El juez pide los 'emails' de la cátedra de Begoña Gómez con las empresas colaboradoras

Juan Carlos Peinado avanza en las pesquisas contra Begoña Gómez. El juez ha requerido este lunes todos los correos electrónicos con las empresas que colaboraron con su cátedra en la creación y desarrollo de un polémico software. El magistrado pide a Deloitte, Mindsait (Indra), Telefónica, Google, Flat101 y Devoteam que aporten «los códigos fuente, ejecutables, repositorios, desarrollos o entregables digitales». También solicita al representante de Google que entregue los emails que intercambió con la esposa del presidente del Gobierno y su asesora Cristina Álvarez para desarrollar la herramienta informática.

El magistrado que investiga a Begoña Gómez ha pedido a la Universidad Complutense de Madrid que vuelque los correos electrónicos que alberga la cuenta de la cátedra [email protected] y remita al juzgado su contenido. El auto, al que ha accedido THE OBJECTIVE, está fechado este domingo. Peinado accede a varias de las peticiones que realizó la acusación popular, liderada por Hazte Oír. En cambio, considera que no ha lugar a diferentes testificales que habían reclamado.

Hazte Oír presentó en julio del año pasado una nueva querella contra la pareja de Pedro Sánchez tras difundirse que había pedido a los directivos de Indra, Telefónica y Google que realizaran gratis un software para su máster. Los trabajos alcanzaron los 150.000 euros, pero ni Begoña Gómez ni la Complutense abonaron el coste. La esposa del presidente del Gobierno registró la aplicación en la Oficina Española de Patentes y Marcas y comenzó a ofrecerla en la web de su empresa sin conocimiento de la institución académica.

Google y Begoña Gómez

Peinado requiere al jefe de proyecto de Google, Miguel Rodríguez Bueno, que aporte los correos electrónicos que mencionó en su declaración del pasado 14 de mayo con Begoña Gómez y su asesora. También le pide una serie de documentos que este consideró «útiles» para la investigación. Rodríguez Bueno fue responsable técnico del proyecto de desarrollo del software para la cátedra de la Complutense.

El magistrado también solicita a la empresa proveedora de la web, Arys Internet, que aporte los documentos relativos al registro de la plataforma. La página habría sido dada de alta por la coordinadora de la cátedra, Blanca de Juan, que más tarde transfirió la titularidad a Begoña Gómez. En cambio, Peinado rechaza otras diligencias, entre ellas el acceso a las cuentas de correo electrónico de la esposa del presidente del Gobierno, porque «no ha lugar a lo solicitado».

La acusación popular justificó la petición en las declaraciones del vicerrector de la Complutense Juan Carlos Doadrio. Este manifestó que disponía de «más de cien correos electrónicos» con Begoña Gómez y su asesora en Moncloa, lo que podría mostrar «contradicciones» en sus declaraciones. Hace apenas 10 días, Peinado reclamó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que solicitara a la operadora correspondiente el registro de llamadas entrantes y salientes de Cristina Álvarez desde el 16 de julio de 2018, cuando fue nombrada directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia, a la actualidad.

La providencia especificaba que se informara de las llamadas con la Organización Mundial del Turismo (OMT), Indra, Google, Fundación Manpower, Arsys Internet, Telefónica, Fundación La Caixa, Reale Seguros «o cualquier otra entidad mercantil que patrocinara los másteres o cátedras en la que participó Begoña Gómez».

Las llamadas de la asesora

Álvarez se presentaba como «colaboradora» de Begoña Gómez en la cátedra de la Complutense. La asesora de Moncloa realizó diferentes gestiones para su jefa, según los correos incorporados al sumario. Los emails demuestran que la directora de Programas de Presidencia se habría puesto en contacto con el departamento de Contratos y Patentes de la institución académica para registrar a nombre de la esposa del presidente del Gobierno un software de la polémica cátedra Transformación Social Competitiva (TSC).

Peinado la imputó en febrero por su participación en las gestiones de la polémica cátedra de la Complutense. Lo hizo mes y medio después de que la asesora fuese a declarar en calidad de testigo y asegurara que pidió dinero para Begoña Gómez como «favor personal». Unas explicaciones que no convencieron a las acusaciones, que solicitaron su imputación.

Esos emails constatan que Begoña Gómez usó recursos públicos para su cátedra. La esposa del presidente del Gobierno se habría servido de Álvarez, entre otras cosas, para presionar a uno de sus patrocinadores, Reale Seguros, para que siguiera financiándola. La conversación se produjo el 8 de febrero de 2024 por correo electrónico. La directora de Presidencia escribió ese día a Pilar Suárez-Inclán, directora de Comunicación y Reputación Corporativa de la empresa, que ya sufragaba el proyecto académico de la esposa del presidente del Gobierno con 15.000 euros al año.