euros, pero niega que los usara para financiar a su partido
El empresario que entregó el dinero le contradice y asegura que sirvió para sufragar gastos de las elecciones europeas
Alvise a su llega este viernes al Tribunal Supremo. | Jesús Hellín (Europa Press)
Luis Alvise Pérez ha reconocido este viernes en el Tribunal Supremo que recibió 100.000 euros en efectivo de Luis Romillo, pero ha negado que sirviera para financiar su campaña en las elecciones europeas de 2024, a la que se presentó con la agrupación electoral Se Acabó la Fiesta (SALF). Fuentes jurídicas indican a THE OBJECTIVE que el europarlamentario ha explicado al juez Julián Sánchez Melgar que parte del dinero lo utilizó para pagar gastos «personales y profesionales» y que el resto lo tiene guardado. Una versión que ha rebatido el empresario del sector de las criptomonedas, que ha asegurado que le entregó esa cuantía para financiar a su partido.
Alvise ha declarado durante casi una hora, pero solo ha contestando a las preguntas de su abogado y a las del juez. Ha negado rotundamente que SALF se financiara de forma ilegal, aunque reconoce que recibió los 100.000 euros por una charla que ofreció sobre libertad financiera en el Hipódromo de Madrid. El acto fue organizado por el empresario Luis Romillo, conocido en las redes sociales como Luis Cryptospain por dedicarse al negocio de las criptomonedas.
El Supremo aprecia indicios de presuntos delitos de financiación ilegal de partido, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en la financiación electoral de la formación política de Alvise. El eurodiputado, que cuenta con otras dos causas abiertas, ha detallado que el dinero se lo dieron dos trabajadores de Romillo en sus instalaciones de Centinel en un maletín negro con diez fajos de 10.000 euros cada uno en billetes de 50 y 100 euros. Como avanzó este diario, el caso se originó tras la denuncia que presentó el empresario en diciembre de 2023.
Tres causas contra Alvise
Romillo se autoinculpó de haber entregado 100.000 euros a Alvise durante la campaña de las europeas, en las que SALF obtuvo más de 800.000 votos y tres escaños. El caso recayó inicialmente en la Audiencia Nacional, donde ya se investigaba al empresario por una presunta estafa piramidal cometida a través de una de sus empresas, Madeira Invest Club. Durante su declaración de este viernes, ha ratificado que el dinero no estaba destinado a pagar ningún evento, sino que era para financiar al partido del activista con la contrapartida de promocionar a su empresa Sentinel. También ha explicado que el eurodiputado quiso imponer un testaferro.
Los investigadores sospechan que Alvise solicitó la colaboración de Romillo para crear un wallet (monedero virtual) para recibir donaciones anónimas destinadas a sufragar los gastos de la última campaña europea, en la que el activista consiguió un acta en el Parlamento Europeo. El magistrado señala que el empresario abrió la herramienta y entregó el dinero con la intención de actuar en distintos foros publicitando su plataforma bancaria Sentinel y la mercantil por la está siendo investigado.
Es la tercera vez que Alvise declara en el Supremo. Ya compareció por otras dos causas que tiene abiertas. Una, por la difusión de una PCR falsa del entonces ministro de Sanidad Salvador Illa; y otra por el presunto acoso a la fiscal delegada de delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert. El eurodiputado alegó en el caso del actual presidente de Cataluña que no actuó con «mala fe» y que el documento ya «circulaba masivamente por todas las redes sociales».
Alvise también ha pasado por el Alto tribunal por difundir mensajes contra Gisbert. Durante su declaración, defendió estas publicaciones como parte de la «crítica política» y de la «libertad de expresión». En su denuncia, la fiscal daba cuenta de unos mensajes que se habían divulgado en su contra en un chat de Telegram. Como consecuencia de ello, personas desconocidas le remitieran múltiples mensajes amenazantes o insultantes a través de las redes sociales en las que la denunciante está registrada.
Queda pendiente una cuarta causa por la difusión, a través de Telegram, de conversaciones privadas entre el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y un periodista. La publicación de estos chats, que fueron expurgados en el marco del caso Kitchen, podría suponer un delito de revelación de secretos.