Anticorrupción acusa a Cerdán de dirigir «un sistema de corrupción a gran escala»

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, advierte de la «capacidad» del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para «ocultar pruebas», «condicionar a testigos o investigados» e influir en los «aún desconocidos» pagadores de los supuestos amaños de obra pública para oponerse a su salida de prisión. El Ministerio Público le acusa de dirigir «un eficaz y duradero sistema de corrupción a gran escala» en la adjudicación de obras públicas de la Dirección General de Carreteras y de ADIF.

En un escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el fiscal se opone a la petición del ex número tres del PSOE de salir de prisión, al considerar que persiste el riesgo de destrucción de pruebas por el que el juez le envió a la cárcel tras declarar por un presunto reparto de mordidas por adjudicaciones públicas.

Para sostener la prisión destaca «la gravedad de los delitos cometidos por la organización criminal, el papel director de Cerdán, el inicial estado de la investigación contra él (…) la posibilidad de continuar relacionándose con otras personas responsables de los pagos realizados por las adjudicaciones amañadas, aun desconocidos».

Ello, junto a «la capacidad que Cerdán aún tiene para alterar y ocultar pruebas, condicionar a testigos o investigados, determinan la necesidad de mantener la prisión provisional».

«Es precisamente el actual desconocimiento de las comunicaciones de Cerdán con la parte activa de la corrupción y hasta la identidad y los detalles de sus relaciones con esta, lo que genera el apuntado riesgo de alteración o destrucción de pruebas», alega Luzón.

El fiscal destaca que su papel en la organización era «capital» por su «posición funcional», ya que las grabaciones evidencian que el exministro Jose Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, «estaban en manos de Cerdán» en relación a las supuestas mordidas, que cree que debieron de ser superiores al millón de euros de las grabaciones.

«Qué personas físicas o jurídicas, además del propio Cerdán, pudieran ser destinatarios del botín obtenido, es algo que conoce, sin duda, el propio Santos».

Por tanto, «todas estas circunstancias, todavía no suficientemente esclarecidas pero de las que Santos Cerdán tiene un conocimiento privilegiado, ponen de manifiesto la necesidad de conjurar el riesgo de que, de permanecer este en libertad pudiera ocultar, alterar o hacer desaparecer las pruebas relevantes», añade.

Veracidad a las grabaciones de Koldo

Luzón rechaza, como dice el exdiputado, que la causa sea una «investigación prospectiva» de una «causa general», ya que el requisito de la existencia de indicios racionales de criminalidad para acordar la prisión lo considera «sobradamente cumplido».

Destaca las grabaciones intervenidas a Koldo por «su extraordinario potencial incriminatorio contra Cerdán» que revelan su papel en la trama «como responsable de repartir las dádivas recibidas y de solicitar su pago a los beneficiarios de tales adjudicaciones».

Luzón añade a ello «la inequívoca vinculación» con Servinabar, la empresa sospechosa de amaños de su amigo Antxón Alonso, con quien firmó un contrato para adquirir casi la mitad de la compañía, del que dijo que era un «borrador de escritura» que no llegó a ejecutarse.

No lo entiende así el fiscal, quien ve «incuestionable» la relación de Cerdán con la empresa, pues «se trata de un documento fechado, sellado y firmado en todas sus páginas por comprador y vendedor denominado escritura de compraventa de participaciones».

Y considera que «no se llegó a elevar a escritura pública muy presumiblemente para evitar el conocimiento por terceros de la participación de Santos Cerdán en una sociedad interesada en contrataciones públicas en las que el propio Santos iba a tener una intervención directa o indirecta».

«Manual de ocultación»

Para el fiscal, «esta operativa tantas veces vista» es «literalmente de manual de ocultación de titularidades reales». Otro indicio es el pago de 4.500 euros de Servinabar a Fiadelso, la fundación del exministro, que Alonso y Ábalos enmarcan como donación. Cree la Fiscalía que esos ingresos «no parecen haber tenido un carácter puntual sino periódico», en la medida en la que Koldo García se disculpó por el retraso en el pago a la hija de Ábalos.

También cita su «llamativo interés» en las obras sospechosas de haber sido amañadas y que «no se agota con la salida del Ministerio de Ábalos y Koldo», sino que «parece que continuó manteniendo cierto control de las adjudicaciones» de Transportes.