El Supremo esperará a resolver las apelaciones para decidir si abre juicio al fiscal general
Las acusaciones piden hasta seis años de cárcel para García Ortiz; la defensa solicita el archivo por falta de indicios
El fiscal general, Álvaro García Ortiz, el pasado 18 de febrero en el Senado. | Fernando Sánchez (Europa Press)
Habrá que esperar para ver al fiscal general en el banquillo. El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha acordado este lunes suspender las actuaciones hasta que se resuelvan los recursos de apelación planteados contra su procesamiento. En el escrito al que ha accedido THE OBJECTIVE afirma que, aunque la ley no lo contempla, por razones de «prudencia» procede acordar la suspensión para evitar los problemas que pudieran presentarse. Álvaro García Ortiz está imputado por un delito de revelación de secretos. La denuncia partió del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La Sala de Apelación del Supremo podría ratificar el procesamiento García Ortiz y de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. Esa decisión dejaría a Hurtado vía libre para enviarles a juicio, o, por contra, revocar la decisión, lo que conduciría a un escenario abierto que podría implicar el archivo de la causa o una orden expresa para seguir investigando.
El magistrado decidió procesar al fiscal general el pasado 9 de junio. Hurtado mostró muy crítico en el auto, donde señalaba que «la filtración del correo pone en cuestión el prestigio de la institución». Dos de las tres asociaciones profesionales le pidieron que dimitiera, pero el fiscal general reafirmó su compromiso de «continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa».
Los mensajes de García Ortiz
Las acusaciones han pedido para García Ortiz entre cuatro y seis años de cárcel, multa económica e inhabilitación por un presunto delito de revelación de secretos. La defensa considera que el caso debe archivarse porque no existen «verdaderos indicios objetivos», mientras que el Ministerio Público reclama cancelar la causa. El Supremo asumió la investigación hace nueve meses. El asunto hasta entonces estaba en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), aunque se centraba en la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo del año pasado para dar cuenta del intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal a cargo de la investigación fiscal, Julián Salto.
El origen del caso se encuentra en la querella que interpuso González Amador por la filtración de unos emails en los que confesaba la autoría de dos delitos fiscales. Su objetivo era llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para rebajar la pena. El Supremo imputó a García Ortiz en octubre y los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) demostraron que había borrado los mensajes durante los días clave de la filtración, lo que supone una prueba indiciaria.
La defensa considera que faltan «verdaderos indicios objetivos». Además, rechaza que García Ortiz recibiera indicaciones desde Presidencia. La Fiscalía, que denuncia a Hurtado por apuntar a Moncloa «sin sustrato probatorio», va más lejos. Solicita que se cancele el procesamiento, una estrategia que ya ha puesto sobre la mesa en varias ocasiones al pedir la nulidad del registro que realizó la Guardia Civil en el despacho del fiscal general el pasado 30 de octubre.
García Ortiz se refirió al episodio durante su declaración ante el juez el 29 de enero. Lo catalogó como «una entrada invasiva de derechos fundamentales». Los juristas interpretaron sus palabras como una maniobra para llevar el asunto al Tribunal Constitucional y dejar sin efecto el auto de entrada y registro que dictó Hurtado. Para alegar vulneración de derechos fundamentales ante la corte de garantías es necesario hacer alusión durante el procedimiento. Sin embargo, la Sala de Apelaciones del Supremo avaló en febrero la diligencia en la que se incautaron de sus móviles y dispositivos electrónicos.
Un informe de la UCO confirmó que García Ortiz borró sus mensajes de WhatsApp el 16 de octubre, el mismo día en que el Supremo abrió una causa contra él por un delito de revelación de secretos. El documento también señalaba que tampoco se habían podido recuperar las copias de seguridad de Google Drive debido a «la eliminación deliberada de la cuenta asociada a este servicio». La Fiscalía le excusó al asegurar que los datos se eliminan de forma periódica. Como avanzó este diario, el fiscal general cambió tanto de número como de terminal tras ser imputado.