Un juez imputa a Montoro por beneficiar a clientes de su despacho cuando era ministro
El extitular de Hacienda y su equipo habrían influido para aprobar leyes que beneficiaban a empresas gasísticas
Cristóbal Montero comparece en el Congreso por la 'Operación Cataluña' el pasado abril. | Ricardo Rubio (Europa Press)
Un juez de Tarragona imputa a Cristóbal Montoro. Le acusa de beneficiar a empresas gasísticas cuando era ministro de Hacienda en el Gobierno del Mariano Rajoy. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, le señala por liderar una «organización» que supuestamente traficaba con la modificación de leyes y reglamentos a cambio de beneficios económicos para los clientes del despacho Equipo Económico (EE), que fundó en 2006. También investiga a seis personas jurídicas y 26 físicas, entre ellas nueve altos cargos de su equipo. Les imputa siete delitos.
Rus acaba de levantar el secreto del sumario sobre una causa abierta desde hace siete años. Según ha avanzado La Vanguardia, en el epicentro de la trama se encuentra el despacho de abogados que creó Montoro tres años antes de convertirse de nuevo en ministro (ya lo había sido en una etapa anterior con José María Aznar). El juez describe que las empresas que buscaban una reforma legislativa se dirigían a EE, que entre 2011 y 2019 habría recibido pagos de 780.000 euros.
«Los informes técnicos encargados con la finalidad de argumentar sus pretensiones ante el poder público son elaborados por terceras instancias y, en el mejor de los casos, retocados por EE. A pesar de ello, las minutas del despacho investigado pueden multiplicar por diez lo cobrado por las consultoras que confeccionan los informes», subraya el auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
El equipo de Montoro
El escrito insiste en que estas empresas contrataron al despacho de Montoro (actualmente Global Afteli) «a fin de que hiciese uso de su red de influencias para que se llevasen a cabo reformas legislativas en consonancia con sus pretensiones». Las empresas, que también han sido imputadas como personas jurídicas, habían acudido con anterioridad a varias consultoras sin obtener resultados satisfactorios por la negativa de la Administración. Todo cambió cuando se encomendaron a EE.
El magistrado imputa a Montoro y al resto de imputados la presunta comisión de los delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Rus sostiene que el exministro «presuntamente hace uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio, lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho EE».
El juez insiste en que «el uso de tales potestades» habría permitido al bufete «ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público». Para ello, Montoro habría colocado en puestos clave del Ministerio de Hacienda a personas vinculadas con el despacho de abogados.
«Se ha constatado que el investigado [Montoro] ha nombrado entre sus altos cargos a personas estrechamente vinculadas al despacho EE, lo que aseguraría que la elaboración y tramitación de los textos de los anteproyectos de ley y proyecto de reglamentos se redactasen a demanda de las mercantiles investigadas, tras aceptar aquellas pagar por ello», insiste el auto.
Nueve ex altos cargos
Entre los miembros de su equipo en Hacienda imputados se encuentra su secretario de Estado, Miguel Ferré Navarrete; los subsecretarios Pilar Platero y Felipe Martínez Rico; el ex director de la Agencia Tributaria Santiago Menéndez; los ex directores generales de tributos Diego Martín-Abril y José Álberto García Varela; el ex subdirector de tributos locales Óscar del Amo; el ex asesor del Gabinete del ministro Rogelio Menéndez; y el que fuera director de gabinete, José María Buenaventura Zabala.
El Juzgado de Instrucción Número 22 de Madrid ya archivó en 2019 una causa contra el despacho de Montoro por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y falsificación de documento mercantil. El caso arrancó en 2017 a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por una adjudicación que le habría dado el Consejo Superior de la Cámara de Comercio. El exministro de Hacienda explicó que, cuando dejó EE, aún no se había contratado con ninguna Administración.