El exjefe de Inteligencia de Venezuela: «Maduro financia movimientos mundiales de izquierda»
El documento, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, fechado en septiembre de 2021, se dio bajo secreto de sumario
'El Pollo' Carvajal.
Hugo Carvajal, alias El Pollo, exresponsable de contrainteligencia en el régimen chavista, entregó en la Audiencia Nacional un informe confidencial que revela cómo, según él, «el financiamiento ilegal de movimientos de izquierda por el mundo sigue siendo una práctica común del Gobierno de Nicolás Maduro, la cual fue parte de su política exterior siendo canciller de Venezuela». El documento, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, fechado en septiembre de 2021, fue entregado bajo secreto de sumario.
El 20 de septiembre de 2021, Hugo Carvajal compareció ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, acompañado de su abogada, Dolores Argüelles. En la sala estaban presentes los magistrados Joaquín Gadea y Alejandro Abascal, junto con el fiscal jefe, Jesús Alonso. De forma paralela a su declaración, Carvajal presentó un informe reservado en el que denuncia un sistema de financiación internacional impulsado por el chavismo. Aseguró que esta maniobra no es nueva: ya se habría utilizado durante la etapa de Hugo Chávez, cuando Maduro ocupó la cartera de Exteriores, y se habría mantenido tras su ascenso al poder. Según el documento, los fondos se habrían canalizado a través de sistemas financieros ocultos, contratos entre empresas vinculadas al régimen y comisiones percibidas por intermediarios. Un entramado complejo que evadía el control judicial y fiscal, según el exespía.
Durante su declaración, Carvajal dedicó especial atención a dos figuras de peso en la política española: el partido Podemos y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque Carvajal no ofreció detalles concretos sobre cifras o canales en la sede judicial, indicó que había existido una relación continuada entre Venezuela y Podemos, implicando supuesta financiación. Dado que el informe se ha mantenido bajo secreto, no se conocen los medios exactos empleados.
Papel de Zapatero
La acusación más polémica gira en torno a Zapatero, a quien Carvajal responsabiliza de haber percibido acciones en empresas venezolanas como contraprestación por su respaldo político al régimen. Según la denuncia, estas acciones no se otorgaron directamente, sino a través de testaferros, y habrían generado ingresos millonarios al expresidente. La estructura utilizada buscaba evitar transferencias directas de dinero o métodos más evidentes, apostando por un modelo encubierto de «beneficio empresarial» derivado de participaciones ocultas. Además, Carvajal sostuvo que aquellos intermediarios encargados de interceder en la operación cobraban comisiones acordadas con el régimen, actuando como nexo informal entre La Moncloa y Caracas.
Estas revelaciones provocaron un gran interés por parte de los investigadores del caso Morodo, causa por la que fue condenado el exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Hasta ese momento, la Justicia española solo había conseguido acreditar que Morodo y su hijo, Alejo Morodo, desviaron cerca de 4,5 millones de euros mediante una red de consultoras ficticias. Sin embargo, no existían pruebas de que parte de ese dinero hubiera terminado en manos del expresidente del Gobierno, ni este había sido mencionado por el exdiplomático en ninguna declaración, lo que algunos investigadores interpretan como parte de un posible pacto de silencio.
La declaración de Carvajal también generó inquietud en el entorno de Rodríguez Zapatero. Tal y como publicó en exclusiva THE OBJECTIVE, el expresidente habría mostrado interés por conocer el contenido de la causa, clasificada como secreta, recurriendo para ello al entonces presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. Su intención, según la misma fuente, era averiguar si estaba siendo investigado en relación con sus vínculos y actividades empresariales en Venezuela.
Por su parte, el juez Alejandro Abascal, que instruía el caso Morodo, mostró un interés especial en que Carvajal entregase pruebas documentales que sustentaran sus acusaciones, más allá del informe confidencial que presentó en sede judicial. No obstante, esa colaboración nunca llegó a concretarse. El exgeneral chavista condicionó la entrega de esa documentación a la obtención de asilo político en España, lo cual le habría protegido de su extradición a Estados Unidos, país que lo reclamaba por delitos de narcotráfico y tráfico de armas. El Gobierno español, presidido por Pedro Sánchez, rechazó su solicitud de asilo. Carvajal fue finalmente extraditado a Estados Unidos, y las pruebas que aseguraba poseer nunca llegaron a manos de la Justicia española. La causa que podía haber implicado al expresidente Zapatero quedó archivada bajo secreto de sumario.
El último documento de ‘El Pollo’
Sin embargo, antes de abandonar España, Carvajal entregó un último documento al exviceministro venezolano Javier Alvarado Ochoa. En él se señala un vínculo directo entre Rodríguez Zapatero y la empresa española Duro Felguera, en el marco de acuerdos bilaterales con el régimen de Hugo Chávez.
El documento, con fecha del 25 de febrero de 2010 y dirigido directamente al entonces presidente venezolano, detalla que la contratación de Duro Felguera para la ejecución de proyectos de infraestructura se llevó a cabo tras negociaciones directas entre el entonces ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, y José Luis Rodríguez Zapatero. Según el texto, al que tuvo acceso en exclusiva THE OBJECTIVE, el acuerdo formaba parte de una estrategia para «blindar las relaciones bilaterales entre ambos gobiernos».
Este tipo de pactos entre Estados son habituales en el terreno de la cooperación internacional. Sin embargo, en este caso, lo relevante es que dicho acuerdo se convirtió en objeto de análisis judicial. El juez Ismael Moreno, que instruye una causa paralela, detectó indicios delictivos en los pagos recibidos por Duro Felguera, concretamente en lo que podría constituir un esquema de mordidas por parte de la empresa asturiana a la estatal venezolana PDVSA. En la actualidad, el juez instructor ha determinado que existen indicios delictivos y ha enviado a juicio a los investigados.