España no tiene acuerdo de extradición con Japón, país al que se mudará David Sánchez

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha obtenido un visado para residir en Japón por reagrupamiento familiar, en un momento en el que afronta un juicio por presuntos delitos relacionados con su cargo en la Diputación de Badajoz. Fuentes judiciales y diplomáticas consultadas confirman que, aunque existe un acuerdo de asistencia mutua en materia penal entre la Unión Europea y Japón, no hay un tratado bilateral de extradición entre España y el país asiático, lo que podría complicar cualquier intento futuro de cooperación judicial en caso de que Sánchez decida establecerse definitivamente allí.

Según la documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el visado fue concedido el 28 de abril por las autoridades japonesas, coincidiendo con el auto de procesamiento emitido ese mismo día porque la juez Beatriz Biedma, del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. David Sánchez está acusado de cinco delitos, entre ellos malversación y prevaricación, derivados de su nombramiento en junio de 2017 como director de la Oficina de Captación de Inversiones de la Diputación. El juicio oral se abrió el 22 de mayo, y su defensa ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Badajoz. La magistrada no impuso medidas cautelares como la retirada del pasaporte, permitiendo así su libertad de movimientos, aunque debe comparecer ante la Justicia cuando sea requerido.

El visado, válido por un año, se basa en el hecho de que su esposa, Kaori Matsumoto —diplomática japonesa— y su hija residen en Wakayama, en la región de Kansai. Matsumoto, quien renunció recientemente a un puesto en Naciones Unidas en Madrid tras polémicas sobre su designación en una información adelantada por este medio, ya se encuentra en Japón, según fuentes cercanas. Si Sánchez no viaja antes de finales de julio, el visado caducaría, aunque se especula que podría estar a punto de hacerlo o ya haberlo hecho, sin confirmación oficial.

Sin acuerdo de extradición con Japón

Este movimiento ha generado debate en círculos políticos y judiciales. Acusaciones populares, como las representadas por Vox, han expresado preocupación por una posible “elusión de la Justicia”, solicitando investigaciones sobre si Sánchez busca obtener la nacionalidad japonesa para evitar el proceso. Juristas consultados señalan que los requisitos para la ciudadanía nipona son estrictos —al menos cinco años de residencia, reducibles en casos de matrimonio—, y que las posibilidades de evadir la acción judicial son mínimas. Sin embargo, destacan un vacío clave: la ausencia de un tratado de extradición entre España y Japón.

El acuerdo entre la Unión Europea y Japón sobre asistencia mutua en materia penal, firmado en 2010 y publicado en el Diario Oficial de la UE, facilita la cooperación en investigaciones penales, como el intercambio de testimonios, documentos o información confidencial. Este pacto, que cubre a todos los Estados miembros, incluida España, permite solicitudes de ayuda judicial a través de autoridades centrales —en el caso español, el Ministerio de Justicia o la Fiscalía General—. No obstante, el texto no contempla la extradición de personas, que requiere tratados específicos bilaterales o multilaterales. Japón mantiene acuerdos de extradición con países como Estados Unidos o Corea del Sur, pero no con España, lo que implica que cualquier petición de entrega dependería de la voluntad discrecional de las autoridades japonesas y de principios de reciprocidad internacional.

Desde el punto de vista político, el caso añade presión al Gobierno de coalición, en un contexto de escrutinio sobre posibles conflictos de interés familiares. Económicamente, Japón representa un socio clave para España, con inversiones mutuas en sectores como la automoción y la tecnología, por lo que este caso podría provocar un incidente diplomático que implicaría una posible tensión en las relaciones bilaterales.

Mientras tanto, el proceso en Badajoz avanza, con la juez pretendiendo sentar en el banquillo a otras figuras como Miguel Ángel Gallardo, presidente del PSOE en Extremadura. El desenlace judicial podría marcar un precedente en cómo se gestionan casos transfronterizos en ausencia de extradición formal.