El consejero Chivite se desmarca de Belate y evita poner la mano en el fuego por su sobrina

Óscar Chivite se desmarca de las obras de los túneles de Belate. El consejero de Cohesión Territorial en Navarra ha asegurado este martes en el Senado que cuando se incorporó al cargo ya se había realizado la propuesta de adjudicación. En su opinión, el proceso fue «legal y transparente». El dirigente socialista ha destacado que la infraestructura, cuya licitación por 76 millones de euros consiguió Acciona en UTE con otras dos empresas (Servinabar entre ellas), no forma parte de las investigaciones judiciales. El compareciente ha evitado poner la mano en el fuego por la presidenta regional, su sobrina María Chivite, y su antecesor, Bernardo Ciriza.

La portavoz de UPN, María del Mar Caballero, le ha afeado que la mayor obra pública de Navarra se adjudicara a una empresa de Santos Cerdán, en referencia a que poseía acciones de unas de las empresas que conformaban la UTE elegida para la obra de Belate. Los investigadores le otorgan un rol de «cierta preeminencia» en la trama de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública. Óscar Chivite lo ha negado tras una breve intervención inicial en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado para asegurar que la licitación siguió «el proceso administrativo previsto en la normativa».

El consejero navarro, que ha reconocido que las obras tendrán una desviación al alza, se ha desvinculado de Cerdán. Ha explicado que lo conoció durante su época de concejal en Cintruénigo, aunque no tuvo mucho contacto. La relación se acrecentó cuando entró a formar parte del Gobierno que preside su sobrina. El compareciente ha reconocido que el ex secretario de Organización del PSOE participó al menos en dos reuniones porque era el responsable de mediar entre los distintos partidos. De hecho, ayudó a agilizar la subvención de 40 millones de euros para Belate, prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 y, por tanto, consignada antes de su nombramiento.

Polémica adjudicación

La portavoz del PP, Ana Beltrán, le ha preguntado los motivos por los que su sobrina le nombró consejero de Cohesión Territorial en agosto de 2023 y, por tanto, responsable de toda la obra pública en la región. Óscar Chivite ha respondido que lo hizo por su experiencia y conocimientos de gestión, algo que ha puesto en duda la senadora popular. Esta ha ligado su designación con su trabajo anterior en la mercantil Lauburu, donde uno de sus socios preferentes era Acciona. El compareciente ha asegurado que no recuerda cuándo tuvo lugar el último trabajo para la constructora bajo sospecha.

«Cerdán pidió su nombramiento por eso», ha denunciado Beltrán. Óscar Chivite ha relatado que de Acciona se reunía con alguien llamado Jaime, de quien no recordaba su apellido. Sin embargo, desconoce quién es Fernando Merino, jefe la compañía en Navarra que ha declarado como investigado recientemente en el Tribunal Supremo por el supuesto pago de dádivas a la trama a cambio de adjudicación de obra pública.

Beltrán también le ha reprochado que compatibilizara un mes el cargo de consejero con ser administrador único de Lauburu. Óscar Chivite ha reconocido que fuer sancionado por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. «La presidenta me pidió ser consejero una semana antes de la toma de posesión. Una empresa no puede quedar descabezada». El compareciente ha explicado que durante el tiempo que ocupó ambos puestos, prohibido por el régimen de incompatibilidades, se dedicó a solucionarlo.

La llegada de Óscar Chivite al Gobierno navarro tuvo lugar en plena licitación de la obra de los túneles de Belate. El veredicto tuvo lugar el 23 de agosto, cinco días después de su toma de posesión como consejero. La adjudicación tuvo lugar tres meses más tarde, con el compareciente asentado en el puesto. Este ha insistido que el proceso se gestó antes de que fuese nombrado y que conoció los votos particulares de la mesa de contratación y la «controversia» que suscitaron las quejas de algunos miembros a posteriori.

Irregularidades en Belate

Un escrito que lleva la firma del secretario de la mesa de contratación de las obras de Belate, Lorenzo Serena, repasa muchos de los interrogantes que generó esta adjudicación y su posterior investigación parlamentaria. El escrito deja constancia de que cinco de los ocho miembros reconocieron conocer de antemano quién se haría con la licitación. «Ese comentario no es de pasillo, ni un chisme», insistió.

Óscar Chivite ha defendido en el Senado que la Cámara de Comptos, el órgano fiscalizador de la región, analizó el proceso y lo avaló. «No me consta que existiera una adjudicación a dedo», aunque ha admitido que la mesa de contratación presentó tres votos particulares (de un total de ocho miembros) y un expediente de fiscalización con reparo no suspensivo. El consejero también ha defendido que se habilitara al presidente de la mesa de contratación, Jesús Polo. Debería haberse jubilado en 2021, pero el Gobierno navarro lo mantuvo a través de un resquicio legal. Una circunstancia con la que han sido muy críticas tanto Caballero como Beltrán.

El técnico fue acusado de repartir los puntos a los licitadores conociendo de antemano la puntuación que habían otorgado el resto de miembros del tribunal. La senadora de UPN le ha recriminado que haya un expediente en tramitación para modificar al alza el presupuesto de los túneles de Belate, que podría elevar su coste en otros 16 millones de euros. «Las obras tienen imprevistos», ha respondido el responsable de Obras Públicas en Navarra.

Acciona obtuvo la licitación en UTE con otras dos empresas, Fermín Osés y Servinabar, propiedad de Joseba Antxón Alonso Egurrola, el denominado socio de Cerdán, con el que suscribió un contrato privado para la venta del 45% de la constructora que investiga el Tribunal Supremo. El ex secretario de Organización del PSOE negó que fuese dueño de la compañía y lo explicó como un plan a futuro por si abandonaba la política.

Beltrán ha preguntado si comprobaron la solvencia económica de Servinabar. El compareciente ha señalado que ese trabajo correspondía a la mesa de contratación y que tenía la obligación de hacerlo. Sin embargo, la senadora del PP ha recriminado que el Gobierno navarro admitiera en la UTE a una empresa que incumplía sus obligaciones contables. La dirigente popular también le ha afeado la creación de la empresa pública Nafarbide con una asignación de 2.600 millones de euros. El consejero se ha excusado en que fue un mandato del Parlamento navarro porque la comunidad foral tiene competencias de carreteras.